La Corte Suprema resolvió la competencia en la causa de los contratos truchos

23/02/2024

Los ministros ya resolvieron sobre la cuestión de competencia en la causa por corrupción a través de contrataciones irregulares en la Legislatura de Entre Ríos. Las partes no han sido notificadas, pero el dato se filtró y es inminente la oficialización.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya resolvieron sobre la cuestión de competencia en el expediente sobre la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura.

Si bien no se conocen los votos de Horacio Rosatti, Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desde el Palacio de Justicia con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron saber a los interesados que es inminente la comunicación y que la causa tramitará en la justicia provincial, según reconstruyó Página Judicial.

Esto significa que para la Corte Suprema la competencia corresponde a la jurisdicción provincial. En resumen: el juicio se llevará adelante en Paraná, tal como lo resolvió oportunamente la jueza de garantías Marina Barbagelata.

El expediente está desde el 15 de febrero en la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo del máximo tribunal, luego de haber pasado por las áreas de Jurisprudencia y Sector Coherencia. El paso por esta última oficina indica que los ministros fundamentaron sus votos.

El caso fue revelado por Página Judicial el 3 de octubre de 2018, cuando el fiscal Ignacio Aramberry dispuso el allanamiento de los estudios contables que trabajaban para la Legislatura, luego de que el 20 de septiembre la Policía interceptara en un cajero automático a una mujer con varias tarjetas de débito.

A partir de allí se inició una investigación que llegó hasta el año 2008. Cuando la política entrerriana –especialmente el peronismo, aunque con un silencio absoluto de la oposición– parecía estallar por los aires, llegaron las bondades del Poder Judicial. El último salvavidas del sistema. La investigación dejó afuera a todos quienes habían sido los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados entre 2008 y 2018, responsables en última instancia de los contratos que se realizaron en los ámbitos legislativos y que tienen su propio presupuesto y áreas contables.

Esta verdad fue explicada en detalles por un imputado clave: Sergio Cardozo. El ex director administrativo de la Cámara de Diputados declaró antes de que se dispusiera la remisión de la causa a juicio. Dijo que “cada diputado decidía a qué persona contratar, a qué persona no contratar; decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban”. Pues bien, no hay un solo legislador imputado.

El expediente (en Entre Ríos se denomina legajo) llegó a la Corte Suprema luego de una fenomenal maniobra política de fórum shopping dada a conocer por este sitio, en la que Miguel Ángel Pichetto, entonces del frente Juntos por el Cambio; y Leopoldo Moreau, por el Frente de Todos, operaron para correr al juez federal con competencia electoral Leandro Ríos y que la causa quedara en manos del otro juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien en un fallo para la historia sostuvo que el desfalco de más de 1.100 millones de pesos en el período 2008-2018 en la Legislatura debía ser investigado como un delito electoral. Ello dio lugar a un conflicto de competencia que suspendió la elevación a juicio de la causa contra 32 personas, entre tarjeteros, profesionales de los estudios contables donde se fraguaban las contrataciones, profesionales, auditores de los organismos de control y los jefes de las áreas contables de ambas cámaras legislativas, tal como pidieron los fiscales.

Las partes que intervienen en esta causa, obviamente, no han sido notificadas de la resolución adoptada por la Corte Suprema, pero todos tienen la información de que la decisión es la que aquí se ha contado.