Las billeteras virtuales deberán responder en defensa de la competencia

21/09/2026

La Autoridad Nacional de la Competencia abrió una investigación, a instancias de Guillermo Michel y otros diputados nacionales, contra billeteras virtuales, mutuales, cooperativas y cadenas de electrodomésticos por conductas anticompetitivas, usura y la aplicación de tasas ahogantes a los ciudadanos. En la mira quedaron trece proveedores no financieros domiciliados en Entre Ríos.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Es una transacción entre privados, repiten voceros como un mantra del oficialismo. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”, llegó a preguntarse el presidente ante un drama que afecta a 5,3 millones argentinos y más de 130 mil entrerrianos.

La última actualización del mapa de la deuda de las familias registró que 570.971 entrerrianos están endeudados con bancos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y otras entidades que les otorgaron préstamos personales, mayormente destinados al consumo; y 136.725 personas están en mora, es decir, con atrasos superiores a noventa días.

Con diversos grados de magnitud, el problema atraviesa a distintos sectores sociales y grupos etarios, aunque una fotografía provincial tomada por Eje Consultora muestra que en junio “los jóvenes constituyen el segmento con mayor nivel de deterioro crediticio”: los menores de 25 años son los que registran las tasas más altas de morosidad.

Un factor novedoso detrás del incremento de la morosidad está vinculado con la aparición del crédito no bancario al alcance de un clic en el teléfono: las billeteras virtuales, las tarjetas de crédito no bancarias –las que ofrecen, por ejemplo, los supermercados– y otros entes no financieros explican el 54 por ciento de los préstamos de las familias entrerrianas, especialmente entre los más jóvenes.

Cabe poner el ojo en las fintech y los proveedores no financieros –mutuales, cooperativas y cadenas de electrodomésticos–, en virtud de una denuncia promovida por el entrerriano Guillermo Michel y otros diputados nacionales ante la Autoridad Nacional de la Competencia por conductas anticompetitivas y la aplicación de intereses usurarios.

A modo de ejemplo, el prestamista más masivo del país es Mercado Libre: dos tercios de lo que factura en Argentina viene de prestar plata, con un impacto mayor en los sectores de menores ingresos, al punto que la deuda promedio en mora en la plataforma del exiliado impositivo es de 116 mil pesos.

Quebrados

Hasta agosto de 2025 había en el Juzgado de Concursos y Quiebras Número 9 de Paraná, a cargo de Ángel Moia, un total de 47 expedientes de quiebras personales de trabajadores estatales. Es un número en crecimiento.

Se trata de trabajadores formales e incluso empleados públicos que se presentan para pedir su propia quiebra, un mecanismo previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, vigente desde 1995, ante la incapacidad de afrontar las deudas contraídas. Técnicamente se denomina “estado de cesación de pagos” y la consecuencia que tiene sobre una persona es que pierde el control sobre sus bienes y, entre otras cosas, queda inhabilitada para ejercer el comercio por un período que puede ser de tres años o hasta la cancelación de los compromisos.

En el caso de los trabajadores estatales, la mayoría de quienes solicitan su quiebra personal en los tribunales son agentes de la Policía de Entre Ríos, aunque se extiende a casi todas las áreas de la administración pública.

El algoritmo

La Autoridad Nacional de la Competencia admitió la denuncia de Michel y otros diputados nacionales, que apunta directamente contra las billeteras digitales y proveedores no financieros autorizados por el Banco Central, acusándolos de tener conductas anticompetitivas, usura y la aplicación de tasas ahogantes.

Las billeteras virtuales han desarrollado un sistema extraordinariamente atractivo: ofrecen un interés que en la actualidad ronda el 20 por ciento solo por tener el dinero reposando. Aunque esté inmóvil, genera una renta. Eso motiva a cualquier trabajador registrado a mover su sueldo de la cuenta de banco a la fintech. Al mismo tiempo, la billetera virtual ofrece créditos que, entre la tasa de interés y el costo financiero, podrían multiplicar el monto solicitado hasta por 1.300 en un año.

Lo que plantean es que las billeteras virtuales y proveedores no financieros estarían incurriendo en actos anticompetitivos y abusos de posición dominante; advierten también que existen indicios de que establecen precios excesivos, fijación de tasas abusivas y aprovechamiento de lo que denominan como “barreras de entrada” basadas en el acceso a datos transaccionales no financieros; y solicitaron el cese inmediato de esas conductas y la imposición de las multas y medidas correctivas.

Las medidas apuntan contra las 91 billeteras virtuales y los 687 proveedores no financieros –trece domiciliados en Entre Ríos– registrados y autorizados a operar por el Banco Central.

En la denuncia, los diputados nacionales señalaron que “el crecimiento del endeudamiento de los hogares se ha concentrado de manera creciente en proveedores no financieros de crédito, que operan fuera del sistema bancario tradicional y que atienden, mayoritariamente, a hogares de menores ingresos y con menor acceso al crédito formal” y agregaron que “la cartera de crédito de las fintech pasó de 724 mil millones de pesos (julio 2024, a precios de julio 2025) a 2,583 billones de pesos en julio de 2025, lo que implica un crecimiento del 31 por ciento interanual y de 268 por ciento respecto de marzo de 2024, acompañado además por un fuerte aumento en la cantidad de deudores y en la deuda promedio por deudor”.

Un aspecto central en el que hace hincapié la denuncia es que las billeteras virtuales, a diferencia de los créditos comerciales tradicionales, “explotan una ventaja competitiva estructural e insuperable derivada del acceso exclusivo e intensivo a datos conductuales no financieros”, propios de los algoritmos. Eso les permite conocer la ubicación en tiempo real, frecuencia de consumo, compra de alimentos, pago de servicios, recargas de transporte y cobros informales de servicios y aprovechar su propia infraestructura de pagos, a la vez que se niegan a compartir estos historiales con otras entidades.

Los diputados advirtieron en su denuncia que “esta circunstancia adquiere particular relevan y costos financieros considerados “de carácter excesivo y desproporcionado”, lo que produce un perjuicio directo sobre los usuarios y sobre su capacidad económica.