Diputados
La Fiscalía Anticorrupción salió por unanimidad. Los cambios
03/08/2022
Cambios en el texto original sumaron el voto de Juntos por el Cambio y el oficialismo consiguió el consenso que buscaba. Los puntos que fueron modificados y una duda.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La sorpresa fue que Juntos por el Cambio terminó acompañando el proyecto de ley que crea la Fiscalía Anticorrupción, un organismo incorporado en la Constitución provincial en 2008. Ese cambio – que se conoció en la sesión de este miércoles – se dio luego de que aspectos que generaban rechazo de la oposición al texto del Frente de Todos se reformulen y se consensuen.
El proyecto pertenece al Poder Ejecutivo y había tomado como base dos iniciativas del ex diputado radical Jorge Monge y el actual justicialista Gustavo Zavallo. El texto, básicamente, surgió del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Los puntos que habían generado ruido en la oposición fueron tres: la designación de peritos por parte del Ejecutivo, lo que era visto como una intromisión de un poder a otro y podía llegar a declararse inconstitucional; una mejor puntuación para los abogados del Estado, punto que fue calificado como un privilegio; y la figura de “fuero de atracción”, que implicaba que las causas de corrupción en trámite pasaran a la nueva Fiscalía.
Estas cuestiones, a instancias de Juntos por el Cambio, se corrigieron. Gustavo Bordet quería que salga por consenso.
Finalmente no habrá un puntaje especial para los abogados del Estado y los peritos (que se llamarán especialistas técnicos) serán designados por el Ministerio Público Fiscal luego de un concurso público que tendrá la apoyatura del Consejo de la Magistratura y los colegios de profesionales, tanto de Económicas como de Informática. Los mismos –y esteto también se modificó – no surgirán de una terna sino que asumirá el cargo quien tenga en mejor puntaje. Habrá que estar atento, en este punto, cómo se redacta el decreto reglamentario de la ley. La figura de “fuero de atracción” directamente se sacó.
El diputado del PRO, Esteban Vitor, fue quien saludó al oficialismo por abrir el debate. Sin embargo, advirtió sobre el momento de reglamentar la ley para “evitar” lo que sucedió con la designación del presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, a quien se le adjudicó haber sido favorecido al reformularse el puntaje mediante una resolución ministerial. Julio Solanas pidió la palabra responderle a Vitor cuando dijo que la “corrupción mata” y recordó la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Se sintió aludido y dijo que “no lo iba a permitir”. Aprovechó para plantear una discusión constitucional: la inamovilidad de los jueces y fiscales. Fue el único episodio de color en un debate que duró apenas 20 minutos.
Estructura
El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Dice el artículo 4:
-Promover la actuación de la justicia frente a delitos contra la administración pública, con todos los deberes y facultades que surgen del Código Procesal Penal.
-Actuar por denuncia o de oficio ante la noticia de la comisión de delitos vinculados a su competencia, desarrollando las investigaciones pertinentes.
El artículo 6, en su segundo párrafo, establece que las funciones que se le atribuyen al fiscal anticorrupción, los adjuntos y el auxiliar “no podrán ser asumidas por ningún otro integrante del Ministerio Público Fiscal”, como así tampoco “podrán actuar en conjunto” con la Procuración.
Ahí aparece la primera incógnita sobre la autonomía tendrá él o la fiscal anticorrupción. La ley, en su letra, le da autonomía, pero la ley del Ministerio Público Fiscal habla de verticalismo. Durante la acefalía, Jorge García decía que no tener esa fiscalía especializada no implicaba no investigar la corrupción. Tenía razón. Se investigaron las denuncias con las que luego se condenó a Sergio Urribarri; la causa de los contratos en la Legislatura se investigó por la mitad y las sospechas sobre irregularidades en las contrataciones en el Concejo Deliberante de Paraná en la gestión anterior de Josefina Etienot ni siquiera valieron para dar un paso. En rigor, queda abierta la posibilidad que el procurador tenga un criterio y el fiscal anticorrupción otro.
La estructura tendrá un fiscal anticorrupción, con asiento en Paraná y con jerarquía de procurador adjunto; dos fiscales adjuntos, uno en la capital provincial y otro en Concordia, que tendrán jerarquía de agentes fiscales y dependencia directa del fiscal anticorrupción; y un abogado “con jerarquía de fiscal auxiliar”.
El proyecto pasará al Senado, donde no se esperan cambios.
Proyecto