TENSIÓN EN TRIBUNALES
Rechazo incondicional de la Asociación de Magistrados al pago de Ganancias
25/10/2022
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el gremio de los jueces, hizo pública una “carta abierta” a los legisladores nacionales entrerrianos en la que advirtió que la ley de presupuesto no puede crear o modificar impuestos y que los salarios de los jueces tienen la garantía de intangibilidad.
De la Redacción de Página Judicial
La asociación de magistrados, el gremio de los jueces, se abroqueló para rechazar la cláusula del proyecto de Presupuesto 2023 impulsada por el oficialismo, a instancias de Marcelo Casaretto, para que todos los magistrados, funcionarios y empleados judiciales paguen el Impuesto a las Ganancias, como cualquier trabajador.
Lo hizo a través de una “carta abierta” a los legisladores entrerrianos que va en línea con la declaración que suscribió el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la declaración de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) respecto de la “profunda preocupación” que les ha generado por la propuesta del oficialismo para que todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el tributo “independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
Dice además la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial que el proyecto del oficialismo, aunque impulsado por Casaretto, “sorprende por lo inesperado”. Tal vez por eso la entidad dirige su “carta abierta” a los legisladores nacionales entrerrianos.
“Dicha propuesta vuelve sobre una cuestión que ya fue debatida en el año 2016, oportunidad en la cual se fijó como política estatal la incorporación de toda la magistratura en tal impuesto, de manera progresiva, a partir de los nombramientos que se sucedan desde el 1 de enero de 2017 en adelante, en el entendimiento que con tal imposición no se vulnera la intangibilidad de las remuneraciones, en tanto desde el inicio, se prevé la incidencia del tributo en las mismas”, señaló la entidad.
El principal argumento contra la propuesta oficial es la garantía de intangibilidad, consagrada en la Constitución Nacional, según la cual los salarios de los magistrados no podrán ser disminuidos, y eso para asegurar la independencia e imparcialidad de la justicia. “Es lo que sucederá de aprobarse el proyecto incorporado a la ley de presupuesto”, sostienen desde la asociación de magistrados.
Pero agregan otro punto: dicen que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional “expresamente prohíbe que en la Ley de Presupuesto, se creen o modifiquen impuestos”.
La asociación de magistrado sostuvo además que “los argumentos en torno al principio de igualdad que enarbolan quienes defienden el proyecto en cuestión, deben compatibilizarse con el de la intangibilidad de las remuneraciones como garantía de la independencia del Poder Judicial”.
Finalmente, la entidad instó a los legisladores “a respetar las bases fundamentales del sistema republicano y democrático de gobierno y la independencia del Poder Judicial”.
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