Pidieron el juzgamiento de dos gendarmes por delitos de lesa humanidad

24/10/2023

Se trata de Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, quienes están acusados de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia y torturas en perjuicio de militantes del Partido Comunista. Entre las víctimas hay tres menores de edad.

De la Redacción de Página Judicial

 

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó la remisión a juicio de una causa contra dos oficiales de Gendarmería Nacional, acusados por la detención ilegal y las torturas que sufrieron militantes del Partido Comunista de Concepción del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.

Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, ex oficiales de Gendarmería en Concepción del Uruguay, están acusados de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia y torturas en perjuicio de siete víctimas, tres de ellos menores de edad.

Según el relato de las víctimas, el 12 de mayo de 1977, fuerzas conjuntas irrumpieron violentamente en la vivienda de Roberto Montesino, militante del PC de Concepción del Uruguay, donde celebraban el cumpleaños de Carlos Stur, en compañía de sus camaradas Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl Impini, Jorge Impini y Raúl Jáuregui, y algunos familiares.

En la casa había una veintena de personas, entre hombres, mujeres y niños. Echeverría contó que “estaban los varones afuera en el patio y las mujeres en una habitación” y recordó que en un momento ingresó a la habitación y vio que había una persona que no recuerda si era militar o gendarme, apuntándoles con un arma.

Los verdugos retuvieron a mujeres y niños en la habitación e hicieron salir a los hombres al patio, donde les hicieron poner las manos contra la pared, los insultaron y volcaron todas las bebidas sobre el asado.

Luego los militantes fueron obligados a subir a una camioneta y golpeados en el trayecto hasta el Destacamento de Gendarmería. Una vez allí, los obligaron a formar fila y los golpeaban con la culata de los fusiles FAL; después los metieron en un calabozo, les hicieron sacar la ropa y a uno de ellos le echaron agua de heladera y lo golpearon durante media hora, antes de someterlos a un simulacro de fusilamiento.

El operativo estuvo encabezado por el militar José Luis Palacios (fallecido), pero también intervinieron agentes de Gendarmería y de la Policía Federal. Los militantes atribuyeron un rol central a Caserotto y Gómez del Junco en las detenciones ilegales y en las sesiones de torturas a que fueron sometidos durante veintiséis días.

Incluso en ese período fueron trasladados a la unidad penal, pero el jefe de guardia se negó a recibirlos porque en el lugar no había médico –que constatara las lesiones que tenían producto de las torturas–, por lo que volvieron a Gendarmería.

Con respecto a las demás personas que vivían en la casa, permanecieron privados ilegalmente de su libertad con custodia de Gendarmería alrededor de diez días en la vivienda, de acuerdo a los testimonios obtenidos en el expediente.

La fiscal Minatta destacó en su requerimiento de elevación a juicio la privación ilegal de la libertad y las torturas impuestas a dos de las tres víctimas menores de edad y el trato que recibió el hijo menor de edad de uno de los denunciantes.

Una de las víctimas, que tenía en ese momento 4 años, “fue amenazada de muerte, le pusieron un arma en la cabeza y permaneció secuestrada en su propio domicilio, junto a su madre y a su hermanito (de 7 años) durante aproximadamente diez días”, señaló la fiscal, y agregó que “sufrieron un patrón de secuestro y privación de la libertad”.

En el pedido de elevación de la causa a juicio, la fiscal Minatta detalló que se trata de casos en los que las fuerzas represivas privaron de su libertad a niños y niñas durante el tiempo en que se desarrolló el operativo de secuestro en el mismo domicilio que fue utilizado como espacio para la aplicación de torturas físicas y psicológicas, tanto sobre adultos y adultas como sobre los infantes. “Este patrón de secuestro que se verificó en otros operativos del país, también se aplicó en Concepción del Uruguay”, aseguró.

A la caza de comunistas

La cacería contra militantes del Partido Comunista continuó. El 12 de enero de 1978, una patota de la Policía Federal secuestró y torturó a dos de ellos cuando se encontraban acampando en Banco Pelay.

Según relataron ante la justicia, los dos militantes estaban con otro compañero y el hijo de uno de ellos cuando aparecieron cuatro personas, entre los que reconocieron a Julio César Rodríguez, alias Moscardón Verde, y a Pedro Rivarola, otro policía federal, y se los llevaron violentamente, les vendaron los ojos y los trasladaron hasta una casa operativa que presumen estaba cerca del Arroyo Colman. Rodríguez fue condenado en 2019 por estos hechos y recibió una pena de 17 años de prisión.

En ese lugar estuvieron esa noche atados con alambres alrededor del cuello, los golpearon con un palo y con manoplas de hierro y les aplicaron picana eléctrica en distintas partes del cuerpo. El interrogador, dicen, “tenía una voz suave y pausada”, pero no pudieron reconocerlo. Uno de ellos dijo que durante la tortura se le despegó la cinta que le habían puesto sobre los ojos y alcanzó a reconocer a Gómez del Junco; y otro de los militantes mencionó la presencia de alguien que podría ser un médico monitoreando las sesiones de tortura.

Luego de dos horas, el grupo de tareas volvió a trasladarlos hasta el puente de hierro, en la entrada de Banco Pelay, donde los dejaron vendados, boca abajo y les recomendaron que no se levantaran hasta después de media hora.

La fiscal Minatta se refirió al trato que recibió el hijo del denunciante: “Fue abandonado en el balneario Banco Pelay durante toda una noche en que permaneció solo, con 10 años, habiendo presenciado las detenciones ilegales de su padre y sus compañeros, sin saber cuál sería el destino. Cuando volvieron a buscarlo, se encontraba en estado de desesperación”.

Minatta resaltó que si bien hubo causas judiciales en que se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos en la Ciudad de Concepción del Uruguay en ninguna de ellas se investigó en particular qué sucedió con las y los niños y niñas. “En su adultez se les convocó para dar testimonio por sus padres y madres, pero no se indagaron en estos procesos judiciales las vulneraciones perpetradas sobre ellos y ellas”, subrayó.

“Las prácticas represivas perpetradas sobre las infancias fueron igualmente aterrorizantes y les afectaran con igual intensidad que a los adultos, a pesar de no haber sido las personas directamente perseguidas. Estas prácticas les alcanzaron individualmente y produjeron afectaciones que perduran en el tiempo”, concluyó.