Allanamientos en Paraná y Concordia y pedido de desafuero y detención de Kueider

12/12/2024

La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió el desafuero y la detención de Edgardo Kueider y ordenó múltiples allanamientos en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento que tiene bajo la lupa al senador entrerriano. Según pudo saber Página Judicial, hay operativos en marcha en la Ciudad de Buenos Aires, como también en propiedades que se le atribuyen en Paraná y Concordia en busca de documentación relacionada con esa pesquisa.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la inmediata detención de Edgardo Kueider, para lo cual cursó un pedido de desafuero ante la Cámara de Senadores, que tiene previsto reunirse este jueves para debatir la expulsión o suspensión del legislador entrerriano. Del mismo modo, dispuso la detención Iara Guinsel Costa, la secretaria de Kueider.

Ambos permanecen bajo arresto domiciliario en Paraguay desde que fueron sorprendidos cuando pretendían ingresar con 211.202 dólares, 600.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. Ante ese escenario, la magistrada dictó una orden de captura internacional a Interpol respecto de la secretaria y el desafuero de Kueider.

Arroyo Salgado, además, dispuso una veintena de allanamientos en propiedades que se le atribuyen a Kueider en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también en el Edificio Live en Paraná e inmuebles de Concordia y en estudios de profesionales. También pidió autorización al Senado para allanar el despacho del legislador entrerriano y que, mientras se autoriza la medida, se tomen medidas para preservar pruebas.

Efectivos de Gendarmería se presentaron en horas de la mañana en el Edificio Live, sito en calle Santiago del Estero 511 de Paraná, donde Kueider sería propietario de tres departamentos y dos cocheras que figuran a nombre de la empresa Betail SA, en la que figura como socio en un 50 por ciento de las acciones. A partir de junio, las expensas de los cinco inmuebles pasaron a figurar a nombre de Iara Guinsel Costa. También fue allanado el estudio de profesionales y desarrolladores inmobiliarios que tuvo a su cargo la ejecución del proyecto. Allí secuestraron documentación, equipos informáticos y elementos de almacenamiento de información.

Kueider ingresó a Betail en diciembre de 2019 cuando compró el 50 por ciento de las acciones, junto con su socio y amigo Rodolfo Daniel González, empleado planta permanente de la Biblioteca del Congreso y que pasó a desempeñarse en el despacho del senador entrerriano cuando asumió su banca en diciembre de 2019. Poco después, González le transfirió sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider.

La jueza Arroyo Salgado, además, dispuso allanamientos en inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculados a Kueider.

En Concordia, de donde es oriundo el senador, se desarrollaron procedimientos en una escribanía que pertenecía a Amado Ismael Kueider –tío del senador– hasta su fallecimiento en agosto de 2023 y que el 7 de diciembre fue asignada a María Natalia Goñe, que estaba adscripta a ese registro notarial, según se indicó a Página Judicial. Otro operativo se concretó en la casa de la familia de Iara Guinsel Costa.

La investigación que tiene bajo la lupa a Kueider es un desprendimiento de otra que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado por el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos que habría hecho la multinacional sueca Securitas para sostener contratos de vigilancia y seguridad con Enersa y otros organismos. Allí no aparece el nombre de Kueider, pero hace unos meses un periodista se presentó ante el fiscal Fernando Domínguez con recortes periodísticos relacionados con esa pesquisa y un escrito pidiendo que se investigue al senador por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos.

Para que Kueider pueda ser indagado, la Cámara de Senadores deberá previamente votar su desafuero. Ello en virtud de que la Constitución le impide a la Justicia detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo e incluso interceptar sus comunicaciones.