El STJ lo hizo de nuevo

19/10/2022

El Superior Tribunal de Justicia tiene previsto designar en forma interina a Paula Montefiori como jueza de garantías de Paraná. Lo haría a pesar de que está imputada por enriquecimiento ilícito. La arbitrariedad en la cobertura de cargos suplentes e interinos vuelve a aparecer como criterio en el alto cuerpo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Solo un breve archivo basta para dejar en evidencia el giro en el aire que ha dado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) respecto de su mirada sobre la designación de jueces suplentes e interinos en los tribunales provinciales.

El criterio habitual consistía en acudir al listado de concursantes que estaban posicionados en los mejores lugares en el Consejo de la Magistratura para el cargo cuya vacante estaba para cubrirse. Así lo hizo durante años, pero es llamativamente contrario a lo que viene ocurriendo con las últimas designaciones del STJ.

En una nueva muestra de arbitrariedad, el STJ designará a Paula Montefiori como jueza de garantías, un cargo para el que nunca ha concursado e incluso a pesar de estar imputada por presunto enriquecimiento ilícito. Ocupará el lugar de Paola Firpo, recientemente designada en el Tribunal de Juicio y Apelaciones. Aquí una digresión: extrañamente, el alto cuerpo no ha notificado aún al Consejo de la Magistratura sobre las vacantes que se produjeron en el cuerpo colegiado.

La designación interina de Montefiori vuelve a poner en escena una polémica en torno a la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial. Es que en la provincia existe un vacío normativo respecto de la cobertura transitoria (sin concurso) de las vacantes definitivas o por licencia mayor a treinta días.

Los magistrados y funcionarios judiciales son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; pero la Constitución Provincial establece que toda vacante que se produzca en el Poder Judicial deberá ser cubierta dentro del término de treinta días de producida y, en caso contrario, el STJ proveerá a la designación en carácter provisorio de los jueces (artículo 202), así como el Procurador General designará a los fiscales y el Defensor General hará lo propio con los defensores (artículo 207).

Pero al no haber una ley ni reglamento, suele haber un criterio bastante sui generis.

Hacia finales de 2020, el gobernador Gustavo Bordet anunció que enviaría a la Legislatura un proyecto de ley para reglamentar la designación de suplentes e interinos en el Poder Judicial. Eso finalmente no ocurrió, pero sí generó una virulenta crítica de parte de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el gremio de los jueces; y del propio STJ, que vería recortadas sus facultades discrecionales.

Manchas

La designación de Paula Montefiori como jueza de garantías tiene dos aristas polémicas: la más grave es que se encuentra imputada en una causa por presunto enriquecimiento ilícito; y, por otro lado, no ha concursado para el cargo. De hecho el concurso está en trámite, los postulantes rindieron en junio pasado el examen escrito y están a la espera de que el jurado técnico termine de corregirlos. Su nombre no aparece entre los inscriptos.

Montefiori viene desempeñándose como defensora pública en Paraná desde 2019, en una designación no exenta de polémicas porque ya en aquel momento estaba en curso la causa que ahora la tiene como imputada por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese concurso había obtenido el puntaje más alto en las instancias de antecedentes y oposición (exámenes escrito y oral), pero quedó relegada tras la entrevista ante los integrantes del Consejo de la Magistratura y pasó a ocupar el quinto lugar en el orden de mérito.

Las dudas respecto de su postulación para ocupar un cargo público surgieron por el rumbo de la investigación penal preparatoria que se inició en diciembre de 2016, a partir de una presentación que hicieron legisladores de la oposición para que se investigara a Juan José Canosa, esposo de Montefioril Decían en su denuncia que el entonces funcionario “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida” y otras cuestiones.

Los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, en quienes recayó la investigación, descubrieron que Canosa habría realizado un aporte de 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril mediante un cheque del Banco Santander Río y otro de 100 mil dólares con un interés del 15 por ciento anual a su favor. También detectaron inversiones por sumas de entre 300 mil y 400 mil pesos en la Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar (Amcap), que habría realizado entre abril y noviembre de 2016, y otras cuyos montos no han trascendido; sumado a la adquisición de cuatro lotes de 1.424 metros cuadrados en el complejo turístico Interlagos, en María Grande.

Además, peritos judiciales realizaron tasaciones de la casa familiar en la zona de la Toma Vieja y de un departamento ubicado en calle Urquiza de Paraná que adquirieron en 2004 a través de un plan Pilay.

Canosa, ex interventor de LAER y ex presidente de Sidecreer, y Montefiori fueron imputados por enriquecimiento ilícito luego de que un informe realizado por un contador del Ministerio Público Fiscal determinara un incremento patrimonial no justificado de más de 500 mil dólares.

En su entrevista ante el Consejo de la Magistratura, Paula Montefiori aseguró que no tiene bienes inmuebles a su nombre, dijo que la casa familiar está hipotecada y aseguró que nunca firmó documentos para realizar inversiones financieras. Pero se abstuvo de declarar cuando fue citada por los fiscales.

Parece una ironía que ahora quede al frente de un juzgado…