Crónicas de una provincia securitizada

19/04/2025

En los últimos días se viralizó un video que muestra a policías provinciales bajarse de una camioneta, tomar por la fuerza a un joven trabajador de la construcción, reducirlo al piso y lesionar su pierna sin ningún motivo ni causa que amerite semejante accionar. La dirigente Eve Kloster reflexioa sobre esto que ocurrió en Paraná y advierte que es la punta del iceberg de algo mucho más profundo y que tiene como correlato elementos de la geopolítica y de las concepciones que están a la moda en la política.

Eve Kloster (*)

 

La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, que hoy es noticia en el mundo por la guerra arancelaria, tiene su correlato en dos ejes: el control del territorio y la aplicación de políticas económicas, en las que América Latina y el Caribe cumplen un rol estratégico.

En los últimos días, Peter Hegset, secretario de Defensa de la administración de Donald Trump, hizo declaraciones a la cadena Fox aludiendo a que la influencia china no puede controlar “nuestro patio trasero”, haciendo referencia a la disputa por el canal de Panamá y la apuesta del gigante del norte en el control del territorio de América Latina y el Caribe.

La vuelta a la Doctrina Monroe-Adams mediante distintas estrategias de injerencia sobre su patio trasero es la brújula y horizonte de la política exterior norteamericana que no quiere perder terreno en el tablero mundial. Por ello intenta disminuir la influencia de China sobre el territorio de nuestro continente y hacer retroceder al gigante asiático que hoy pone en jaque su primacía sobre el mundo.

Para desplegar este objetivo imperial, el gobierno trumpista necesita de algunos alumnos obedientes, entre ellos: Daniel Noboa en Ecuador, Dina Boluarte en Perú, Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en nuestro país. Todos alumnos excelentes de Trump que despliegan políticas neoliberales en sus países.

Esta relación de subyugación con el país del norte tiene algunos acontecimientos que queremos destacar, como es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la visita del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, a nuestra provincia en agosto de 2024, quien tuvo la gracia de conocer uno de los ríos más importantes de América Latina y el Caribe, como es el Paraná.

Con cierta nostalgia, extrañamos el mayor punto de unidad de los pueblos latinoamericanos, que tuvo como epicentro la cumbre donde los pueblos le dijimos no al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) realizado en Mar del Plata en 2005. Pero el diablo mete la cola. Podríamos decir que el país del Tío Sam trabaja todos los días para imponer un régimen que trae un nuevo ALCA, donde los intereses norteamericanos sobre el alimento, el litio, los combustibles y el agua son los que hacen que pongan sus ojos sobre la región, intentando arremeter en el control territorial mediante mecanismos financieros, como el nuevo préstamo con el FMI.

Esto tiene consecuencias directas sobre nuestro pueblo en la degradación de la vida y en el avance de los dispositivos represivos, de control y de seguridad que propone y desarrolla el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de protocolos antipiquetes, desalojando a los pueblos originarios como si fueran delincuentes; promoviendo una doctrina de seguridad recrudecida y que claramente intenta disciplinar, meter miedo, porque el modelo de hambre, ajuste y miseria planificada no cierra si no es con palos.

Entre Ríos o Entre Patrullas

En la política doméstica, la llegada de Rogelio Frigerio a la Gobernación de Entre Ríos implicó la designación como ministro de Seguridad y Justicia de Néstor Roncaglia, un hombre que fue jefe de la Policía Federal Argentina durante el período en que Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, que se jacta de tener formación en la Administración de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y entiende que el narcotráfico es el principal problema de la Argentina.

En la madrugada del 12 de febrero del año pasado, Ariel Goyeneche era detenido en calle Piedrabuena, en la ciudad de Paraná, por un llamado al 911. Desde allí fue trasladado a la comisaría Segunda, en calle Gualeguaychú, donde lo bajan de la camioneta por la fuerza y lo reducen al cordón cuneta. Finalmente, Ariel falleció por asfixia que le produce el personal policial, quienes declaran que Ariel intentó fugarse. A los días aparecen videos que son evidencia en la causa y que muestran cómo se manejaron las fuerzas policiales en esta situación.

El 27 de febrero de este año, Guillermo Ramírez estaba en la plaza de Villa Libertador San Martín con dos chicos más; la Policía frenó y lo acusó de hacer exhibicionismo solo por estar sin remera en un día de calor. Luego de eso, la Policía sostiene que Guillermo hizo resistencia a la autoridad y ese es el motivo por el que lo golpean, lo detienen y finalmente fallece a la noche de ese mismo día.

Ambas situaciones son actos que exponen con mayor claridad la violencia con la que se despliegan las fuerzas de seguridad en el territorio provincial y que se exacerban como parte de un programa de gobierno que tiene algunos ejes, como el plan de prevención del delito “Barrios seguros”, que cuenta con episodios como la voladura de techo a un rancho en el barrio Maccarone de Paraná y el despliegue de cientos de efectivos en el barrio La Bianca de Concordia.

A todas estas descripciones se les suman casos de gatillo fácil como los de Gabriel Gusmán, asesinado el martes 25 de septiembre de 2023 en Paraná; e Iván Pérez, que el 9 de octubre de 2019 fue alcanzado por una bala policial.

El hostigamiento policial en las calles tampoco termina: cientos de relatos de personas que viven del descarte de este modelo, juntando cartón, cuidando coches y de gurises que, por llevar una visera, son parados por la Policía solo por “chequeo de rutina”. La mayoría de los operativos casualmente ocurren donde se encuentran los límites de los barrios periféricos y comienzan las zonas más céntricas, como puede ser la zona del cementerio en la capital entrerriana.

Todos estos acontecimientos nos muestran un hilo conductor en cómo proceden las fuerzas de seguridad de la provincia, siendo parte de una estructura de represión más grande y de un dispositivo que hoy, con los aires que soplan desde el norte global, les dan mayor legitimidad y fuerza a estos accionares que no respetan los derechos humanos.

Es tiempo de poner lo humano en el centro

Son tiempos donde la deshumanización, la crueldad y la injusticia están a la orden del día. Tiempos en los que las respuestas a los problemas son proyectos de ley que promueven la baja de la edad de imputabilidad o la modificación de artículos del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos-Concordia) presentó un proyecto que pretende modificar el Código Procesal Penal incorporando el concepto de “reiterancia” para disponer de la prisión preventiva de una persona que tiene más de dos causas en trámite.

En los fundamentos de dicha propuesta, la diputada Laner sostiene que es necesaria la actualización del Código, haciendo escucha a las demandas de los entrerrianos que exigen terminar con la famosa “puerta giratoria” que favorece a quienes cometen delitos y terminar con la mirada romántica, paternalista, sobre la delincuencia que desprotege a las víctimas.

El pasado 9 de abril, Página Política publicó una encuesta que se realizó en la provincia durante el mes de marzo. El estudio fue realizado por la consultora Aresco y muestra que los principales temas que le interesan a la sociedad entrerriana son el desempleo, el aumento de los precios, el estado de las rutas, la corrupción y el narcotráfico. Pareciera que la inseguridad no estaría siendo el principal problema que tenemos las y los entrerrianos.

Cientos de familias de nuestro pueblo están sufriendo mucho el ajuste y la degradación de la vida cotidiana por no poder comprar carne, leche y pan. Por no tener una tecla para prender la luz, por no tener agua, porque no hay obra pública, por los despidos de empresas y porque, a pesar de tener un gobernador calificado como excelente alumno de Milei, su gestión no arranca.

Por ello, entendemos que, a los problemas sociales, como la violencia y la conflictividad que genera el descarte y la desigualdad del modelo deshumanizador que promueven Milei y Frigerio, no se les puede responder con la vieja receta de “más cárcel, más penas”.

Quienes creemos en la política como máxima herramienta de transformación social entendemos que este tiempo exige poner nuestra fuerza e inteligencia para construir una alternativa política que derrote los proyectos de Milei y Frigerio, que lo único que generan es más desigualdad y violencia en nuestra sociedad. Una violencia que, si continúa, en algún momento vuelve de abajo para arriba o explota como sea.

Son tiempos para organizar el dolor y la bronca que sufre nuestro pueblo en favor de una alternativa política con un programa de gobierno que contenga la seguridad y la convivencia ciudadana. Entendiendo que la prevención del delito y las violencias se deben abordar de manera integral; resolviendo los problemas que le aquejan a la gente de a pie, como es la falta de trabajo, no tener un techo, un pedazo de tierra, el acceso a la educación, a la salud. Sabiendo que el principal enemigo es el avance de la narcoestructura que mata a nuestros gurises como consecuencia de la complicidad de los tres poderes del Estado en ese negocio.

A la economía criminal la vamos a combatir con economía popular y con políticas de Estado que promuevan la comunidad organizada por sobre la miseria, el hambre y la exclusión.

Es tiempo, con mucho coraje, de caminar con nuestro pueblo y construir esa Entre Ríos Humana que tanto necesitamos y nos merecemos.

(*) Dirigente social y política. Militante de Patria Grande.