Un empresario condenado devolvió 4,8 millones de pesos en efectivo

24/10/2019

Jesús José María Bustamante, condenado por haberse beneficiado con el direccionamiento de publicidad, devolvió en efectivo y en un pago el monto de las pautas que le fueran contratadas y no efectuó. Se trata de la causa en la que se juzgará al ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Mientras el ex gobernador Sergio Urribarri se entera que debe enfrentar un juicio por el direccionamiento de publicidad a favor de su cuñado, un empresario que admitió haberse beneficiado con esa maniobra acordó devolver al Estado en efectivo y en un pago la suma de 4,8 millones de pesos por el perjuicio ocasionado.

Se trata del empresario Jesús José María Bustamante, condenado en un juicio abreviado a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional (no efectiva) como partícipe necesario de un fraude a la administración pública.

La maniobra consistía en la realización de una simulación en la distribución de la publicidad, aunque las pautas eran direccionadas a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que se atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Esa simulación se orquestaba en las oficinas de TEP y Next, donde se hallaron hojas en blanco con membrete de J. M. Bustamante Publicidad y firmadas por el propio Bustamante.

En el caso de Bustamante, se le hicieron contrataciones por 6.140.665,24 pesos, aunque la justicia determinó que en algunos casos “un porcentaje era reembolsado a Aguilera” e incluso de estableció que el retorno, en algunos casos, llegaba al 95 por ciento del total. La misma maniobra se realizaba a través de la empresa Montañana Publicidad, cuyo titular, Hugo Fernando Montañana, que será enjuiciado.

Una vez que la sentencia quedó firme, la Fiscalía de Estado le exigió a Bustamante la devolución del monto correspondiente a la publicidad que fuera contratada y éste no efectuó, que se calcula en 3.735.536,68 pesos. “La expectativa estaría dada por el hecho de que –en caso de demandar civilmente– debería el Superior Gobierno de Entre Ríos acreditar en sede civil mediante la realización de sendas pericias tanto fotográficas como contables qué publicidad se hizo y cuál no, para lo cual los expertos deberían tener en cuenta las publicidades contratadas, ignorándose cuál sería el resultado de dichas pruebas periciales, ya sea en cuanto a la materialidad de su realización y a los montos involucrados”, se indicó.

La propuesta de Bustamante fue efectuar “un pago único, global y total” de 4,8 millones de pesos que contempla también los intereses por daños y perjuicios, “mediante un depósito y/o transferencia bancaria” a favor del Estado.

La propuesta fue aceptada, se firmó el correspondiente “convenio transaccional” y se rubricó mediante el Decreto Número 1.264 firmado por el gobernador Gustavo Bordet y la ministra Rosario Romero.

DECRETO-1264-2019-GOB by Anonymous 3eFyVK on Scribd