Día D para Cecilia Goyeneche en la Corte Suprema

23/05/2022

La procuradora adjunta presentó un per saltum y pidió la urgente intervención de la Corte Suprema para evitar su “inminente destitución”, según dice. El tribunal se reúne este martes y será la última chance de que lo trate antes de que el Jurado de Enjuiciamiento dicte sentencia. Cómo se han resuelto los recursos por salto de instancia, el pesimismo de Goyeneche y qué piensa el Gobierno.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Cecilia Goyeneche espera tener este martes su propio “día en la corte”.

La expresión reconoce la garantía que tienen las personas a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les reconozca la oportunidad de ser oídas y brindarles la ocasión de hacer valer su defensa ante los jueces.

La procuradora adjunta presentó un per saltum a través del cual le pidió a la Corte Suprema la suspensión del proceso por supuesto mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo que tramita ante el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos.

El per saltum es un recurso atípico, de “marcada excepcionalidad” que implica una especie de atajo para presentar directamente un caso ante la Corte Suprema sin que haya sido resuelto previamente por otro tribunal inferior. Solo procede “en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional” y “para evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

El 18 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó una acción de amparo promovida por Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar al Ministerio Público Fiscal y convocar a un acusador ad-hoc. El procedimiento normal indica que la vía para pedir que el caso sea tratado por la Corte Suprema es el recurso extraordinario o, si éste no es admitido, el recurso de queja.

La estrategia en este caso apunta a evitar un pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento y que el proceso se caiga por el paso del tiempo, ya que el tribunal debe dictar sentencia antes del 30 de mayo.

Lo que Goyeneche le pide a la Corte Suprema es que intervenga en forma urgente y suspenda el jury. “La decisión final del Honorable Jurado de Enjuiciamiento por la que se me destituirá de mi cargo es inminente”, advirtió en su presentación.

El per saltum fue presentado el viernes a las 7.57 por los abogados Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla: “Vengo a requerir vuestra urgente intervención a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa”, dice el escrito. Pero hasta el momento el máximo tribunal no ha dado señales de que lo vaya a considerar. De hecho, los letrados que patrocinan a la procuradora adjunta asumen que la intervención de la Corte Suprema “en esta instancia no está prevista de manera expresa en las normas procesales aplicables, pero ante la evidente injusticia a la que se me está sometiendo y la grave y grosera violación de mis derechos (…) es la única vía por la que se podría evitar que se consume su total aniquilación”.

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El martes será un día clave. Ese día se reunirán los ministros de la Corte Suprema y podrían analizar el caso. Es la última chance que tendría Goyeneche de recibir un guiño antes de que el Jurado de Enjuiciamiento dicte sentencia.

Voceros del Gobierno confían en que el máximo tribunal no interferirá en el proceso. “El jury es un tribunal constitucional y político en el que no tiene ninguna intervención la Corte Suprema, salvo por vía de excepción, que no es el caso”, le dijo a Página Judicial un funcionario de primera línea.

En ese sentido, alguien que integra el equipo jurídico sostiene que “el amparo debió ser rechazado in limine porque se interpuso contra el gobernador por actos realizados por el Jurado de Enjuiciamiento, que es un tribunal de rango constitucional independiente y en el cual el Poder Ejecutivo no tiene ninguna representación. Pero eso no ocurrió y si la Corte (Suprema) lo admitió una vez, podría volver a intervenir y hacer lugar al planteo en forma inmediata o una vez que se haya expedido el Jurado de Enjuiciamiento”, y así dejó planteado el interrogante.

En el gobierno de Gustavo Bordet nadie quiere imaginar ese escenario, al que todos describen como “de gravedad institucional”; pero algunos aventuran soluciones posibles que llegarían, incluso, a desoír el pronunciamiento de la Corte Suprema.

Otro funcionario, más optimista, cree que el per saltum de Goyeneche no tiene posibilidades de prosperar, a la luz de los antecedentes. “La Corte (Suprema) solo ha admitido el per saltum en algunos casos extremos, cuando ha considerado que existía alguna circunstancia que daba al caso una gravedad institucional y de gran repercusión social”. La última vez que lo hizo fue, precisamente, a instancia de magistrados, en el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que habían solicitado ser “trasladados” de los cargos para los que habían concursado durante el macrismo, luego esos corrimientos fueron objetados por el Consejo de la Magistratura y el Senado dispuso que volvieran a sus cargos originales. En ese caso, la Corte Suprema admitió el per saltum pero luego rechazó el planteo de los magistrados.

Mientras tanto, el Jurado de Enjuiciamiento avanza en el dictado de la sentencia. En primer lugar emitió su voto Juan Ramón Smaldone (representante del STJ) y durante el fin de semana lo hizo Verónica Mulone, que presidió el tribunal en representación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Su voto está cantado desde el momento en que dijo en audiencia pública que no debió apartarse al Ministerio Público Fiscal del proceso. Ahora el expediente pasó a manos de Gisela Schumacher. Le seguirán Daniel Carubia, Armando Gay, Gonzalo García Garro y Gustavo Zavallo, en ese orden.

Si se cumple el pronóstico de Goyeneche, antes del fin de semana estará fuera del Poder Judicial; y se abrirá entonces el camino a una nueva historia.