JUSTICIA Y POLÍTICA
Pretenden limitar los juicios abreviados en los casos de corrupción
30/09/2025
En paralelo al debate de la comisión reformadora del Código Procesal Penal, una diputada oficialista propuso establecer algunas limitaciones para la aplicación del juicio abreviado en casos de corrupción contra la administración pública. Cómo cayó y qué se dice a ambos lados de Plaza Mansilla.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El Gobierno viene tejiendo cuidadosamente la relación con el Poder Judicial, con intenciones de avanzar en una serie de reformas que intentará abordar en los próximos meses: los códigos procesales, el Consejo de la Magistratura y algunas leyes complementarias. A ambos lados de Plaza Mansilla reconocen los buenos oficios de Julián Maneiro desde que se hizo cargo de la Secretaría de Justicia, pero miran de reojo a la Legislatura, que a veces parece no exhibir coordinación en la tarea.
En ese contexto, se está transitando el camino hacia una reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, la vedette en la agenda oficial. El primer paso fue la creación de una comisión a cargo de Rubén Virué; recientemente se presentaron veinte puntos relevados en conversaciones con diferentes sectores de la comunidad judicial; y ahora se trabaja con la idea de tener un proyecto antes de fin de año.
Pero hay legisladores que manejan su propia agenda y eso pone los pelos de punta a los funcionarios cercanos al gobernador que llevan casi dos años tendiendo puentes con los tribunales.
Una de ellas es la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos-Concordia), que ha impulsado distintas iniciativas legislativas relacionadas con el Poder Judicial. La que tuvo más rebote público es una que propone incorporar la figura de la reiterancia como criterio para la disposición de la prisión preventiva, cuestionada en comisión por el procurador Jorge García y otros operadores judiciales. Antes también propuso, por ejemplo, la adhesión provincial a la “ley antimafias”, que tiene por objeto generar herramientas útiles para la investigación de las organizaciones criminales. En ambos casos, se trata de propuestas que deambulan en comisión.
Ahora, en paralelo al debate de la comisión reformadora del Código Procesal Penal, propuso una serie de modificaciones para la aplicación del juicio abreviado en casos de corrupción contra la administración pública.
El juicio abreviado es una herramienta que permite a los acusados hacer una negociación para evitar el juicio oral y público: a cambio de declararse culpable, un acusado, a través de su defensor, acuerda con el fiscal una pena menor a la que potencialmente podría corresponderle en caso de ser condenado en un debate oral. Claro que existen límites: es necesario que los jueces convaliden este acuerdo. En la justicia federal, la pena impuesta en el abreviado no puede superar los seis años; en los tribunales provinciales no existe esa limitación.
Específicamente, la diputada Laner pretende limitar el juicio abreviado cuando se trate de delitos contra la administración pública cometidos por determinados funcionarios en ejercicio de sus funciones.
La propuesta no es nueva: ya en períodos anteriores se han promovido iniciativas similares que no han avanzado en la Legislatura. Incluso el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha promovido una reforma, pero no en función de ciertas figuras penales, sino una limitación en los tiempos: que no pueda celebrarse un acuerdo de juicio abreviado luego de la causa haya sido remitida a juicio.
Volviendo al proyecto de Laner, plantea, por un lado, que las acusaciones por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, concusión y enriquecimiento ilícito no puedan ser resueltas mediante un juicio abreviado; y, por otra parte, tampoco podrán firmar juicios abreviados los funcionarios que ocupen cargos de director o equivalente hacia arriba en el organigrama “cuya competencia tenga directa relación en la comisión del hecho delictivo” que esté sometido a investigación.
En los fundamentos, la diputada señaló que “muchas veces no se tiene en cuenta que algunos funcionarios caen en la investigación (¡¿caen?!) sin estar en el corazón de una red de corrupción y allí la posibilidad de ofrecer información puede ser un estímulo para avanzar en cosas de mayor envergadura”. Por eso, plantea que un director podría acceder a un abreviado si se convierte en arrepentido y aporta información que permita esclarecer el hecho y responsabilizar a quienes ocupen un cargo jerárquico superior.
Aunque en off the record, la reforma que propone la legisladora oficialista ha cosechado rechazos: en el Poder Ejecutivo dicen no estar al tanto; y en tribunales dudan que supere los filtros constitucionales.
También hay razones prácticas: en la actualidad, tres de cada cuatro causas penales que llegan a juicio se resuelven por un abreviado. Las de corrupción no son excepción. Este criterio que pretende imponer Laner hubiera impedido, por ejemplo, la condena al ex ministro Guillermo Smaldone, que recientemente admitió haber participado de un esquema de corrupción para beneficiar al empresario paraguayo Diego Armado Cardona Herreros, señalado como testaferro del ex gobernador Sergio Urribarri.
De momento, el proyecto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a la que también iría, cuando esté lista, la reforma en la que trabajando el Poder Ejecutivo. Hasta entonces no habrá novedades.