Sospechan que Aguilera cobró una coima de 4,5 millones de pesos

04/04/2019

El cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri habría percibido retornos de las empresas contratadas para montar un parador en una playa de Mar del Plata, en el marco de la fallida campaña presidencial.

De la Redacción de Página Judicial

 

Eso que dio en llamar el sueño entrerriano le está trayendo reiterados dolores de cabeza al ex gobernador Sergio Urribarri, jaqueado por tres causas judiciales donde se investiga si hubo un desvío de fondos públicos para el financiamiento de la campaña electoral.

El ex mandatario deberá responder por la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos. Los investigadores judiciales creen que todo fue parte de una estrategia más de proselitismo para instalar la candidatura presidencial.

Este jueves Urribarri, a través de sus defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, planteó la excepción de falta de acción, que supone que el Ministerio Público Fiscal no tiene legitimidad para investigarlo porque las rendiciones de esas contrataciones fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia. Por lo tanto, el ex mandatario debería ser sobreseído. El mismo planteo hizo Ignacio Díaz, defensor del ex ministro Pedro Báez. “La imputación no es viable”, dijo Barrandeguy.

Los fiscales Cecilia Goyeneche y Gonzalo Badano rechazaron el planteo, dijeron que se trata de medidas que buscan dilatar el proceso penal e insistieron en la remisión de la causa a juicio, donde adelantaron que solicitarían para el ex gobernador una condena de nueve años de prisión.

Sin embargo, la novedad de la audiencia pasó por la revelación de que Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Urribarri habría cobrado una coima de casi 4,5 millones de pesos mediante una triangulación en la contratación para montar el pelotero en Mar del Plata.

Para la instalación del parador, el Ministerio de Turismo de la provincia, entonces a cargo de Hugo Marsó, contrató a la empresa El Juego en que andamos SRL, a la que se le abonaron 14.561.870 pesos. Su rol es considerado preponderante porque quien “interesó” a Urribarri para realizar la contratación e inició el expediente administrativo.

De acuerdo con la acusación, la firma destinaría una parte de ese dinero “para subcontratar a la cooperativa de trabajo X la Plata Publicidad Ltda. para realizar una campaña de difusión en vía pública –mediante cartelería– de la figura de Urribarri como precandidato a Presidente de la Nación”, para lo cual se destinaron 338.800 pesos.

Además, el socio gerente de la empresa, Gerardo Caruso, “debía retornar en dinero en efectivo a Juan Pablo Aguilera, lo que se concretó por la suma de 2 millones de pesos; también por medio de transacciones bancarias a las empresas TEP SRL y Next SRL –propiedad de Aguilera–; y a las intermediarias Visual Ilusion, Megaprint SA, Wall Street Vía Pública y Fredy Publicidad SRL, que también se concretó por 2.468.700 pesos”. En total, serían 4.468.700 pesos los que volvieron al bolsillo de Aguilera.

En ese esquema resultó “imprescindible”, a criterio de los fiscales, el rol de Corina Cargnel, contadora de las empresas TEP y Next, porque era la persona que gestionaba la confección de facturas con las empresas subcontratadas e intermediarias y también los retornos.

En la causa hay otras tres personas acusadas, además de los mencionados Urribarri, Marsó, Aguilera, Cargnel y Caruso: el ex ministro Báez, actual diputado provincial; Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial.

Por su parte, el empresario Jorge Corcho Rodríguez, que también estaba imputado, acordó la suspensión del juicio a prueba por un año y el pago de un resarcimiento al Estado de 150.000 en doce cuotas iguales y consecutivas. También debe realizar campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.

Fuente: Entre Ríos Ahora.