Barbagelata resolvió que la causa contratos siga en la provincia

26/07/2021

La jueza de Garantías rechazó la inhibitoria que había planteado la justicia federal, ratificando la procedencia del fuero ordinario y la competencia de los tribunales de la justicia de Entre Ríos en la causa donde se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura provincial.

De la Redacción de Página Judicial

El inicio de la actividad tribunalicia tras la feria tuvo una noticia inquietante para el círculo rojo: la jueza de garantías Marina Barbagelata resolvió que la causa que se conoce como contratos truchos siga tramitando en la jurisdicción provincial.

Su fallo se dio a conocer luego de la maniobra política de fórum shopping revelada por Página Judicial, en la que Miguel Ángel Pichetto, del frente Juntos por el Cambio, y Leopoldo Moreau, por el Frente de Todos, operaron para correr al juez federal con competencia electoral Leandro Ríos y que la causa recayera en Daniel Alonso, quien en un fallo para la historia sostuvo que el desfalco de más de 1.100 millones de pesos en el período 2008-2018 en la Legislatura debería investigarse como un delito electoral.

La disputa por la competencia había surgido a partir de una presentación efectuada por abogados defensores de algunos imputados bajo el argumento de que el dinero sustraído de la Legislatura había sido utilizado para financiar campañas electorales.

La jueza Barbagelata aseguró que, “sin lugar a dudas”, la causa donde se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura de Entre Ríos entre los años 2008 y 2018 debía continuar tramitando en la justicia provincial.

En principio, dice que los delitos fueron cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado provincial, y que una parte del dinero quedaba en poder de la organización –los contratados recibían una porción ínfima de lo que figuraba en los contratos– y se utilizó para el desarrollo de actividades agropecuarias mediante la compra y venta de ganado, a la compra de inmuebles y al desarrollo inmobiliario mediante la construcción de edificios.

Pero el argumento principal que plantea la jueza en su resolución es que “ninguno de los imputados tiene la calidad de sujeto activo de la mayoría de las infracciones administrativas previstas” en la ley de financiamiento de los partidos políticos, es decir, no se trata de autoridades partidarias, responsables de una campaña electoral, candidato ni precandidato. Este punto, sin embargo, está directamente relacionado con la decisión del Ministerio Público Fiscal de recortar la investigación y circunscribirla, según han dicho, en una primera etapa, a los eslabones más bajos de la organización y no avanzar en las responsabilidades que podrían tener las autoridades legislativas, diputados y senadores.

Lo cierto es que la magistrada insiste en que en el requerimiento de elevación de la causa a juicio “no surge que (el dinero) se hubiera derivado a la actividad político-partidaria”, lo que ameritaría la intervención de la justicia federal. Dice incluso que “no es el destino de los fondos lo que fija la competencia” sino que el juez electoral podría intervenir “exclusivamente (…) cuando durante el trámite de un proceso de control patrimonial del financiamiento de partidos políticos y campañas electorales” surgiera un delito relacionado con el origen de los fondos cuyo control de legalidad se estuviera auditando.

En ese sentido, la magistrada sostiene que el planteo de los defensores ya había sido rechazado por el juez federal Leandro Ríos en 2018 y no fue apelado. Pero que dos años después se insistió en ello a partir de un hecho nuevo consistente en la aparición anónima de una caja que un desconocido dejó en la puerta del estudio del abogado Milton Urrutia en la que había, entre otros elementos, “anotaciones manuales, donde se habría llevado una especie de rendición de aportes y destino de los mismos” con diferentes nombres de personas que retirarían el dinero a los fines de hacer frente a gastos de campañas políticas.

“El juez federal reclama la competencia federal electoral no porque haya sospecha concreta del origen de fondos que están siendo auditados en un específico proceso de control en trámite, sino porque ciertos imputados de sustraer ingentes sumas de dinero del patrimonio entrerriano afirman (…) que todo ese dinero, que niegan haber sustraído, si se sustrajo, se destinó a campañas políticas, y que esto se prueba con lo que uno de ellos anotó en 16 planillas de documentación que aparecieron en la calle”, dice la jueza Barbagelata, entre crítica e irónica con el juez federal, a quien en otro párrafo manda a leer el auto de remisión de la causa a juicio que se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial.

El párrafo siguiente es más duro todavía: el juez Alonso “afirma que son de competencia federal imprecisas cuestiones porque comprometen severamente (difícil saberlo si no se sabe cuáles cuestiones son) la financiación de los partidos políticos en su intervención en diversas campañas. ¿La intervención de quién? ¿De los imputados en la causa Beckman o de los partidos políticos o de sus autoridades? E inmediatamente comienza a hablar de hechos, sin decir a qué hechos se refiere, si al financiamiento, si a los delitos que originaron los fondos para el financiamiento, si a la intervención de los partidos o de los imputados en las campañas, hechos sobre los que afirma que no desaparecen con la aprobación administrativa por parte de la Justicia Electoral ‘en los supuestos de eventuales delitos’. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que aunque tuviera aprobación administrativa por parte de la Justicia Electoral la financiación de los partidos políticos o las campañas electorales (sin precisión ni de partidos ni de campañas) ello no hace desaparecer los eventuales delitos? ¿Qué delitos? ¿Los de financiación de partidos políticos, los de financiación de campañas electorales, los que permitieron hacerse de fondos para dichos financiamientos?”.

El futuro es incierto, aunque hay algunos indicios de cómo puede continuar la causa. Una vez que Alonso reciba la resolución de Barbagelata podría dar marcha atrás y reconocer la competencia de la justicia provincial o insistir en que la causa debe pasar a la justicia federal. Si ocurriera esto último, el conflicto debería ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, los fiscales Patria Yedro e Ignacio Aramberry adelantaron que seguirán adelante y pedirán la elevación de la causa a juicio, e incluso el debate podría concretarse aún sin una resolución del máximo tribunal sobre la competencia.

Hace unos días, Página Judicial reveló una ampliación indagatoria que hizo Sergio Cardoso, ex director administrativo de la Cámara de Diputados, un imputado clave que el 28 de mayo, dos días antes de que los fiscales solicitaran la elevación de la causa juicio, aportó datos delicados y de relevancia. “Los que tenían la potestad absoluta y elegían a quienes contrataban y a quienes no, eran los diputados”, dijo el imputado. Pero no fue tenido en cuenta. Ratificó la existencia de un acta sobre la inexistencia de documentos sobre lo que había ocurrido en el período 2007-2011 en la Cámara de Diputados, tampoco tenida en cuenta. Esa información pudo haber alargado el listado de imputados.