Citarán a indagatoria a los policías que mataron a Gabriel Gusmán

29/06/2022

La jueza Elisa Zilli dio un plazo a los abogados querellantes para que definan la imputación y luego fijará fecha para que los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina sean citados a prestar declaración de imputado. En la causa no interviene el Ministerio Público Fiscal, que declinó hacerlo por considerar que no había delito que investigar.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Es extraño asistir a un proceso penal sin un fiscal ejerciendo el rol de acusador.

El Ministerio Público Fiscal desistió de investigar el crimen de Gabriel Gusmán y los abogados querellantes, que representan a la familia del joven, decidieron hacerlo por su cuenta, en forma autónoma, con el control de un Juez de Garantías.

Ahora, los abogados José Iparraguirre y Ana Lucía Tejera, representantes de la familia de Gusmán, tendrán quince días para determinar el hecho, formular la imputación y luego se fijará fecha para que los policías Diego Sebastián Ibalo y Oscar Rodrigo Molina declaren como imputados por el homicidio del joven. Deberán establecer en forma clara, precisa y detallada las circunstancias en que se produjo el hecho y determinar los roles de cada uno, para que puedan ejercer su defensa.

Los querellantes acusarán a Molina e Ibalo por el delito de homicidio agravado por su condición de funcionarios públicos, por alevosía y por el uso de arma de fuego, que prevé como única pena posible la prisión perpetua, de acuerdo a lo que manifestaron este miércoles en una audiencia ante la jueza de garantías Elisa Zilli.

En tanto, los defensores Miguel Cullen y Daniel Rosatelli adelantaron que si la causa avanza hasta una instancia de juicio oral pedirán que los policías sean juzgados por un jurado popular, a pesar de que la ley no estaba vigente en la provincia cuando ocurrió el hecho.

Gatillo fácil

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018. Tenía 19 años. Alrededor del mediodía, la Policía intervino a raíz de una pelea entre vecinos del barrio Capibá, en la zona sur de la ciudad de Paraná. Molina e Ibalo arribaron a bordo de un patrullero, con las sirenas encendidas, e inmediatamente los grupos se dispersaron. Gusmán también lo hizo. Los testigos coinciden en que estaba armado y que huyó corriendo por un descampado hasta meterse en un terreno baldío.

Los testimonios recogidos durante la investigación penal preparatoria distinguen el enfrentamiento entre las dos bandas antagónicas de la persecución policial posterior; y no pocos testigos dijeron haber visto a Gabriel Gusmán detenerse, levantar las manos y llevarlas a la cabeza en señal inequívoca de rendición.

Dos de ellos cuentan que en ese momento, el policía al que describen como “el más bajito y morocho”, que sería Molina, se bajó del patrullero, corrió, se afirmó sobre un poste ubicado en el lado izquierdo del terreno, apoyó una rodilla en el piso como en posición de tiro, sostuvo la pistola con firmeza, apuntó y disparó.

Para los querellantes, es un caso de gatillo fácil.

Sin embargo, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano desestimaron esos testimonios y dieron credibilidad a quienes sostienen que en su huida Gusmán efectuó disparos contra el móvil policial y desoyó la voz de alto. Tres tiros, dijo una testigo; cuatro, cinco y hasta seis, dijeron otros; algunos dicen que corría hacia atrás, apuntando y disparando contra los policías que lo perseguían; y uno llegó a decir que el joven iba recargando el arma mientras corría. Hasta que llegaron al baldío, donde recibió la voz de alto, pero en lugar de detenerse apuntó contra los policías, que dispararon ante el riesgo inminente de que el joven lo hiciera primero.

Con esos elementos, dispusieron un archivo provisorio de la investigación y exculparon a Molina y Ibalo bajo el argumento de que no habían encontrado elementos que probasen que los policías habían actuado por fuera de la ley.

Los querellantes como acusadores

La audiencia de este miércoles se anticipaba intensa. Los querellantes habían solicitado la remisión de la causa a juicio; mientras los defensores advertían que los policías no habían prestado declaración y ni siquiera estaban imputados.

En la causa, la jueza Zilli hizo lugar a la pretensión de los querellantes de convertir la acción pública en privada y continuar con la acusación en forma autónoma, es decir, sin intervención del Ministerio Público Fiscal; y los abogados Iparraguirre y Tejera solicitaron una audiencia preliminar para ofrecer la prueba y remitir la causa a juicio.

Pero los defensores se opusieron. Rosatelli señaló que “el derecho de defensa es un componente esencial en el debido proceso” y agregó: “Para que alguien pueda defenderse debe existir algo de qué defenderse. Se les tuvo que haber atribuido un hecho, ponerlos en conocimiento de la evidencia del expediente, cuestión que no ha ocurrido en la presente investigación. Son recaudos del orden constitucional y procesal. Es imposible hacer una defensa técnica y material desconociendo cuáles son los hechos que se les atribuyen a Molina e Íbalo”.

En el mismo sentido, Cullen sostuvo que “sería un caso inédito llevar a juicio a un imputado al que no se le ha dado el derecho a ser oído”.

Iparraguirre resaltó que la conversión de la acción pública en privada constituye “un procedimiento especial”, admitió el defecto de que los imputados no hayan sido indagados y señaló que la idea de los querellantes era “que se les tomara declaración indagatoria en esta audiencia”, pero los policías no estaban presentes. “Qué mayor garantía podrían tener”, agregó el letrado. “De esa forma se podrían subsanar los planteos nulificantes y llegar a debate”, insistió. Ante esa situación es que solicitó a la jueza Zilli que fijara día, hora y lugar, preferentemente en tribunales, para que Molina e Ibalo declaren como imputados por el homicidio de Gabriel Gusmán.

La jueza entonces admitió la necesidad de “subsanar” la omisión de que los imputados hayan sido formalmente imputados y que pudieran prestar declaración. Los querellantes tendrán quince días hábiles para adecuar el hecho y luego se fijará fecha para la indagatoria. Eso ocurrirá después de la feria judicial.