El STJ fijará los montos sustraídos de la Legislatura

11/10/2019

La jueza de Garantías entendió que es un perito del alto cuerpo de justicia quien debe realizar esa tarea. No hizo lugar a puntos periciales que habían solicitado los defensores.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

La cantidad de dinero que supuestamente se desvió en el seno de la Legislatura durante el período 2008 – 2018 en el marco de la investigación que se lleva adelante en torno a los contratos truchos lo determinará un perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Así lo determinó la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, en la audiencia de este viernes. Lo había solicitado la defensa luego de que se conociera un informe realizado por el Ministerio Público Fiscal.

La polémica surgió luego de que se embargara por 3 mil millones de pesos a los imputados en base al informe de Fiscalía, medida que terminó siendo impugnada por la jueza Carolina Castagno.

Con ese prólogo, la defensa solicitó que se realice una pericia contable para que de una vez por todas se fije la cifra que comenzó siendo de 1.280 millones de pesos al inicio de la causa y luego se llevó a 2 mil millones. Los otros mil, sumados al momento del embargo, respondían a intereses.

En la audiencia del 23 de septiembre pasado, los abogados defensores atacaron el informe provisorio del contador Héctor Enríquez, quien fue el blanco no por su capacidad técnica sino por su supuesta pertenencia al Ministerio Público Fiscal, lo que le restaría objetividad al ser parte, según los letrados. Por esa razón rechazaron que sea quien realice la pericia.

Emilio Fouces exigió que la pericia la realice el perito del STJ y peritos de parte, porque Enríquez “es un asistente que suele sustentar las hipótesis de Fiscalía”, por lo tanto su desempeño en esta causa iría “en contra de lo que establece el sistema adversarial”. Miguel Cullen apoyó esa moción y agregó: “Enríquez puede ser testigo para defender el informe, y el Código (Procesal Penal) excluye a quien pueda ser testigo de hacer una pericia. No es un capricho, queremos que se cumpla la ley, sino discutamos la constitucionalidad de este artículo”.

El fiscal Ignacio Aramberry subrayó que Enríquez fue designado luego de un concurso llevado a cabo por la Sala Penal del STJ, por lo que tiene “estabilidad en el cargo”. Para sostener la oficialidad del perito en cuestión, añadió: “Son funcionarios públicos y por lo tanto se manejan de manera objetiva”.

José Velázquez, otro de los defensores en la causa, abogó también por peritos del STJ, pero en caso que no sea posible, solicitó la intervención de peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “En honor a la objetividad que debe imperar en la investigación penal, más, la carencia de recursos de nuestros pupilos, ya que no tienen forma de afrontar los gastos de peritos de partes, se vuelve una garantía indispensable que haya peritos oficiales objetivos”, sostuvo el abogado en su petición.

Lo dice la ley

Barbargelata se encargó de aclarar en la audiencia de este viernes que de ninguna manera un perito que forme parte del Ministerio Público Fiscal realice su trabajo para beneficiar a una parte. “No se puede sostener que un perito es de la Fiscalía. A los mismos se los califica por la idoneidad”, sostuvo. Y apuntó a los abogados defensores por pensar en clave del sistema inquisitivo.

Al momento de darles la razón, esto es de que sea un perito del STJ quien realice la pericia, la jueza lo enmarcó en “lo que dice la ley”.

Los defensores requirieron una serie de puntos periciales a los que Barbagelata, con razón, no accedió. Por ejemplo especificar los montos presupuestados en las cámaras durante el período investigado. La magistrada dijo que a esa información se puede acceder en los Presupuestos de la Legislatura, que por otro lado están en Internet cuando fueron aprobados por ley.

Otros puntos que se requirieron son la copia de cada uno de los contratos cuestionados o investigados; que se detalle cada caso del motivo por el cual se lo cuestiona; un informe respecto de dichos contratos y si los mismos cuentan con la firma del contratado y las facturas correspondientes; entre otros ítems. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, es de la idea de que el eje de la cuestión está en tomar “contrato por contrato” y ver cuáles de ellos están viciados.

En la acusación, los fiscales sostienen que en los 10 años, excepto en la Cámara de Diputados donde se hizo un inexplicable recorte y la investigación es a partir de 2011, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, formaron parte de una organización ilícita que se ocupaba de sustraer dinero de la Legislatura. Para Yedro y Aramberry la cifra sería de alrededor de $2 mil millones.

En esa organización hay un escalón más arriba en el que se encuentran Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure. Todos los nombres hasta aquí señalados están imputados en la causa que cumplió el último 20 de septiembre un año. Como se verá no aparece ningún presidente de las cámaras legislativas en esa situación.