La querella investigará por su cuenta el crimen de Gabriel Gusmán

22/12/2021

La Cámara de Casación Penal de Paraná hizo lugar al pedido de la familia de Gabriel Gusmán, el joven asesinado en un caso de gatillo fácil, y los habilitó a que asuman la acusación en forma autónoma, ante la decisión del Ministerio Público Fiscal de archivar el caso. Se abre un proceso inédito en la provincia de Entre Ríos.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Un proceso inédito se abre en la justicia provincial: la Cámara de Casación Penal de Paraná habilitó a los abogados que representan a la familia de Gabriel Gusmán, el joven asesinado por una bala policial, a que investiguen las circunstancias en que se produjo el crimen sin la intervención del Ministerio Público Fiscal.

La decisión del tribunal integrado por Marcela Davite, Hugo Perotti y María del Luján Giorgio abre la posibilidad de convertir la acción pública en privada y permite que la querella particular continúe con la investigación en forma autónoma, a raíz de la decisión del Ministerio Público Fiscal de archivar la causa.

En principio, esta decisión supone que los abogados José Iparraguirre y Lucía Tejera, que representan a la familia de Gabriel Gusmán, tendrán una función similar a la que cumplen los fiscales en una investigación penal preparatoria, aunque con algunas limitaciones, y el proceso tendrá el control de un Juez de Garantías.

Gabriel Gusmán fue asesinado el 25 de septiembre de 2018. Tenía 19 años. Alrededor del mediodía, la Policía intervino a raíz de una pelea entre vecinos del barrio Capibá, en la zona sur de la ciudad de Paraná. Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo arribaron a bordo de un patrullero, con las sirenas encendidas, e inmediatamente los grupos se dispersaron. Gusmán también lo hizo. Los testigos coinciden en que estaba armado y que huyó corriendo por un descampado hasta meterse en un terreno baldío.

Los testimonios recogidos durante la investigación penal preparatoria distinguen el enfrentamiento entre las dos bandas antagónicas de la persecución policial posterior; y no pocos vieron a Gabriel Gusmán detenerse, levantar las manos y llevarlas a la cabeza en señal inequívoca de rendición.

Dos de ellos cuentan que en ese momento, el policía al que describen como “el más bajito y morocho”, que sería Molina, se bajó del patrullero, corrió, se afirmó sobre un poste ubicado en el lado izquierdo del terreno, apoyó una rodilla en el piso como en posición de tiro, sostuvo la pistola con firmeza, apuntó y disparó.

Sin embargo, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano desestimaron esos testimonios y dieron credibilidad a quienes sostienen que en su huida Gusmán efectuó disparos contra el móvil policial y desoyó la voz de alto. Tres tiros, dijo una testigo; cuatro, cinco y hasta seis, dijeron otros; algunos dicen que corría hacia atrás, apuntando y disparando contra los policías que lo perseguían; y uno llegó a decir que el joven iba recargando el arma mientras corría. Hasta que llegaron al baldío, donde Gusmán recibió la voz de alto, pero en lugar de detenerse apuntó contra los policías, que dispararon ante el riesgo inminente de que el joven lo hiciera primero.

Los policías nunca declararon en la causa y, tres años después del hecho, los fiscales dispusieron el archivo provisorio de la causa –una especie de limbo que no significa la desestimación del caso por considerar que no constituía delito, pero tampoco la prosecución de la investigación– y la medida fue confirmada por el procurador Jorge Amílcar Luciano García.

En su alegato ante el tribunal de casación, el procurador insistió en que el archivo de la causa es provisorio y que “con las pruebas que hay en este momento no es posible llevar a juicio una acusación seria con posibilidad de condena” (sic). Sin embargo, en su exposición dejó en claro que, a su criterio, no se trató de un caso de gatillo fácil sino que los policías actuaron en un acto de legítima defensa.

García incluso hizo hincapié en el contexto conflictivo reinante en el barrio Capibá: “El fiscal Badano esquivó balas cuando fueron con la Policía después del hecho. No es un lugar donde podamos analizar en abstracto la posición, era un caos conflictivo de balaceras y donde el 911 registra llamadas de víctimas que dicen que Gusmán disparaba. Ellos concurren para frenar el conflicto, para hacer valer la justicia ante delitos en curso, y esto no se tiene en cuenta (…) El obrar de Gusmán en todo momento fue ilícito, no solo se trató de una portación, sino que disparó contra personas; y esta actividad ilícita continuó aún con la llegada de la Policía”.

Ahora, el tribunal de casación abre la posibilidad de la causa continúe pero en manos de los representantes de la familia y sin la intervención del Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, los jueces de casación señalaron que “impedirle a la víctima que haga uso de su derecho a convertir la acción pública en privada, ante una resolución de archivo como la que en estas actuaciones se dispuso, implicaría colocarla en una situación de incertidumbre y desventaja”.

No obstante, el tribunal dejó en claro que los querellantes no oficiarán como fiscales “porque de ningún modo se trasladan a la querella las atribuciones coercitivas y ejecutivas propias” del Ministerio Público Fiscal, es decir, no podrán ordenar detenciones o dirigir a la Policía o a la Gendarmería en la investigación, por ejemplo. Ese rol queda reservado para el Juez de Garantías. “La actuación de la querella –aunque regida por el deber que le incumbe a las partes de actuar con lealtad, probidad y buena fe evitando incurrir en conductas que importen un abuso del derecho procesal– sigue siendo en defensa de su propio interés”, aclaró el tribunal.

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