Rebajaron a 18 años de prisión la condena del represor Mazzaferri

11/09/2020

El represor tuvo una rebaja en su condena luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revisara el fallo del tribunal de juicio y decidiera exculparlo del allanamiento ilegal del domicilio de una de las víctimas. Permanecerá detenido en una cárcel común.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay fijó en 18 años la pena para el ex policía federal José Darío Mazzaferri, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

El represor tuvo una rebaja en su condena –había recibido una pena de 20 años de prisión– luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revisara el fallo del tribunal de juicio y decidiera exculparlo del allanamiento ilegal del domicilio de una de las víctimas.

Durante la dictadura, Mazzaferri era el jefe de la denominada “oficina técnica”, el área de inteligencia de la Policía Federal de Concepción del Uruguay: comandaba los procedimientos de secuestros de personas –a veces lo hacía en su automóvil particular–, conducía los interrogatorios, aplicaba la picana eléctrica en los cuerpos de los detenidos y adiestraba a los otros integrantes de la patota sobre cómo hacerlo.

El represor había sido condenado en el año 2017 como autor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados de ocho estudiantes secundarios y militantes populares entre junio y septiembre de 1976 en Concepción del Uruguay; y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de personas.

Los jueces Jorge Sebastián Gallino y Mariela Emilce Rojas señalaron que “Mazzaferri llevó a cabo los hechos con la impunidad que le generaba formar parte de la policía federal” y desempeñó un “accionar intempestivo, clandestino y violento; se procedió contra víctimas en situación de indefensión –en los reiterados operativos ilegales y detenciones–, aplicando tormentos y distintas formas de violencia, con lo que se les provocó un daño de dimensiones considerables”, siguiendo lo que había planteado el fiscal José Ignacio Candioti y los representantes de las víctimas.

Los magistrados dijeron también que “los damnificados sufrieron inconmensurable inseguridad, zozobra y sufrimiento al padecer los distintos maltratos” y agregaron que “los daños sufridos producto de las privaciones y los padecimientos físicos y psíquicos han quedado marcados en las víctimas, con secuelas imborrables”.

Mazzaferri fue un engranaje fundamental en el plan sistemático de represión ilegal que se desplegó en Concepción del Uruguay. Tenía un rol preponderante en el esquema represivo ya que tenía a su cargo el área de inteligencia de la Policía Federal.

A partir del 24 de marzo de 1976 esa estructura comenzó a operar como una estructura paralela a las actividades formales de la fuerza y desde allí se coordinaban las tareas de represión ilegal, inclusive con otras fuerzas militares y de seguridad. Mazzaferri era el jefe de esa estructura y dependía directamente del Ministerio del Interior y tenían alrededor de una decena de oficiales y agentes a su cargo.

No solo era jefe de facto de la patota sino que era autor directo de las torturas: “Era quién, de mano propia, aplicaba la picana, los golpes, los interrogatorios, quién ponía su auto para los secuestros”, señalaron los querellantes en su alegato.

El fiscal Candioti resaltó en su alegato que “Mazzaferri formaba parte de una asociación ilícita y del análisis de los hechos puede deducirse la existencia de una coordinación de tareas con Julio César Rodríguez y Francisco Crescenzo –también condenados–, con el objetivo de perseguir a los sospechosos de integrar agrupaciones calificadas como ‘subversivas’, o en otros casos detenerlos ilegalmente, conducirlos a lugares clandestinos de detención, obtener bajo tortura información acerca de otros integrantes, para luego decidir el destino final que en cada caso se les daría”.

“La naturaleza de la acción cometida por Mazzaferri era constitutiva de una perversidad sistematizada y aplicada a seres humanos en estado de completa indefensión”, concluyó.

El represor permanece detenido en una unidad penitenciaria ya que hace unos meses le rechazaron el arresto domiciliario, en medio de la pandemia por el coronavirus (COVID-19). Los querellantes solicitaron que se mantenga esa condición.

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