Un bochorno en la causa contratos

22/07/2021

“Los que tenían la potestad absoluta y elegían a quienes contrataban y a quienes no, eran los diputados”, dijo un imputado clave antes de que se pida la elevación a juicio. Pero no fue tenido en cuenta. Se ratifica la existencia de un acta, tampoco tenida en cuenta.

Federico Malvasio
De la Redacción  de Página Judicial

 

La causa sobre los contratos truchos en la Legislatura durante el período 2008-2018 escondió un escándalo. Se trata, en rigor, de una ampliación indagatoria que hizo un imputado clave en la que aporta información suficiente para seguir investigando, cosa que no ocurrió. El momento en que se da esa declaración duplica las sospechas de siempre en torno a maniobras del Ministerio Público Fiscal para hacer un recorte y dejar afuera a los sospechosos de arriba, es decir, a quienes tenían las responsabilidades políticas de las contrataciones y ejecuciones de los presupuestos en ambas cámaras.

El que habla es Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados. Lo hizo el viernes 28 de mayo. El martes 1 de junio los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry cerraron la causa y solicitaron la elevación a juicio. Si se invita a pensar mal, podría sospecharse que ante la información aportada por Cardoso el legajo se estaba prendiendo fuego y era necesario terminar con todo cuanto antes.

Dijo Cardoso esa mañana: “He decidido ampliar mi declaración indagatoria en base a nuevos hechos que han surgido en la causa, como declaraciones periodísticas que se han incorporado como pruebas. Hubo declaraciones hechas en Fiscalía por los diputados (Juan) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón, (Leticia) Angerosa, (Gustavo) Osuna y (Daniel) Ruberto, quienes han manifestado que firmaron contratos de obra en la Cámara de Diputados a solicitud mía diciendo que yo les manifesté que había una directiva del Tribunal de Cuentas. Eso es falso. Nunca le dije a algún diputado que firmara algún contrato y nunca existió ninguna directiva del Tribunal de Cuentas. Señores fiscales, eso lo pueden investigar pidiendo un informe al Tribunal de Cuentas para que se expida diciendo si hubo o no una directiva en esa época sobre la firma de contratos. Cada diputado decidía a qué persona contratar, a qué persona no contratar, decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban”.

La responsabilidad política de los legisladores sobre a quienes se contrataba es un elemento que Página Judicial contó en varias oportunidades. En el Senado, el proceso de contratación lo explicó Andrea Zoff ante los fiscales. La presidenta del Concejo Deliberante de Paraná se desempeñaba en el área administrativa del Senado cuando lo presidía Adán Bahl. En sede judicial brindó una explicación casi académica de cómo es el procedimiento de contratación. Está a la vista que al Ministerio Público Fiscal no le pareció interesante. Algo similar sucedió cuando los abogados de Alfredo Bilbao, otro de los imputados, ofreció información delicada e incontrastable y desde la Fiscalía quedaron en llamarlos si hacía falta. Los celulares de los defensores nunca sonaron. Esos y otros elementos que se han ido narrando durante los últimos dos años son los que están siendo revisados en el back up de Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes presentarían un segundo jury contra Cecilia Goyeneche, que coordinó buena parte de la pesquisa teniendo a un socio comercial en la carpeta de los imputados aunque a salvo de la prisión preventiva que recayó sobre los demás que estaban en la misma condición.

Sigue Cardoso: “Cuando asumo en el año 2011 como director de Administración (de la Cámara de Diputados) le solicito al director saliente, Abel Benedetti, librar el acta correspondiente de traspaso. Esa acta salió publicada en un medio hace poco tiempo. Ahí quedaba reflejado el saldo bancario de la única cuenta que tenía la Cámara de Diputados, los cheques pendientes de cobro, un arqueo de caja, los cheques existentes. Cuando nos dirigimos a los archivos correspondientes al área de contratos de obra estaban vacíos. No había ninguna documentación de ese período que finalizaba. Esa acta debería encontrarse en la administración de la Cámara de Diputados”.

El acta, que refiere al período 2007-2011 en la Cámara de Diputados cuando estuvo presidida por Jorge Busti y cuyo período no alcanzó la investigación sin ninguna explicación, fue publicada por este medio. Una publicación puede ser un chisme o no necesariamente tiene que ser tomada por el Ministerio Público Fiscal. Pero en este caso es un imputado que ocupaba un lugar estratégico en el ámbito donde se produjeron los delitos investigados quien está aportando la información. Aquí la nota.

“Todos los contratos eran iguales, con el mismo modelo. Se regían con la mima normativa. Los que tenían la potestad absoluta y elegían a las personas a quienes contrataban y a quienes no, eran los diputados”, insistió Cardoso.

Este aporte fue realizado el 28 de mayo, tres días antes de que se cierre la causa que hoy está en un limbo tras el mamarracho del juez federal Daniel Alonso. Mamarracho, también, que en la jefatura de la Procuración General deberían agradecer.

En el seno de la investigación están quienes dicen que la pesquisa se cerró porque era imposible juzgar en el marco de una mega causa. Entonces, mejor, hacer un recorte y empezar con algo de una buena vez. El comienzo, como se sabe, empezó por abajo. Y quedó abajo.

Porque lo de arriba no se juzga. Se negocia.