Justicia y política
El juicio comenzó con trabas y acusaciones de Urribarri
27/09/2021
El Ministerio Público Fiscal hizo su alegato de apertura y detalló cada una de las cinco causas acumuladas en el legajo que se conoce como “sueño entrerriano”. Tras la audiencia, el ex gobernador emitió un comunicado en el que dio su punto de vista y cargó le apuntó a Frigerio. En tanto, un imputado fue separado del proceso porque se encuentra internado con un cuadro de meningitis.
Redacción de Página Judicial
El comienzo del juicio oral y público contra Sergio Urribarri y compañía tuvo, hasta último momento, es decir, hasta el mismo lunes, interrupciones para poder comenzar.
La nueva fue que uno de los empresarios imputados, Hugo Fernando Montañana, se encuentra internado en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay por un cuadro de meningitis, según informó su abogado, Emilio Fouces, y lo confirmó un profesional del Departamento Médico Forense del Poder Judicial.
Ante la sorpresa generalizada, el defensor solicitó que hasta tanto pueda asistir al juicio, se suspenda el debate. Los otros abogados defensores enseguida se acoplaron a la petición: el juicio no podía continuar, según dijeron, sin la presencia de Montañana.
La fiscal Patricia Yedro rechazó la petición pero expuso una salida alternativa: “Más allá de lo sorpresivo del planteo, consideramos que si bien el diagnóstico es incierto, hay un interés mayor que es el de respetar los plazos razonables. Hay muchas personas imputadas, funcionarios públicos involucrados que estarán interesados en que se resuelva su situación procesal. Por eso propongo que se separe a Montañana de este debate y oportunamente sea llevado a juicio”, argumentó la representante del Ministerio Público Fiscal, que llega al juicio acompañada por sus pares Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull y la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.
Luego de un cuarto intermedio, los jueces José María Chémez, Carolina Castagno y Elvio Garzón hicieron lugar al planteo de Yedro: el empresario Montañana no será juzgado en este debate y tendrá su audiencia aparte cuando esté en condiciones. Otra vez hubo quejas de los defensores, pero finalmente comenzó el juicio.
Durante la primera jornada, el Ministerio Público Fiscal detalló cada una de las cinco causas acumuladas en el legajo que se conoce como “sueño entrerriano” y expuso las acusaciones que pesa sobre cada uno de los catorce imputados que dieron el presente, la mayoría en la sala de audiencias, excepto el ex gobernador, que se encuentra en Tel Aviv, donde se desempeña como embajador; y Germán Buffa. Ambos se conectaron por videoconferencia y, una vez terminada la jornada, Urribarri emitió un comunicado.
Arbitrariedad
“La jornada que presenciamos hoy (lunes) en el juicio demuestra la evidente arbitrariedad y falta de objetividad que venimos sosteniendo desde hace tiempo”, expresó el embajador argentino en Israel y Chipre.
Y agregó: “En esta causa se ha instalado, a través de algunos medios, que son delitos distintos actos de gobierno, absolutamente normales, que no merecieron ninguna objeción por parte de los organismos de control existentes. Además, no se han tenido en cuenta ninguno de los planteos de las defensas y hasta se ha fijado fecha del juicio oral y público en medio de un proceso electoral”, se quejó.
Para Urribarri, “todo ello muestra claramente el direccionamiento que existe en este proceso, que es parte de la operatoria que desplegó el macrismo como forma de construcción de poder y cuya pata política en la provincia ha sido Rogelio Frigerio”, manifestó en referencia al candidato en primer término de Juntos por Entre Ríos.
“A todos esos ataques y arbitrariedades, hoy se suma la violación del derecho de defensa de un imputado a partir de la resolución adoptada por el tribunal, a propuesta de la Fiscalía”, apuntó en referencia al apartamiento de Montañana del proceso.
Respecto de las acusaciones en su contra, que abarcan también a ex funcionarios y empresarios, Urribarri sostuvo: “Este mecanismo de persecución le pone nombres de fantasía a este tipo de investigaciones, que no se condicen con la realidad. En este caso, le dicen ‘megacausa’ a un expediente en el que, en realidad, se investigan si se hicieron o no carteles de publicidad que todos los entrerrianos vieron con sus propios ojos durante mi gobierno en las rutas de la provincia, difundiendo distintas acciones y obras; una solicitada contra los fondos buitre; cuatro spots publicitarios para promocionar a la provincia aprovechando la realización en Entre Ríos de la Cumbre del Mercosur, que para los fiscales son una promoción de mi figura; y la instalación de un parador de promoción turística en una playa de la costa atlántica, que se enmarcó en una serie de acciones que llevaron a que nuestra provincia se convirtiera en uno de los principales destinos de la Argentina, pero según esta investigación también fue para promocionarme a mí”, enumeró.
El juicio
El ex gobernador y el ex ministro Báez representan el eslabón que conecta las cinco causas acumuladas en este juicio que tiene a quince personas imputadas. Están acusados por el desvío de fondos públicos a través de campañas publicitarias con el objetivo de promocionar la candidatura presidencial de Urribarri en 2015.
“Los cinco casos tienen un denominador común: se procuró dar apariencia de legalidad a los procedimientos administrativos con el fin de encubrir el poder y la sustracción de dineros públicos”, expuso la procuradora adjunta en su alegato de apertura del juicio.
Urribarri y Báez están acusados por los delitos de peculado, es decir, por haber utilizado fondos públicos para fines particulares; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y los fiscales adelantaron que podrían pedir penas de prisión efectiva para ambos.
En el banquillo hay otros ex funcionarios públicos: el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; el ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial conformada para recibir a la reunión de presidentes y jefes de Estado.
Uno
En el alegato de apertura que hizo Goyeneche señaló que entre 2010 y 2015, Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos” por 21,5 millones de pesos (3.250.000 dólares) y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombre de testaferros de Juan Pablo Aguilera, a través de contrataciones de publicidad.
Según dijo, Aguilera constituyó ambas empresas en el año 2009, “con el objeto de centralizar la contratación de publicidad en la vía pública”, pero las hacía figurar a nombre de testaferros: su esposa Luciana Belén Almada, su cuñado Alejandro Almada, Maximiliano Romeo Sena y Emiliano Giacopuzzi. “Las contrataciones fueron posibles porque siempre se mantuvo oculto para los organismos de control la identidad del verdadero dueño de las empresas: Aguilera”, aseguró Goyeneche.
De esta forma, “cartelizaron la contratación de publicidad en la vía pública” por vía de contrataciones directas, sin proceso de licitación.
La maniobra consistía en realizar una simulación en la distribución de la publicidad entre las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera, pero también a través de J. M. Bustamante Publicidad, de Jesús José María Bustamante, y Montañana Publicidad. Bustamante acordó un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional y luego hizo otro acuerdo para devolver al Estado en efectivo y en un pago la suma de 4,8 millones de pesos por el perjuicio.
Los fiscales aseguran que en algunos casos un porcentaje del monto que les era asignado a Bustamante y Montañan era luego reembolsado a Aguilera, a través de las gestiones, seguimiento y cobro que realizaba la contadora Corina Cargnel. “Ella era la mano derecha de Aguilera, el nexo entre los organismos públicos y las empresas y la responsable de obtener los reintegros de los porcentajes de contrataciones que cobraban las empresas cartelizadas”, detalló Goyeneche. Dijo que se detectaron 142 contrataciones irregulares de publicidad y que el retorno, en algunos casos, llegaba al 95 por ciento del total.
El otro engranaje era Gustavo Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura y Comunicación. Es que los fiscales también detectaron irregularidades en la certificación de la publicidad. Una pericia realizada sobre las fotografías que presentaban las empresas para acreditar que los carteles efectivamente estaban donde se había contratado determinó que “en ocasiones se repetía la misma fotografía en los distintos meses, en otros casos se cambiaba el cuadro y también se comprobó que hicieron fotomontajes y adulteración de fotografías”. El caso más emblemático es el de la vaca. Sin embargo, las certificaciones fueron aprobadas.
Dos
El esquema de sustracción de fondos también se hacía, según los fiscales, con las contrataciones de publicidad en los distintos medios de comunicación, pero a través de Global Means SA, de Germán Esteban Buffa, un empresario estrechamente vinculado al ex ministro Báez.
En este caso, se los acusa por la contratación directa de dos avisos publicitarios, que debían publicarse en los meses de agosto y septiembre de 2011 en el periódico Diario Agroempresario, y por los cuales se pagaron 118.000 pesos.
El problema es que Global Means SA se constituyó como tal a partir del 15 de agosto de 2011 y registró el alta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a partir de octubre de 2011 “para todos los impuestos registrados”, por lo que no podría haber sido contratada en julio, como se consignó en la orden de publicidad emitida por el Ministerio de Cultura y Comunicación. “El ilícito surge cuando se determina que al momento de ser beneficiada la empresa no existía”, expuso Goyeneche.
Tres, cuatro y cinco: el sueño entrerriano
Urribarri deberá responder también por la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, por la que se pagaron 4.308.500,23 pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28,4 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 14.561.870 millones de pesos.
Los fiscales aseguran que todo fue parte de una estrategia trazada por Urribarri para instalar su fallida candidatura presidencial como sucesor de Cristina Fernández de Kirchner en 2015.
También el ex ministro Báez está imputado por la contratación directa que hizo el Estado con la productora Nelly Entertainment SA, del empresario Jorge Corcho Rodríguez, para promocionar la Cumbre del Mercosur. En ese momento, el Gobierno contrató la difusión de cuatros spots por redes sociales y YouTube, de los cuales tres no tenían absolutamente nada que ver con el encuentro de presidentes, sino que ensalzaban la figura de Urribarri.
Los ex funcionarios Céspedes y Tortul tenían a su cargo la administración de los fondos asignados para la ejecución de obras y servicios destinados a la Cumbre del Mercosur.
La instalación del parador en Mar del Plata, en tanto, tenía como supuesto objetivo exhibir los atractivos de la provincia para atraer turistas, aunque la sospecha es que buscaba instalar la figura de Urribarri como candidato presidencial. La contratación se hizo a través del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, y la empresa que montó la infraestructura se llama El juego en el que andamos, de Gerardo Caruso, que era también director artístico y de contenidos del programa Fútbol Para Todos y contratado de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
Los fiscales aseguran que Caruso, “debía retornar en dinero en efectivo a Juan Pablo Aguilera, lo que se concretó por la suma de 2 millones de pesos; también por medio de transacciones bancarias a las empresas TEP SRL y Next SRL, y a las intermediarias Visual Ilusion, Megaprint SA, Wall Street Vía Pública y Fredy Publicidad SRL, que también se concretó por 2.468.700 pesos”. En total, serían 4.468.700 pesos los que volvieron al bolsillo de Aguilera, aseguran. Quien construyó ese engranaje financiera era, dicen los fiscales, la contadora Cargnel.
Para desentrañar todo este embrollo han sido convocados a declarar más de un centenar de testigos, a lo largo de un mes y medio, y la procuradora adjunta aseguró que presentará una profusa documentación.
Por lo pronto, el cronograma de audiencia indica que este martes será el turno de las defensas para que hagan su alegato de apertura.