El tribunal oral rechazó rebajar la pena a un represor

22/02/2023

La Justicia entrerriana no hizo lugar al planteo del ex policía federal José Darío Mazzaferri y confirmó su condena a dieciocho años de prisión por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Concepción del Uruguay.

De la Redacción de Página Judicial

 

El Tribunal Oral Federal rechazó la pretensión del represor José Darío Mazzaferri de una rebaja en la pena y confirmó la condena a dieciocho años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Concepción del Uruguay. La resolución se adoptó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena, pero ordenara que se dictara un nuevo pronunciamiento en cuanto a la pena.

La resolución, firmada por un tribunal ad-hoc integrado por los jueces Otmar Paulucci, Mariela Emilce Rojas y Luciano Homero Lauría, rechazó la petición de la defensa de bajarle la pena a Mazzaferri, algo que sí había logrado en septiembre de 2020, cuando redujeron los veinte años de prisión que le habían impuesto en 2017.

Durante la dictadura, Mazzaferri era el jefe de la denominada “oficina técnica”, el área de inteligencia de la Policía Federal de Concepción del Uruguay: comandaba los procedimientos de secuestros de personas –a veces lo hacía en su automóvil particular–, conducía los interrogatorios, aplicaba la picana eléctrica en los cuerpos de los detenidos y adiestraba a los otros integrantes de la patota sobre cómo hacerlo.

El represor había sido condenado en el año 2017 como autor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados de ocho estudiantes secundarios y militantes populares entre junio y septiembre de 1976 en Concepción del Uruguay; y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de personas.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revisó el fallo del tribunal de juicio y decidió exculparlo del allanamiento ilegal del domicilio de una de las víctimas, por lo que se dispuso una rebaja en la pena que había recibido.

En 2022, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar parcialmente a un recurso de la defensa de Mazzaferri y devolvió las actuaciones al Tribunal Oral Federal para que revise nuevamente la condena del represor. En este caso, consideró que el tribunal oral no efectuó una motivada valoración de las circunstancias que serían atenuantes: la falta de antecedentes, la edad y el estado de salud del condenado.

Ahora, sin embargo, los magistrados hicieron lugar a los argumentos del fiscal general José Ignacio Candioti; y de los abogados Marcelo Boeykens y Lucía Tejera, que representan a las víctimas de la dictadura, y mantuvieron la pena de 18 años de prisión para el represor. Para ello tuvieron en cuenta la gravedad de los delitos imputados y señalaron que “más allá de haber aclarado la manera en la cual la edad y su estado de salud operarían como atenuantes en la presente, al momento no se han modificado, ni por las constancias, ni por lo que surgió de la audiencia de conocimiento de visu, los fundamentos que en su momento se estimaron decisivos para imponer la pena de 18 años de prisión, por lo que corresponde mantenerla”.

Para ello, los magistrados tuvieron una entrevista con Mazzaferri, en la cual pudieron observar su estado de salud e interrogarlo al respecto y, según consideraron en el fallo, no les resultaron convincentes las explicaciones del condenado.

El fiscal Candioti argumentó que el represor no solo fue hallado culpable de cometer múltiples delitos, sino que además lo fue en perjuicio de numerosas víctimas, ocho en total. Sostuvo que al analizar los hechos se debía “tomar con mucha seriedad este tipo de delitos”, que afectaron a los derechos humanos, y también debían tenerse en cuenta “los medios empleados y la impunidad que le brindaba el aparato estatal; que era funcionario público y que, justamente por ello, tenía que ser garante de los bienes jurídicos, además del daño en los cuerpos y en las mentes de los sobrevivientes, que aún persiste y que configura un daño irreparable”, aseguró.

Los querellantes, por su parte, coincidieron al señalar que “la gravedad y extensión del daño causado debe ponderarse necesariamente, de lo contrario sería tender un manto de impunidad” y consideraron que el tribunal de casación “resolvió en abstracto, sin conocer personalmente a las víctimas que fueron quienes relataron cómo el imputado aplicaba de mano propia la picana eléctrica” y “era el jefe de esa patota que operaba en la Policía Federal de Concepción del Uruguay”.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2006 por César Manuel Román, que era estudiante secundario durante la dictadura. En ese momento, identificó a un tal Masaferro como uno de los integrantes de la patota que en julio de 1976, durante el receso escolar de invierno, secuestró y torturó a estudiantes secundarios y militantes de la Juventud Peronista en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.

Los jóvenes fueron detenidos ilegalmente, trasladados a la delegación de la Policía Federal y sometidos a una brutal tortura física y psicológica para conocer el destino de un mimeógrafo que habrían utilizado para la confección de panfletos que denunciaban la represión ilegal de la dictadura.

La patota fue juzgada en 2012, pero Mazzaferri se mantuvo prófugo de la justicia durante 1.672 días, cuatro años. En un segundo juicio, terminó condenado a veinte años de prisión por el allanamiento ilegal del domicilio de dos personas y por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos de César Román, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Juan Carlos Romero, Carlos Martínez Paiva, Carlos Valente, Hugo Angerosa y Jorge Felguer, entre los meses de julio, agosto y septiembre de 1976; y como integrante de una asociación ilícita, junto con otros integrantes de la Policía Federal, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos.

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