Paran los empleados judiciales y los abogados se plantan contra los privilegios

24/10/2022

La tensión es extrema en el mundo judicial. Los trabajadores anunciaron un paro para este martes contra el proyecto que pretende hacer que magistrados, funcionarios y empleados paguen Impuesto a las Ganancias. El STJ suscribió una solicitada contra la iniciativa; pero los abogados de a pie se manifestaron contra los privilegios.

De la Redacción de Página Judicial

 

La decisión del Frente de Todos, a instancias de Marcelo Casaretto, de incorporar al Presupuesto 2023 un artículo que deja sin efecto la exención del pago del Impuesto a las Ganancias a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales encendió las alarmas; y en el country hay una tensión latente.

Los supremos entrerrianos suscribieron una declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) expresando “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se apruebe la iniciativa que los obligue a pagar el tributo.

A través de un comunicado, la Jufejus señaló que la iniciativa “constituiría un avasallamiento a la garantía de independencia funcional y una afectación a las bases fundamentales del sistema republicano y democrático de gobierno”. De ese modo aluden a la cláusula constitucional de intangibilidad, por la cual sus salarios no pueden tener deducciones de ningún tipo.

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La comunicación fue dada a conocer luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, a instancias de Casaretto, incluyera en el Presupuesto 2023 un artículo en el que establece que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.

El clima hacia el interior de los tribunales es de extrema tensión. A tal punto que la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) convocó a un paro para este martes en adhesión a una medida similar dispuesta por la Federación Judicial Argentina (FJA), en rechazo al proyecto oficial que se discute en la Cámara de Diputados.

El gremio de los empleados judiciales anunció un paro en rechazo al “intento de reducción salarial que se intenta aprobar mediante el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que los trabajadores no obtenemos ningún tipo de ganancia, (sino que) entregamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario”.

“En una época en donde claramente los trabajadores venimos perdiendo en la disputa por apropiación de la renta, la aplicación de impuestos sobre los ingresos de los asalariados no hace más que profundizar esta desigualdad e injusticia, profundizándola aún más”, plantean los judiciales.

“En vez de meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores, el Gobierno debería controlar a las grandes corporaciones que fugan las divisas que produce el trabajo de los argentinos y que remarcan los precios descaradamente, y tomar medidas que controlen la inflación”, señaló AJER luego de la reunión que mantuvo la comisión directiva a un día de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2023.

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En el otro rincón se paró el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que agrupa a los abogados de la provincia, repudiaron el paro y abrieron la grieta.

“No se puede defender un privilegio de un sector por sobre el resto de la sociedad”, aseguraron desde la entidad. Es que sus matriculados, a diferencias de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, sí deben pagar el Impuesto a las Ganancias.

El Colegio de la Abogacía remarcó que “los jueces y empleados judiciales tienen los mismos derechos y obligaciones ante el fisco que el resto de los argentinos. La sociedad no apoya esta clase de privilegios” y agregó que “se debe debatir una política tributaria integral, justa y progresiva; que grave impuestos a los sectores con mayores ingresos para el sostenimiento del Estado. Pero ese debate se debe dar en igualdad de condiciones entre trabajadores, sean del sector público que sean”.