La causa de los contratos truchos vuelve a la Corte Suprema

15/09/2022

La Cámara Nacional Electoral rechazó una apelación de la fiscal federal de Paraná contra la resolución del juez Daniel Alonso que había decretado la competencia federal. Ahora la Corte Suprema deberá dirimir el conflicto de competencia trabado entre Alonso y la jueza de garantías Marina Barbagelata.

De la Redacción de Página Judicial

 

La Cámara Nacional Electoral salteó el último peldaño para empezar a resolver la competencia en la investigación por el millonario desfalco a la Legislatura entrerriana a través de contratos truchos.

Lo hizo al rechazar por improcedente la apelación interpuesta por la fiscal federal ad-hoc de Paraná, María Eugenia Wilson, contra la resolución del juez Daniel Edgardo Alonso que había decretado la competencia federal bajo el argumento de que el dinero sustraído de la Legislatura a través de los contratos truchos se habría utilizado para el financiamiento de campañas electorales y, por lo tanto, decretó que la justicia provincial debía inhibirse de seguir interviniendo.

Los jueces Santiago Hernán Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas señalaron que el Código Procesal Penal de la Nación “no prevé expresamente la posibilidad de interponer recurso de apelación frente a una inhibitoria admitida”.

Pero la resolución de la Cámara Nacional Electoral da crédito a la posibilidad de que los contratos truchos hayan servido para financiar campañas electorales, como planteó un grupo de abogados defensores, al señalar que la ley de financiamiento de los partidos políticos establece que “si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, se evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal o sus leyes complementarias, su investigación estará a cargo del juez federal con competencia electoral correspondiente.

El origen del conflicto

La investigación de los contratos truchos, donde se presume que se sustrajeron según una pericia oficial, 1.111.871.715 entre 2008 y 2018 a través de una asociación ilícita, está en un momento crucial.

El conflicto de competencia se suscitó a raíz de un planteo efectuado por los abogados Emilio Fouces, José Velázquez, Miguel Ángel Cullen, Damián Petenatti e Iván Vernengo, quienes argumentaban que la sustracción de dineros públicos a través de contratos truchos tenía como objetivo el financiamiento de campañas electorales de las agrupaciones políticas que participaron en comicios celebrados en Entre Ríos entre 2008 y 2018.

No era ese un planteo novedoso, sino la reedición de uno que había sido rechazado en 2018 por el juez Leandro Ríos, a quien luego la Cámara Nacional Electoral apartó ante la reedición de la postura defensista en una extraña maniobra que tuvo como artífices y operadores a Miguel Ángel Pichetto y Leopoldo Moreau, como lo contó Página Judicial.

Esta vez los defensores invocaron como “hecho nuevo” la aparición de una caja en la puerta del estudio del abogado Milton Urrutia en la que había, entre otros elementos, “anotaciones manuales, donde se habría llevado una especie de rendición de aportes y destino de los mismos” con diferentes nombres de personas que retirarían el dinero a los fines de hacer frente a gastos de campañas políticas.

Al juez Alonso le pareció que esa circunstancia aportaba elementos que hacían mutar “en forma absoluta” las razones por las cuales se había rechazado en su momento la competencia federal y dijo que esa nueva documental “sugiere, con elevado grado de probabilidad” que la sustracción de dineros públicos de la Legislatura tenía como objetivo “la financiación de los partidos políticos en su intervención en diversas campañas” electorales.

Esa caja que apareció sugestivamente en la puerta de un estudio jurídico, dijo Alonso, contiene prueba suficiente de “que el posible destino y/o la aplicación del producto o provecho del delito investigado, habría sido derivado a la actividad político-partidaria para su aplicación a las campañas llevadas a cabo en forma conjunta por la jurisdicción nacional y provincial (elección de autoridades nacionales y provinciales)”, lo que supone una infracción a la ley de financiamiento de los partidos políticos y por eso debe intervenir el fuero federal.

Ahora, tras la resolución de la Cámara Nacional Electoral, queda saldada la traba legal que había detectado la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver el conflicto de competencia.

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