Rechazan probation a tres apicultores acusados por incendios en el Delta

26/09/2023

El fiscal José Ignacio Candioti rechazó un pedido de probation en beneficio de tres apicultores que fueron imputados por haber iniciado quemas intencionales en islas ubicadas en el departamento Gualeguay. El fiscal consideró que el conflicto es de tal gravedad que amerita ser resuelto en un juicio oral y público.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El fuego es una práctica habitual en las islas. Lo dicen los isleños, los productores, también los científicos y lo decían hace más de un siglo el escritor y educador Marcos Sastre o el naturalista francés Alcides D’Orbigny, en sus magistrales retratos de ese paisaje natural que conocemos como el Delta.

“El hombre cree que, sin más examen que el de su inmediato provecho, puede entrar a sangre y fuego en los dominios del reino animal y vegetal”, advertía Sastre en su obra titulada El Tempe Argentino, donde describe las desventuras que podría provocar la acción humana en el humedal.

Un siglo y medio después, la bajante del río ha provocado que se secaran los suelos y, por lo tanto, se acumulara una mayor cantidad de biomasa, aumentando las probabilidades de que se produzcan incendios. El fuego puede iniciarse de manera natural o intencional, pero una vez que ocurre, las llamas se propagan ante la falta de agua, el cortafuegos natural. El resultado, en 2020, fue un desastre ecológico de magnitudes incalculables y aún se discute si el Poder Judicial es quien debe brindar una respuesta a ello.

Como fuera, seis apicultores serán juzgados por haber provocado incendios en inmediaciones de los ranchos, a modo de contrafuego, para evitar que el fuego que se aproximaba afectara sus colmenas.

El Tribunal Oral Federal de Paraná no ha fijado fecha de juicio, pero en un caso el fiscal general, José Ignacio Candioti, rechazó hace unos días un pedido de suspensión del proceso a prueba en beneficio de Rodolfo Herrera y sus hijos, Daniel y Adán Ignacio Herrera, tres apicultores acusados de haber provocado un incendio en la denominada Isla del Holandés, en jurisdicción del departamento Gualeguay.

Los apicultores están imputados por estrago doloso, un delito que prevé penas de tres a diez años de prisión para aquel que causare incendio, explosión o inundación, habiendo generado un peligro común para bienes o personas indeterminadas.

El fiscal, citado por el diario La Nación, explicó que la conducta de los apicultores derivó “en incendios con peligro para el bien común” y destacó que la protección de los humedales es “primordial” porque permiten “el mantenimiento de la diversidad biológica, la paliación de inundaciones, el reparo al cambio climático, la provisión y el abastecimiento de agua”.

En su dictamen, Candioti estableció una relación entre el cuidado del ambiente y el de la salud, al señalar que la generación de incendios en sitios catalogados como humedales “compromete a su vez la salud de los habitantes y el ambiente, y cuyo derecho a su goce tiene jerarquía constitucional, en razón de lo establecido por el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”.

En ese marco, el fiscal consideró que los incendios “constituyeron un caso de gran repercusión nacional debido al grave daño que causaron” y eso es motivo suficiente para que la responsabilidad que pudiera caberles a los apicultores debe ser analizada en un juicio oral y público “donde se expongan todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos”, al tiempo que resaltó “que el compromiso del Estado en la tutela del ambiente constituye una obligación primordial no solo de cara a la sociedad actual, sino para garantizar el aprovechamiento del ambiente de las futuras generaciones”.

Los apicultores fueron sorprendidos en un avistaje aéreo e inmediatamente se montó un operativo por tierra y agua en conjunto con la Policía de Entre Ríos en el que fueron detenidos y se les secuestraron una horquilla, una pala ancha, un encendedor, tres celulares y una lancha. En sus declaraciones dijeron que estaban realizando un contrafuego para impedir el avance de las llamas y que lo hicieron para proteger los panales que explotaban en esa zona del humedal, a pesar de que se trata de una maniobra que solo están autorizados a realizar bomberos o brigadistas.

El asentamiento estaba ubicado en una isla que es propiedad de una empresa de capitales neerlandeses, la multinacional Bema Agri BV, dedicada al desarrollo de actividades agrícolas. Antes se la llamaba Isla Irupé, pero desde la irrupción de los neerlandeses, en 2008, comenzó a ser nombrada como Isla del Holandés. La firma desarrolló tareas agrícolas y ganaderas sin ninguna autorización de la Municipalidad de Victoria hasta que en 2018 la justicia entrerriana la condenó a cesar en sus actividades invasivas en un área natural protegida y la instó a derribar los terraplenes que había levantado, desviando el curso de agua.

Entonces, Bema Agri abandonó las actividades productivas y puso a la venta las islas a través de una inmobiliaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que las ofertaba por más de 10 millones de dólares. Ahí tenían sus panales los Herrera.