ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Rechazan el sobreseimiento y Urribarri va a indagatoria

17/05/2023

El ex gobernador deberá presentarse a prestar declaración de imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el juez Julián Vergara rechazara una serie de planteos efectuados por la defensa. Sus defensores adelantaron que apelarán la medida, pero Urribarri debería comparecer ante los fiscales el 14 de junio.

Rechazan el sobreseimiento y Urribarri va a indagatoria

De la Redacción de Página Judicial

 

El juez Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento que habían efectuado los defensores de Sergio Urribarri en la causa por enriquecimiento ilícito, por lo que el ex gobernador deberá presentarse a prestar declaración de imputado el 14 de junio.

El magistrado también rechazó los planteos de nulidad invocados por los abogados defensores en virtud de una supuesta parcialidad de parte del Ministerio Público Fiscal, prescripción e insubsistencia de la acción penal, es decir, que se extendieron los plazos razonables en la tramitación del proceso.

El ex mandatario está acusado por un supuesto enriquecimiento ilícito en una causa iniciada a fines de 2015, a raíz de una presentación efectuada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Un informe pericial determinó que entre 2008 y 2015 Urribarri habría tenido un crecimiento desproporcionado e injustificado de su patrimonio que estimaron en 11.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros. La imputación sostiene además que el ex mandatario habría utilizado a Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez como testaferros y “para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”.

El juez Vergara rechazó cada uno de los planteos efectuados por los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores del ex mandatario. Sostuvo que “no ha operado el instituto de la prescripción penal” sobre la base de que tras cesar en su cargo como gobernador, Urribarri se desempeñó ininterrumpidamente como funcionario público, primero como diputado provincial y luego como embajador.

No obstante, el magistrado aclaró que Urribarri tiene derecho a que el proceso penal “no dure eternamente” y consideró que “las investigaciones de larga duración son una afrenta para la dignidad de la propia persona que tiene derecho a aclarar su situación frente a la ley”, a la vez que “tiene derecho a una rápida resolución que ponga fin lo más rápido posible a la situación de incertidumbre”.

También rechazó el planteo de insubsistencia de la acción penal por entender que “la causa tuvo una intensa actividad procesal”, e incluso hizo notar que la defensa había tenido un rol activo en la tramitación del legajo.

El juez hizo notar que el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece que las investigaciones penales preparatorias no pueden extenderse por más de tres meses –más alguna prórroga que podrían solicitar las partes–, pero aclaró que ese plazo debe tomarse a partir de la declaración de imputado, que ha sido fijada para el 14 de junio.

Los defensores de Urribarri adelantaron que apelarán la medida ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Pero, en principio, el ex mandatario debería presentarse a declarar ante los fiscales Gonzalo Badano, Patricia Yedro y Juan Francisco Ramírez Montrull, que tienen a su cargo la investigación.

En la causa también está implicado el empresario Cardona Herreros. En su caso, los fiscales lo acusan de haber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial del ex gobernador, “a sabiendas que la capacidad económica de Sergio Daniel Urribarri era insuficiente para justificar inversiones y compra de bienes y servicios, en relación a las distintas fuentes de ingreso percibidos”.

Cardona Herreros es un empresario de nacionalidad paraguaya, titular de Relevamientos Catastrales SA y allegado a Urribarri. Está siendo investigado en otra causa por dos contrataciones para la provisión de un servicio de relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral. En 2014, la empresa fue contratada por el Ministerio de Trabajo para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de tres años y se le pagaron 19,8 millones de pesos. En tanto, en 2015, fue contratada por el Ministerio de Economía por 7.833.600 pesos para la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software”. Sin embargo, esta causa es delicadísima para buena parte del poder político por el material fílmico que contiene.