La pericia no alcanzó y apareció el acta

13/04/2021

No se pudo determinar el monto de dinero que se habría sustraído del Estado, pero según las estimaciones de la propio perito sería la mitad de lo que decía el Ministerio Público Fiscal. La supresión de un período legislativo en la investigación, el otro papelón.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura tiene movimientos subterráneos que parecen ser impredecibles. Se activaron algunos resortes de la defensa que, en definitiva, les conviene a todos. Esto es dejar que el tiempo corra y que la segunda ola exija que todos se queden en sus casas. Incluso los fiscales.

Se conoció la pericia luego de una catarata de prórrogas. La misma no fijó una cifra del  desfalco en las cámaras durante el período 2008-2018. A quienes difundimos todos estos años que se trataba de una sustracción de unos dos mil millones de pesos, según el Ministerio Público Fiscal, deberemos reemplazarlo por un estimativo a 472 millones históricos que, a valor de hoy serían unos mil millones. La mitad.

La perito oficial Andrea Marina Battisti, en su trabajo al que tuvo acceso Página Judicial, llegó a ese número luego de analizar documental secuestrada y elementos informáticos. Lo que hizo fue, básicamente, una suma aritmética de los contratos que tuvo a su disposición.

“Para poder determinar lo requerido, consistente en el monto individual de dinero aplicado al pago de contratos de obra relacionados a cada una de las personas identificadas en el anexo, analizamos en primer lugar la modalidad de contratación, para ello, examinamos el contenido de cada uno de los contratos disponibles, obteniendo información referida al contratante, al contratado, monto total del contrato, plazos de pago. Seguidamente, a efectos de corroborar que los mismos hayan sido abonados, analizamos los recibos y/o facturas respaldatorias, para cerrar el circuito corroboramos la existencia de un medio de pago analizando los correspondientes cheques o transferencias bancarias”, explicó Battisti.

Y agregó: “Luego del minucioso análisis de toda la documental disponible, podemos concluir que la misma es insuficiente, por ello no nos resulta factible determinar el monto fehacientemente aplicado al pago de los contratos del anexo, por no contar con la totalidad de la documentación respaldatoria del circuito señalado”.

Si bien no se pudo especificar el daño al Estado durante una década provocado en las cámaras de diputados y senadores, es interesante lo que pueda surgir del pedido que hizo el abogado Miguel Cullen con la solicitud de los expedientes de cada uno de los contratos durante el período que va desde 2008 hasta el 17 de marzo de 2021. Con esa información, cree el defensor del imputado y ex director contable del Senado Gustavo Pérez, tendrá un detalle de las manos por las que pasó cada uno de los pedidos de contratos. En resumen: Cullen quiere saber quiénes eran los interesados en que se contratara a una persona. Es la superación de la eterna pantomima que recae en las nóminas de contratados, como si ahí estuviera el problema.

Pérez hacía el contrato, pero antes había un pedido y una autorización (con firma) que debía encuadrarse en las resoluciones que exigía el presupuesto al momento de hacer el gasto. Es decir, nombres. En términos jurídicos, responsables. ¿Por qué el pedido se extiende hasta la actualidad? No se sabe. Posiblemente para trazar un comparativo.

No era mito

La investigación que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry refiere al período 2008-2018, pero con algunos detalles.

El 20 de noviembre de 2018, a pocos días de que este medio revelara el escándalo, comenzó a circular un rumor inquietante en torno a los períodos de investigación.

El 3 de octubre de 2018 ingresó a la Legislatura, a las dos cámaras, una requisitoria para conocer todas las contrataciones realizadas de forma retroactiva a 2008. El oficio 1309 llevaba las firmas de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y los fiscales Yedro y Aramberry. Allí se solicitaba de forma inmediata la siguiente información: contratos de obra o servicios originales, gestados entre los años 2008 y 2018.

Las cámaras la rechazaron con argumentos similares y exigieron precisión en el pedido. El Ministerio Público Fiscal reformuló la requisitoria y la presentó el día 13 de noviembre. Pidió por la situación sólo de las personas cuyos contratos estaban bajo sospecha. Pero en el caso de Diputados durante “el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2011 a la fecha”.

Si se compara las dos requisitorias se advierte que en la segunda se hace un recorte en la Cámara baja excluyendo el período en que fue presidida por Jorge Busti. ¿Por qué? En la Procuración General no hubo respuesta ante la inquietud.

Enseguida comenzó a correr la información sobre la existencia de un acta que estaba guardada bajo siete llaves. El documento, que resultaba inaccesible, según contaron diputados de diferentes extracciones con alarmante coincidencia, aludía a que no había ningún papel que respaldara los gastos que se hicieron en el período 2007-2011 y que los fiscales decidieron suprimir de la investigación. Ese documento fue plasmado el 12 de diciembre de 2011, en presencia de los directores administrativos de la Cámara de Diputados, saliente y entrante: Abel María Benedetti y Sergio Cardozo.

Cuando Página Judicial publicó esa información, fue desmentida inmediatamente en la misma prensa. Y el Ministerio Público Fiscal no se interesó por saber si el acta existía o no. En rigor, no se interesó por conocer si se hizo desaparecer documentos públicos. A continuación este medio publica el acta que da cuenta de que no hay registro absolutamente de nada del período 2008-2011 en Diputados.

El acta completa