CRISIS EN EL PODER JUDICIAL

Montefiori no asumirá el cargo que había acordado con el STJ

19/10/2022

La actual defensora pública envió una carta al Superior Tribunal de Justicia en la que admite haberse propuesto para ocupar en forma interina un cargo de jueza de garantías de Paraná. Desde el alto cuerpo, en cambio, aseguran que nadie le ofreció un cargo. Versiones cruzadas y el malestar de los supremos.

Montefiori no asumirá el cargo que había acordado con el STJ

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Existen distintas explicaciones para el hecho de que Paula Montefiori no será jueza de garantías. De ahí en más surgen versiones cruzadas y reparto de responsabilidades.

La única comunicación oficial es que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tuvo reunión de acuerdo semanal este martes y designó en forma interina a Julián Carlos Vergara como juez de garantías de Paraná hasta el reintegro de Mauricio Mayer a su cargo titular o nueva disposición, lo que ocurra primero.

El comunicado oficial no menciona a Montefiori, aunque Página Judicial pudo confirmar que su nombre estuvo dando vueltas en el escritorio de los vocales para ocupar el cargo que dejó Paola Firpo como jueza de garantías, a partir de su designación en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

No deja de llamar la atención que habiendo dos vacantes para cargos de juez de garantías de Paraná, el alto cuerpo solo se avocara a cubrir uno y dilatara la cobertura del otro.

Incluso es aún más llamativo que la designación de Montefiori fue celebrada por la Asociación del Pensamiento Penal, una organización no gubernamental que se propone velar por la vigencia de los derechos humanos en el sistema penal. Lo hizo a través de un comunicado en el que no menciona nombres propios pero expresa “su agrado ante las recientes designaciones producidas en la rama penal del Poder Judicial, en las que se expresa un ideal de justicia con apego a las garantías constitucionales y los derechos de la ciudadanía”. ¿Alude a Montefiori? Sí.

Sin embargo, voceros del STJ señalaron en off the record que la propuesta para la designación de Paula Montefiori nunca fue presentada formalmente al pleno del cuerpo y que tampoco le ofrecieron el cargo, aunque dejaron entrever que pudo haber existido alguna consulta de modo extraoficial para conocer si estaba interesada.

Del otro lado, Montefiori remitió una carta a la presidenta de la Sala Penal, Claudia Mizawak en la que manifestó su decisión de desistir de la postulación que, según deja entrever, ella misma había formulado. Para mayor claridad, dice en la carta: “Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de evaluar favorablemente mi postulación para ser Jueza de Garantías, cargo al que con total honestidad, humildad y dedicación me propuse”.

La carta, y más que se hubiera hecho pública, generó un fuerte malestar entre los supremos. “Formalmente, nadie le ofreció un cargo”, insisten.

La postulación de Paula Montefiori –su nombre estuvo sobre la mesa– ponía en cuestión, una vez más, los criterios que utiliza el STJ para la cobertura de cargos de jueces suplentes e interinos en los tribunales provinciales.

La Constitución Provincial le da facultades al alto cuerpo para designar jueces provisorios si, transcurridos treinta días de producida la vacante, no se hizo a través de un concurso. Sin embargo, no existe ley ni reglamento.

El criterio habitual consistía en acudir al listado de concursantes que estaban posicionados en los mejores lugares en el Consejo de la Magistratura para el cargo cuya vacante estaba para cubrirse. Así se hizo en el caso del juez Vergara, que venía desempeñándose como juez de garantías en Villaguay y está concursando para revalidar ese cargo o aspirar a quedarse con alguna de las vacantes en Paraná, Nogoyá, Colón o Concordia. Pero no es el caso de Montefiori.

Sumado a ello, Montefiori, que es actualmente defensora pública en Paraná, está imputada en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, algo que algunos vocales analizaron en función del impacto social que tendría una designación, en función de la alicaída imagen que tiene el Poder Judicial.

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