Redujeron los embargos y se rechazó la adhesión de la Fiscalía de Estado

06/09/2019

La jueza Carolina Castagno redujo los embargos, de 3.000 millones de pesos a 190.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. También ahora rechazó la adhesión que realizó sin más Julio Rodríguez Signes a la posición del Ministerio Público Fiscal.

De la Redacción de Página Judicial

 

La jueza Carolina Castagno dispuso una drástica reducción de los embargos que regían sobre los imputados en la causa por las contrataciones irregulares en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La magistrada, que aceptó la intervención de la Fiscalía de Estado para preservar el patrimonio público, ahora rechazó la adhesión que realizó sin más Julio Rodríguez Signes a la posición del Ministerio Público Fiscal.

La magistrada redujo los embargos de un total de 3.000 millones de pesos a 190.000 pesos respecto de cada uno de los imputados, considerando que la multa, en caso de que sean condenados, sería de 90.000 pesos y estimó las costas del proceso penal en 100.000 pesos.

Los abogados defensores habían objetado el embargo por 3.000 millones de pesos (2.000 millones es el perjuicio estimado por los fiscales y 1.000 millones por las costas) que había dictado en su momento la jueza Marina Barbagelata y que en varios casos afectó no sólo a los bienes sino también a las cuentas sueldo de los imputados.

El monto embargable surgió de un informe que realizó el contador Héctor Enríquez para el Ministerio Público Fiscal, en el que determinó, “en forma provisoria”, que el monto de dinero sustraído entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2018 sería de 2.244 millones de pesos. Ese informe fue severamente cuestionado por los defensores.

De ese modo, la magistrada hizo lugar a los recursos de apelación presentados por los abogados defensores, pero aunque bajó el monto de los embargos, mantuvo la medida de inhibición general de bienes sobre cada uno de los involucrados.

La jueza consideró que el informe contable, “que arroja la cifra del dinero sustraído, lo que hace es aproximar el perjuicio económico causado al erario público. Mas este informe no brinda ningún detalle sobre los bines de las personas cuyo aseguramiento pretende la Fiscalía, y no está establecido si esos bienes provienen del delito” y agregó: “Pese a contar con toda la documental para hacerlo al menos en grado probabilidad, no se ha realizado”.

Un punto de crítica esbozado por los defensores apuntaba, precisamente, a que los fiscales solicitaron el embargo de bienes heredados o que habían sido adquiridos con anterioridad al período que se investiga y, por lo tanto, no correspondía que sean inhibidos.

En ese sentido, la jueza dijo que “cobran sentido las críticas de los apelantes, cuando denuncian que se han inhibido bienes adquiridos fuera del período imputado”.

La magistrada sostuvo además que “el embargo se dispone para garantizar el eventual decomiso de los bienes producto el delito. De momento, no se ha determinado cuáles son los bienes que han sido producto del ilícito, lo que impide mantener inmovilizados todos los bienes de todos los imputados”.

Respecto del rol de la Fiscalía de Estado, la jueza Castagno rechazó la adhesión que hizo sin más Julio Rodríguez Signes a la posición del Ministerio Público Fiscal.

El abogado José Velázquez, defensor de Flavia Beckman, Hugo Mena y su grupo familiar, había sido el portavoz de las críticas a la presencia del fiscal de Estado en la audiencia: “Está bien que pidan, desde la lógica de la acción civil, una medida cautelar como los embargos. Pero acá han resuelto adherir a lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, y ya se han vencido los plazos para que puedan hacerlo. Tienen el derecho caducado por cuanto el Código Civil establece diez días para hacerlo”, dijo el letrado.