Dos gendarmes procesados por delitos de lesa humanidad en Concepción del Uruguay

23/05/2023

El juez Pablo Seró dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, ex oficiales de Gendarmería, por los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia, torturas y asociación ilícita.

De la Redacción de Página Judicial

 

Dos ex oficiales de Gendarmería fueron procesados por la detención ilegal y la aplicación de torturas a militantes del Partido Comunista de Concepción del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.

Se trata de Néstor Alfredo Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto, que habían sido apartados de un juicio que se realizó en 2019 por problemas de salud y fueron reevaluados por peritos del Cuerpo Médico Forense a instancias de la fiscal Josefina Minatta. Ahora, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, les dictó el procesamiento sin prisión preventiva.

El magistrado consideró a los imputados coautores de los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia respecto de ocho personas, tormentos contra siete de ellos y asociación ilícita, por hechos perpetrados el 12 de mayo de 1977, y dispuso además el embargo de sus bienes en la suma de 500 mil pesos a cada uno de los procesados.

Para el juez, está probado que ambos “formaron parte de una asociación, de índole delictiva, tendiente a la producción de delitos indeterminados, con la excusa de poner fin al accionar subversivo”.

El 12 de mayo de 1977, una patota encabezada por el ex militar José Luis Palacios y Gómez del Junco irrumpió violentamente en la casa de un militante del Partido Comunista de Concepción del Uruguay mientras se celebraba un cumpleaños. En la casa había una veintena de personas, entre hombres, mujeres y niños, pero los represores se llevaron a tres de ellos, los colocaron boca abajo en la caja de un camión, los golpearon durante el traslado y también en el escuadrón de Gendarmería, previo a su alojamiento en un calabozo; incluso a uno de ellos lo hicieron desnudar, le tiraron agua de heladera y le aplicaron golpes de puño durante treinta minutos; y a otro lo golpearon con la culata de un fusil FAL.

En su momento, la fiscal Minatta emitió un dictamen en el que aseguró que Palacios tuvo “un rol central en las detenciones ilegales y las torturas” de los militantes comunistas e incluso fue señalado por una de las víctimas como quien dirigía el operativo junto al gendarme Gómez del Junco.

Una de las víctimas en la sede de Gendarmería Nacional fueron amenazados por Gómez del Junco; otra de las víctimas contó que en un momento trajeron un individuo con cara alcoholizada que los vendó, los ató y les hizo un simulacro de fusilamiento, luego les pegó con el cinto por la cabeza y la espalda”; y otro se refirió a Caserotto como la persona que habría entrado en la casa portando un arma.

Uno de ellos volvió a sufrir persecución en 1979, cuando efectivos de Gendarmería, encabezados por el teniente coronel Ratto y el segundo comandante Osvaldo Norberto Arias, realizaron un allanamiento ilegal en su domicilio. El hombre no estaba en la casa y alcanzó a ser advertido por un vecino, por lo que alcanzó a huir. Luego supo por su padre que entre los integrantes de la patota “había un señor de apellido Palacios”.

Gómez del Junco, además, fue acusado por tormentos y asociación ilícita por hechos ocurridos el 12 de enero de 1978 respecto de dos militantes comunistas. Según relataron ante la justicia, los dos militantes estaban con otro compañero y el hijo de uno de ellos, de 13 años, cuando aparecieron cuatro personas, entre los que reconocieron a los ex policías federales Julio César Rodríguez, alias Moscardón Verde, y a Pedro Rivarola, y se los llevaron violentamente, les vendaron los ojos y los trasladaron hasta una casa operativa que presumen estaba cerca del Arroyo Colman.

En ese lugar estuvieron esa noche atados con alambres alrededor del cuello, los golpearon con un palo y con manoplas de hierro y les aplicaron picana eléctrica en distintas partes del cuerpo. El interrogador, dicen, “tenía una voz suave y pausada”, pero no pudieron reconocerlo. A quien sí reconocieron como uno de los torturadores es a Gómez del Junco y uno de ellos también mencionó la presencia de alguien que podría ser un médico monitoreando las sesiones de tortura.

Luego de dos horas, el grupo de tareas volvió a trasladarlos hasta el puente de hierro, en la entrada de Banco Pelay, donde los dejaron vendados, boca abajo y les recomendaron que no se levantaran hasta después de media hora.

Para el juez, la privación ilegal de la libertad sufrida por los damnificados, tal como se desprende de los testimonios reseñados en la causa, se vio agravada en razón de haber sido cometida bajo violencia, con empleo de fuerza física directa sobre los detenidos.

En esa línea dijo que los testigos manifestaron que Caserotto y Gómez del Junco eran quienes dirigían el operativo en la sede de Gendarmería Nacional. “Cada testigo brindó pormenorizados datos acerca de diversos tópicos que hicieron al funcionamiento del comando militar y su proceder durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional”, destacó el magistrado.

Por otro lado, consideró acreditado que uno de los testigos fue torturado en la sede de la Gendarmería y que mostró las marcas que quedaron en su cuerpo cuando fue ingresado a la Unidad Penal Número 4, por lo que allí se negaron a recibirlo como detenido.