Primer juicio por los incendios en el Delta: tres apicultores en el banquillo

17/07/2023

El juez federal de Victoria, Federico Martín, remitió a juicio una causa contra tres apicultores que fueron sorprendidos prendiendo un fuego en islas del Delta y luego de la feria haría lo propio con otro legajo que tiene como imputadas a otras tres personas dedicadas a la cría de abejas. Sin embargo, persiste una pregunta: ¿es la justicia penal una solución a los incendios?

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Las consecuencias jurídicas por los incendios en el Delta tuvieron en estos días un primer impacto en los tribunales: el juez federal de Victoria, Federico Martín, remitió a juicio una causa contra tres apicultores y hará lo propio con otro legajo que tiene como imputados a otras tres personas dedicadas a la cría de abejas en las islas.

Tal vez quedará para la próxima quema el debate sobre la eficacia de la persecución penal para evitar los incendios, un fenómeno que ambientalistas, funcionarios políticos, judiciales y académicos coinciden en calificar como multicausal.

Lo cierto es que hace unos días el juez Federico Martín remitió a juicio una causa que tiene como imputados a Jesús Alberto Magallanes, Oscar Alberto Magallanes y Miguel Ramón Morales, que admitieron haber realizado una quema de pastizales en las inmediaciones de su rancho a modo de contrafuego, ya que existían focos ígneos que se aproximaban al asentamiento en el que tenían sus colmenas.

Los imputados son apicultores en San Pedro que tenían unos cajones con colmenas en las Islas Lechiguanas, frente a la localidad bonaerense y en jurisdicción entrerriana. El 22 de agosto de 2022 se enteraron que el fuego que se extendía en el humedal se acercaba hacia donde estaban las abejas y decidieron hacer un contrafuego para tratar de impedir el avance de las llamas que ellos no habían provocado.

En rigor, el contrafuego es una práctica que consiste en generar un fuego para que otro fuego que se aproxima se quede sin oxígeno y los únicos autorizados son bomberos o mediante planes de manejo del fuego. Lo que hicieron los apicultores fue cortar pastos y otros materiales vegetales circundantes al lugar donde tenían sus colmenas para que cuando llegara el fuego no tuviera ese material combustible y se apagara, no por otro fuego sino porque se hubiera quedado sin la biomasa para la combustión.

Su error fue que leyeron mal el comportamiento del viento, que terminó rotando hacia donde estaban ellos y lo que pretendía ser un fuego focalizado terminó siendo un incendio fuera de control que habría afectado unas 6 mil hectáreas.

Los tres apicultores están imputados por estrago doloso, un delito que prevé penas de tres a diez años de prisión para aquel que causare incendio, explosión o inundación, habiendo generado un peligro común para bienes o personas indeterminadas. Es la misma figura que se aplicó, por ejemplo, a los acusados por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero para ocultar la venta ilegal de armas durante el menemismo.

Los hechos no son comparables, pero la imputación debe enmarcarse en una carencia del Código Penal de una figura que tipifique específicamente el daño ambiental, algo en lo que insisten las organizaciones ambientalistas, hasta ahora sin suerte.

El concepto de la imputación es que los apicultores provocaron un incendio –que pretendió ser controlado– a sabiendas de que tras tres años de sequías, y con cadenas informativas dando cuenta del desastre, realizaron una maniobra que se considera temeraria contra el ambiente.

La isla de los neerlandeses

En los próximos días será elevada a juicio otra que tiene como imputados a tres apicultores que habrían provocado un incendio en la denominada Isla del Holandés, en jurisdicción del departamento Gualeguay.

Los imputados son Rodolfo Herrera, de 54 años, y sus hijos Daniel y Adán Ignacio Herrera, de 22 y 18 años, respectivamente, oriundos de Villa Constitución. Los tres fueron sorprendidos en un avistaje aéreo e inmediatamente se montó un operativo por tierra y agua en conjunto con la Policía de Entre Ríos en el que fueron detenidos y se les secuestraron una horquilla, una pala ancha, un encendedor, tres celulares y una lancha. En sus declaraciones dijeron ser apicultores que estaban en el lugar realizando un contrafuego para impedir el avance de las llamas y argumentaron que lo hicieron para proteger los panales que explotaban en esa zona del humedal, a pesar de que se trata de una maniobra que solo están autorizados a realizar bomberos o brigadistas.

El caso de estos tres apicultores expone la complejidad de las relaciones que se producen entre los distintos actores sociales que intervienen en el extenso humedal, pero también la falta de ordenamiento territorial y de diálogo entre jurisdicciones. “Hay un aquelarre en el Delta provocado por un gran desmanejo”, describió un funcionario judicial ante la consulta de este cronista. “Las islas tienen un dueño, que no vive ahí; hay puesteros, contratados por el dueño; a veces ese puestero subdivide el territorio bajo su control y permite que haya gente asentada en ranchos”, agregó.

La isla en cuestión es propiedad de una empresa de capitales neerlandeses, la multinacional Bema Agri BV, dedicada al desarrollo de actividades agrícolas. Antes se la llamaba Isla Irupé, pero su denominación cambió a partir de la irrupción de los neerlandeses, en 2008, aproximadamente. La firma desarrolló tareas agrícolas y ganaderas sin ninguna autorización de la Municipalidad de Victoria hasta que en 2018 la justicia entrerriana la condenó a cesar en sus actividades invasivas en un área natural protegida y la instó a derribar los terraplenes que había levantado.

Entonces, Bema Agri abandonó las actividades productivas y puso a la venta las islas a través de una inmobiliaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que las ofertaba por más de 10 millones de dólares. Parte del “aquelarre”.

Una tercera causa que tramitaba en la justicia federal de Victoria fue a parar los tribunales provinciales. Tenía como imputado al puestero de una isla que fue apresado in fraganti. Los efectivos del Grupo Albatros, la división de élite de la Prefectura Naval, dijeron que estaba iniciando una quema de pastizales y que lo detectaron por una pequeña columna de humo que se desprendía en el río Espinillo. El hombre, en cambio, dijo que solo encendió un cigarrillo y ese fue el origen del fuego.

La causa pasó a los tribunales provinciales porque quedó encuadrada como una tentativa, ya que los uniformados llegaron cuando el fuego no se había propagado, por lo tanto, no llegó a haber una afectación interjurisdiccional, es decir, a más de una provincia, que es uno de los requisitos para que una causa permanezca en el fuero federal.

El campo es propiedad de un empresario de Victoria que lo alquila para ganadería a una misma persona desde hace veinte años, aproximadamente. Ese inquilino, a su vez, tiene un puestero que cuida animales ajenos y tiene algunos propios pastando en el campo. El puestero, por su parte, tiene a su hijo cuidando a sus animales. El imputado en la causa es hijo del puestero. Parece un rompecabezas, y efectivamente lo es, y constituye un botón de muestra sobre la complejidad de los actores que intervienen en el territorio.

El juez federal de Paraná Daniel Alonso, en tanto, tiene a su cargo un expediente por incendios forestales contra los particulares con posesiones en las islas de Victoria. En el mes de octubre de 2020 el magistrado citó a prestar indagatoria a 46 empresarios, ganaderos y hacendados, la mayoría de ellos domiciliados en provincia de Santa Fe, aunque algunos aparecen en los registros de Entre Ríos. El nombre más rutilante es el que lleva en la carátula: Rufino Pablo Baggio. Todos fueron imputados por delitos de incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves. Luego la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó ante el juez y pidió que se investigue a quienes figuran como propietarios de las islas por lavado de activos. Sin embargo, la causa no ha registrado mayores avances, como la discusión en el Congreso para dictar una ley de protección de los humedales. Lo que sí cambió en este invierno es la realización de patrullajes permanentes en la zona de islas, con resultados positivos, según dicen las autoridades, que han redundado en que no se produjeron quemas en zonas de bosques, montes e islas del Delta ni humo en las ciudades. Es que parte del aquelarre lo constituye la falta de controles.