Polémica por la objetividad de la pericia

23/09/2019

Abogados defensores, fiscales y el representante del Poder Ejecutivo debatieron sobre quien es el que debe realizar la pericia para fijar el monto que se desvió en el seno de la Legislatura.

De la Redacción de Página Judicial

 

El tema, ahora, es la pericia. En la audiencia de este lunes las partes debatieron acerca del  autor y la objetividad de quien debe fijar la cifra dineraria en que se afectó el erario público en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura durante una década (2008 – 2018).

La polémica surgió luego de que los embargos por 3 mil millones de pesos a los imputados en base a un informe del Ministerio Público Fiscal fueran impugnados por la jueza Carolina Castagno.

La defensa solicitó que se realice una pericia contable para que de una vez por todas se fije la cifra que comenzó siendo de 1.280 millones de pesos y luego se llevó a 2 mil. Los otros mil responden a intereses.

En la jornada de este lunes los abogados defensores atacaron el informe provisorio del contador Héctor Enríquez, quien fue el blanco no por su capacidad técnica sino por su supuesta pertenencia al Ministerio Público Fiscal, lo que le restaría objetividad al ser parte, según los letrados. Por esa razón rechazan que sea quien realice la pericia.

Emilio Fouces solicitó que la pericia la realice el perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y peritos de parte, porque Enríquez “es un asistente que suele sustentar las hipótesis de Fiscalía”, por lo tanto su desempeño en esta causa iría “en contra de lo que establece el sistema adversarial”. En resumen: afectaría la objetividad al ser parte del organismo que lleva adelante la persecución penal. Miguel Cullen, a su turno, recordó que el informe que lleva la firma del contador, abajo, especificaba que era empleado precisamente del Ministerio Público Fiscal. Y agregó: “Enríquez puede ser testigo para defender el informe, y el Código (Procesal Penal) excluye a quien pueda ser testigo de hacer una pericia. No es un capricho, queremos que se cumpla la ley, sino discutamos la constitucionalidad de este artículo”. Para ambos abogados el perito debe surgir del STJ porque sería ajeno a las partes.

Fouces puso como ejemplo de complejidad que puede llegar a originar que la pericia la realice Enríquez al citar precisamente su informe que llevó a que los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro embargaran por 3 mil millones de pesos y luego Castagno lo redujera a 190 mil pesos.

Fiscalías

Aramberry, para contrarrestar resoluciones del STJ que invocó Cullen sobre quién debería realizar el peritaje, trajo a colación una resolución del 2012 del procurador general Jorge García en la que se expresó la necesidad de crear un cuerpo pericial contable. En rigor un laboratorio regional. Ante la ausencia de éste, subrayó que Enríquez fue designado luego de un concurso llevado a cabo por la Sala Penal del STJ, por lo que tiene “estabilidad en el cargo”, agregó el fiscal para sostener la oficialidad del perito en cuestión. Y añadió: “Son funcionarios públicos y por lo tanto se manejan de manera objetiva”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal “no sólo Enríquez va a tener que dar cuenta, sino todos los peritos. Lo principal es el juicio y los peritos van a tener que explicar”, añadió.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, insistió con la idea de que el eje de la cuestión es tomar “contrato por contrato” y ver cuáles de ellos están viciados. “Hay un anexo con los supuestos contratos irregulares con responsabilidad administrativa, por lo tanto estamos hablando de una operatoria que es suma, resta y actualización. Es decir hay que sumar los montos de esos contratos supuestamente irregulares y se los actualiza con la tasa activa del Banco Nación. Se podría hacer hasta con un exel”, explicó.

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, dio un cuarto intermedio de una semana para resolver la cuestión.