La Libertad Avanza quiere habilitar el uso de armas no letales para la Policía

03/04/2024

El diputado Roque Fleitas, un militar retirado, presentó un proyecto para habilitar a la Policía de Entre Ríos a utilizar dispositivos “no letales” como instrumento para prevenir y detener contravenciones y delitos. Los antecedentes y la reacción de los organismos de derechos humanos.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto a través del cual se pretende regular el uso de armas no letales por parte de la Policía de Entre Ríos como instrumento para prevenir y detener contravenciones y delitos en la provincia.

La iniciativa lleva las firmas de Roque Fleitas, un militar retirado, y Débora Todoni, ambos de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia. Busca habilitar el uso de dispositivos no letales, que transmiten una descarga eléctrica con el objetivo de inmovilizar a una persona para su posterior detención.

“Las razones fundamentales que motivan esta propuesta pueden resumirse en la necesidad de brindar a las fuerzas de seguridad herramientas eficaces y seguras para el cumplimiento de sus deberes, priorizando la prevención y minimizando el riesgo de lesiones tanto para los agentes como para los ciudadanos involucrados”, consignó el diputado Fleitas en los fundamentos del proyecto de su autoría.

Hasta el momento, la única jurisdicción del país que utiliza este tipo de armas es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las estrenó a mediados de 2023, presentándolas como “una herramienta capaz de contener una acción violenta sin tener que usar un arma terminal”.

Sin embargo, estas armas de descarga eléctrica vienen pidiendo pista hace varios años para la gestión de la seguridad pública. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Gustavo Hein, presentó un proyecto cuando era legislador nacional para autorizar y regular su uso por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.

El proyecto de Fleitas sostiene que este tipo de armas, a las que considera “no letales”, será para uso exclusivo de los efectivos de la Policía de Entre Ríos y “con el objetivo de prevenir, detectar y detener contravenciones y delitos dentro del territorio provincial”.

En rigor, las armas electrónicas no son “no letales”, sino de armas “menos letales”, como se ha comprobado en los países que han adoptado su uso y lo admite en su página web la empresa que fabrica las pistolas Taser, una de las más conocidas.

La iniciativa cosechó el inmediato rechazo de la Multisectorial de Derechos Humanos, que advirtió que el uso de armas electrónicas “atenta contra los derechos fundamentales de todos y todas y otorga más poder para actuar discrecionalmente a las fuerzas de seguridad”, según dijeron los organismos el último 24 de marzo.

Entre los fundamentos, el legislador sostiene que el proyecto “se fortalece ante las distintas situaciones que han ocurrido en el territorio provincial”, entre las que menciona la muerte aún no esclarecida de Ariel Goyeneche a manos de la Policía, en un hecho que ha puesto en debate el accionar de los efectivos frente a un joven que atravesaba una crisis de salud mental, provocada o exacerbada por sus consumos problemáticos. Cabe preguntarse si el uso de un arma electrónica habría evitado esa muerte. “Estos eventos, destacan la importancia de prevenir situaciones donde el proceder de los efectivos policiales pueda generar consecuencias graves, incluyendo la pérdida de vidas humanas”, sostiene el diputado Fleitas.

En su articulado, el proyecto de Fleitas plantea que “en su utilización convencional, el armamento debe abstenerse de causar la muerte, daños permanentes a la salud o lesiones graves al individuo bajo su uso” y “su finalidad principal debe ser la mera inmovilización transitoria, ya sea con el objetivo de detener a una persona o de poner fin a una acción violenta ilegítima”.

El proyecto también prevé la elaboración de un protocolo para regular el uso de este tipo de armas denominadas no letales, que estaría a cargo de una comisión especial integrada por tres representantes del Poder Judicial propuestos por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), tres diputados provinciales miembros de la Comisión de Seguridad, tres representantes del Poder Ejecutivo y podrían sumarse tres representantes de asociaciones civiles versadas en materia de seguridad pública.