DERECHOS HUMANOS
Los entrerrianos que sostienen el negacionismo libertario
29/07/2024
El gobierno de Javier Milei oscila entre el negacionismo y la reivindicación de la última dictadura cívico-militar y dos paranaenses se han erigido en ejecutores de acciones concretas. Las visitas de Beltrán Benedit a represores condenados y las acciones de Lucas Erbes, que pasó de colaborar en una fiscalía que investigaba crímenes de la dictadura a desarticular equipos de trabajo en el Ministerio de Defensa.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Niegan la pandemia. Niegan el cambio climático. Niegan la violencia de género. Niegan, por supuesto, los crímenes de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, con frases como “no fueron 30 mil”, “hubo una guerra” o “fueron excesos”.
El gobierno libertario oscila entre el negacionismo y la reivindicación de la última dictadura. En cualquier caso, lo hace a través de un aparato de propaganda política que falsea el pasado: la negación de la existencia de desaparecidos o del robo de bebés, la justificación de sus secuestros y asesinatos, la existencia de una guerra o la relativización la cifra de 30 mil. La posverdad, al palo.
La visita de diputados libertarios a represores condenados, como hecho inédito en democracia, representa un paso más y devela una serie de movimientos administrativos y políticos que viene realizando el Gobierno. Esas acciones tienen a dos entrerrianos como protagonistas centrales: el diputado nacional Beltrán Benedit y el abogado Lucas Miles Erbes, a cargo de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
Benedit, un neolibertario conservador, fue el impulsor y cabecilla de la visita de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para entrevistarse con genocidas de la última dictadura cívico-militar.
Pero esa no fue la primera visita oficial a represores. El diario Página/12 confirmó, a través de un pedido de acceso a la información pública, que Lucas Erbes y Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, habían visitado a militares presos en Campo de Mayo el 7 de marzo, “con el objetivo de visitar y ver el estado de las instalaciones”, según la respuesta del Ministerio de Defensa.
Erbes es un abogado paranaense, egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), diplomado en derechos humanos por la Universidad Austral, militante del PRO, que paradójicamente se postuló para trabajar en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos en la Justicia Federal de Paraná –aunque no fue convocado–y, hasta el día en que fue se convirtió en funcionario de Milei, se presentaba en sus redes sociales como empleado de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
En esa ocasión, Erbes se entrevistó, entre otros, con Juan Daniel Amelong, condenado por el robo de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná. En la reunión, según se indicó, los represores le habrían entregado el boceto de un decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que son delitos imprescriptibles.
El 28 de marzo Erbes inició el proceso de desarticulación los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), un área creada a partir de la desclasificación de toda la información que estuviera en poder de las Fuerzas Armadas sobre el período de la última dictadura y tenía facultades para requerir todo tipo de legajos y documentación de militares y responder a requerimientos judiciales en causas por crímenes de lesa humanidad.
Erbes comunicó el despido de los expertos que relevaban y analizaban los archivos, luego de que el ministro Luis Petri los acusara de ser un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares.
Después de echar a los expertos, Erbes abrió la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, hijos de militares y militantes de organizaciones de “memoria completa” a las que adscriben Victoria Villarruel y Cecilia Pando.
El 15 de marzo, ocho días después de la visita de Erbes, llegaron a Campo de Mayo los diputados Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, aquella vez discretamente. Son dos de los legisladores nacionales que repitieron visita.
Luego de esa visita, el ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian von Wernich, oriundo de Concordia y condenado a prisión perpetua por el asesinato de siete personas y más de secuestros, publicó una carta saludando la visita de los seis diputados: “Con el compromiso de su juramento frente a los Santos Evangelios decidieron visitar presos en determinada fecha y llevar el mensaje esperanzador de sus oraciones para alimentar la fe de los ancianos y enfermos que estaban visitando”, escribió.
Al parecer, Benedit había estado también en la cárcel de Ezeiza semanas antes de la visita que desató el escándalo y se había comprometido a volver con algunos colegas de la Cámara de Diputados. Y no les falló.
Al día siguiente de aquella primera visita, Benedit ensalzó en sus redes sociales a quienes “protegieron con sus vidas de las garras violentas del marxismo y que la sociedad ha olvidado” y aseguró que está trabajando por la pronta liberación de “todos los patriotas”.
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El 11 de julio, Benedit volvió al complejo penitenciario de Ezeiza acompañado de los diputados Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, para entrevistarse con Alfredo Astiz, Adolfo Donda y otros represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Los legisladores lo hicieron a bordo de una camioneta oficial que partió a las 12.57 desde el Congreso y retornó a las 19.12, lo que implicaría que el encuentro no fue breve.
El escándalo de aquella visita ha tenido implicancias judiciales y políticas.
Benedit fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires por el delito de apología del crimen, que prevé penas de entre un mes y un año de prisión; y el colectivo de abogados que intervienen en causas de derechos humanos solicitó a la Cámara de Diputados que se abra un expediente disciplinario contra los seis diputados que visitaron a los represores.
En el Congreso, en tanto, hay tres proyectos que tienen estado parlamentario que proponen diferentes tipos de modalidades sancionatorias contra quienes realicen expresiones negacionistas en medios de comunicación, con agravantes en caso de que sean realizadas por funcionarios públicos.
Todas las propuestas –que se complementan entre sí– se encuentran para tratadas en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados y, en líneas generales, prevén la incorporación al Código Penal de un delito para sancionar a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, algo que parece haberse puesto de moda en tiempos libertarios.