El drama de los sobreendeudados que piden su propia quiebra

22/05/2026

En Argentina, en Entre Ríos, las familias se endeudan para llegar a fin de mes y la morosidad alcanza picos históricos. El problema económico, sumado a la crisis de salud mental, abre la necesidad de traer el tema a la discusión pública. Mientras tanto, en la justicia se multiplican los casos de trabajadores estatales, mayormente policías, que se presentan para solicitar su quiebra.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El crédito se expandió como la peste en la Argentina libertaria. Prestan los bancos, entidades financieras, mutuales; las fintech y billeteras virtuales financian a segmentos de la población históricamente excluidos.

La novedad que aporta este nuevo escenario libertario es el endeudamiento para sobrevivir: el mapa –y acaso como un dramático fenómeno– muestra que el endeudamiento ya no persigue el objetivo de la compra de bienes durables, sino para gastos corrientes: alimentos, medicamentos, servicios, alquiler.

En términos históricos, Argentina ha tenido bajos niveles de endeudamiento en comparación con otros países de la región. Eso se ha revertido críticamente. La mora de las familias se ubicó en 10,6 por ciento en enero de 2026, frente al 2,5 por ciento registrado en diciembre de 2024. “Es el nivel más alto desde que existen registros comparables”, según un estudio de la CTA.

La mora alcanza picos históricos y las mismas personas coinciden en señalar como causas la liberación de precios de los servicios básicos, la pérdida del salario frente a la inflación y las tasas usurarias desreguladas.

Es un fenómeno inédito: la toma de créditos que no está destinada a resolver alguna cuestión circunstancial o transitoria, sino a completar esos ingresos que cada vez alcanzan menos. Prestan los bancos, las mutuales, las financieras, las casas de electrodomésticos, billeteras virtuales, comercios barriales; se financia la compra de alimentos con tarjeta de crédito y, en última instancia, emergen los prestamistas informales. En los barrios populares, los prestamistas informales son los narcos.

En caída libre

Desde hace un par de años, el endeudamiento empezó a acumulan otras señales de alarma que ya no pueden ignorarse: la mora se multiplicó casi cuatro veces en un año. Un análisis de la CTA publicado en enero reveló que el país atraviesa “un deterioro generalizado de la cartera crediticia de los hogares” y la mora de las familias pasó del 2,5 por ciento en diciembre de 2024 al 10,6 por ciento. Es el nivel más alto desde 2004, en que empezaron a tomarse registros.

Existen otras dimensiones del problema: las mujeres que sostienen la economía del hogar: según datos de UNICEF publicados en noviembre de 2025, siete de cada diez padres no cumplen con su obligación de pagar la cuota alimentaria de sus hijos o lo hace irregularmente. Y el impacto que tiene el endeudamiento en la salud mental.

En la base de la pirámide, en un escenario límite, la morosidad crece en los sectores medios y bajos y en los trabajadores estatales.

A fines de marzo, el Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (Cisper) presentó un informe titulado “Trabajar para deber”, que muestra este fenómeno con cruel claridad, en base a una encuesta autoadministrada relacionada con la realidad económica y social de los trabajadores estatales entrerrianos.

El 71,8 por ciento de los encuestados percibe salarios inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales, por debajo de la línea de pobreza; el 96,3 por ciento declaró tener deudas activas y destinar el 60 por ciento de sus ingresos al pago de deudas en el último mes. En el caso de quienes reciben un salario inferior al millón de pesos, el pago de deudas compromete el 72,7 por ciento de su ingreso. “A menor ingreso, mayor compromiso salarial para el pago de la deuda”, advierte el informe de Cisper.

Previo a la última reunión paritaria, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dio a conocer un estudio propio donde estima que los salarios docentes perdieron un 34 por ciento del poder adquisitivo respecto de diciembre de 2023. Es el equivalente a diez sueldos de los últimos treinta.

Quebrados

Hasta agosto de 2025 había en el Juzgado de Concursos y Quiebras Número 9 de Paraná, a cargo de Ángel Moia, un total de 47 expedientes de quiebras personales de trabajadores estatales. Es un número en crecimiento.

Se trata de expedientes que solían ser excepcionales y, en el último tiempo, han comenzado a consolidarse como una tendencia preocupante; que trabajadores formales e incluso empleados públicos que se presentan para pedir su propia quiebra.

La quiebra personal es un mecanismo relativamente novedoso, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, vigente desde 1995, ante la incapacidad de cualquier ciudadano de afrontar las deudas contraídas. Técnicamente se denomina “estado de cesación de pagos” y la consecuencia que tiene sobre una persona es que pierde el control sobre sus bienes, ya que todo se vende para pagar las deudas –a excepción de la ropa o herramientas de trabajo– y queda inhabilitada para ejercer el comercio por un período que puede ser de tres años o hasta la cancelación de los compromisos.

Quien inauguró este mecanismo en la provincia fue un funcionario: Ernesto Denis, ex integrante de la comisión fiscalizadora del Iosper. Se presentó en 2014 y, tras la quiebra quedó inhabilitado para ejercer la función pública.

En el caso de los trabajadores estatales, la mayoría de quienes solicitan su quiebra personal en los tribunales son agentes de la Policía de Entre Ríos, aunque se extiende a casi todas las áreas de la administración pública.

La situación es tal que solo el año pasado se registraron ocho suicidios de policías, asociados a esta problemática.

Acaso como un botón de muestra, a mediados de marzo se decretó la quiebra de un agente de Policía que, con un año y medio de antigüedad, percibía un salario bruto de 1.137.000 pesos, pero los descuentos lo dejaban con apenas 40 mil pesos disponibles. En el expediente se acreditaron deudas por 10.755.000 pesos y la precariedad lo había llevado a vivir en una dependencia de la Policía en Paraná porque no podía afrontar un alquiler. Uno entre tantos. Situaciones dramáticas, críticas, extremas de trabajadores que se presentan en los tribunales para pedir su propia quiebra.

Paliativos

En el congreso hay veinte proyectos para tratar de aliviar el drama que viven las familias. Uno de ellos, de autoría del ex gobernador Gustavo Bordet.

En algunos de esos proyectos se pone en discusión la legitimidad en la composición de las deudas familiares –tanto en el motivo de la deuda, como en las condiciones de usura son impuestas por el mercado– y plantean condonaciones o quitas.

En la provincia, hace unos días el Gobierno presentó un programa conjunto con el Bersa, el agente financiero, para la refinanciación de deudas destinado a trabajadores públicos y privados y también a jubilados, con el objetivo de aliviar la carga financiera mediante la refinanciación con tasas más bajas y plazos extendidos. El programa prevé la refinanciación de deudas bancarias, financieras y con mutuales.

Es un paliativo. Aunque no ataca el problema de fondo: que los salarios no alcanzan para vivir dignamente. Porque el problema, como se dijo, es el modelo.