El Gobierno defiende la competencia provincial

12/07/2021

La presentación  que se hizo desde el Ejecutivo ratifica la postura: la defraudación fue al erario público entrerriano. Pichetto no estaba solo, la siguió un radical K.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El gobierno provincial defiende la competencia provincial en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura. Así lo dejó expresado el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en la presentación que hizo ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta.

“Resulta imperioso dejar claramente sentada nuestra posición, la cual se encuentra basada en el entendimiento de que el presente proceso deberá continuar su tramitación por ante el fuero provincial en el que está tramitando la causa desde su origen. Ello, encuentra su fundamento principalmente en que, el objeto procesal del legajo penal en curso consiste en la investigación de conductas presuntamente configurativas de delitos contra la administración pública provincial”, dice la presentación. Y advierte que “la imputación enrostrada a los encartados (…) trata sobre la hipótesis de la existencia de una presunta organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores de la provincia”, por lo tanto “con tales conductas, se estaría perjudicando el patrimonio público del Estado provincial, cuya defensa constitucional está puesta en cabeza de ésta Fiscalía de Estado”.

El Ejecutivo, en resumen, entiende que las defraudaciones imputadas fueron en perjuicio del patrimonio entrerriano.

La causa quedó en el limbo cuando el 9 de junio pasado el juez federal de Paraná,  Daniel Alonso, hizo lugar a lo planteado por un grupo de defensores y decretó que la justicia provincial debe inhibirse de seguir interviniendo en el legajo.

Los abogados Emilio Fouces, José Velázquez, Miguel Ángel Cullen, Damián Petenatti e Iván Vernengo argumentaron que la sustracción de 1.111.871.715 (mil cien millones de pesos) a través de contratos truchos durante el período 2008 – 2018 tenía como objetivo el financiamiento de campañas electorales de las agrupaciones políticas que participaron en comicios celebrados en Entre Ríos.

Alonso falló de manera contraria a como lo había hecho en 2018 el juez Leandro Ríos, a quien luego la Cámara Nacional Electoral apartó. En esa operación de corrimientos y forum shopping para que sea Alonso el receptor de la causa– como lo reveló Página Judicial – no sólo estuvo el ex senador peronista y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto. Según reconstruyó este sitio, la maniobra también contó con participación estelar del diputado radical del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, un exponente del Instituto Patria, y a quien le adjudican todos los laureles de la operación.

Lo cierto es que el devenir de las 540 páginas de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry donde se plasmó la investigación quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que implica un proceso que puede llegar a llevar dos años.

Los imputados en la causa son 32, entre ellos se encuentran  Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera). Todos estos pasaron una temporada por la Unidad Penal de Paraná en el 2018, hasta que el 24 de diciembre de ese mismo año primaron los derechos humanos y la prisión pasó a ser una excepcionalidad que debe cumplir la existencia de causales concretas.

Los otros imputados, vip, sobre quienes no recayó la prisión preventiva en todo el proceso fueron Juan Domingo Orabona y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantes del otro estudio contable). Los dos últimos, compañeros de buffet de Sebastián Orlando, esposo de la procuradora adjunta y coordinadora de la causa, que tuvo después de meses y con la investigación  ya muy avanzada, debió excusarse.