Otro cachetazo del STJ al Ministerio Público Fiscal

14/07/2022

La presidenta del STJ, que había sido muy crítica de la actuación de algunos fiscales, recibió a los padres de una niña que falleció en un hecho que los familiares atribuyen a la negligencia de los médicos que la atendieron. El caso terminó archivado. Pero esa reunión es una muestra más de la escalada de tensión entre jueces y fiscales.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La disputa palaciega en los tribunales entrerrianos parece no tener fin.

A las críticas feroces lanzadas la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina de Rizzo, luego del desplante del procurador Jorge Amílcar Luciano García, se suma ahora una jugada que parece redoblar aquellos cuestionamientos.

Hace unos días, en plena feria judicial, la presidenta del STJ recibió a los padres Catalina de Gracia, una niña de 5 años que falleció el 18 de noviembre de 2017, en un hecho que los familiares atribuyen a la negligencia de los médicos que la atendieron en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

El caso había aparecido en aquella carta explosiva que Medina de Rizzo le envió a García tras el desaire a su invitación a una reunión en la que se tratarían “preocupantes cuestiones de naturaleza institucional que involucran al Poder Judicial”, en el marco del affaire que terminó con la destitución de Cecilia Goyeneche.

Catalina de Gracia había ingresado al hospital el 14 de noviembre con un cuadro febril. En los días siguientes, sus padres la llevaron en reiteradas ocasiones para que recibiera la atención adecuada. Allí, sin embargo, solo le dieron ibuprofeno; y cuatro días después, falleció. Sus familiares creen que la niña no recibió una atención médica adecuada y apuntan a los profesionales que la trataron.

En aquella carta, la presidenta del alto cuerpo le enrostró a García que esa causa, y otras, “exhibe una palmaria ausencia de formación en género de las fiscalías intervinientes” e incluso va más allá: “Bien sabemos que esta formación no es una opción, sino una obligación legal”. No tuvo empacho en señalar a las fiscales Gabriela Seró, que intervino en primera instancia, y María Graciela Occhi, “que ordenó el archivo sin ninguna imputación” y afirmó: “Los padres de esa niña lloran su ausencia y esperan una respuesta que no llega”.

Ahora, Medina de Rizzo, junto con el responsable del Departamento Médico Forense, Luis Moyano, recibieron a Florencia Caminos y Víctor de Gracia, los padres de Catalina, quienes les contaron el derrotero judicial que atravesaron tras el fallecimiento de la niña. La causa fue archivada, prescribe en noviembre y los padres dijeron ante la presidenta del alto cuerpo que existe “un sistema perverso” que apunta a desgastar el reclamo de justicia para la menor.

La causa se inició el 21 de noviembre de 2017. La querella, a cargo de José Ostolaza, ha solicitado el llamado a prestar declaración de imputado de los médicos que atendieron a Catalina en la guardia del hospital: María Eugenia Crespi, Gustavo Calivari, Agustina Medina y María Elisa Parcerisa, lo que hasta la fecha no ocurrió. Solo han declarado como testigos la madre de la niña, quien dijo haberse sentido investigada; la médica María Cecilia Morel; y la enfermera Giuliana Álvarez.

También se hicieron pericias ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde los padres, por disposición del juez de garantías, Gustavo Ariel Díaz, debieron trasladar las muestras y costear ese procedimiento que excedía el alcance de sus posibilidades ya que se trata de una familia de trabajadores.

A su vez, los padres de la niña señalaron que el fiscal coordinador de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi, se excusó de intervenir en la causa porque su hermano es director del hospital donde fue atendida Catalina, pero recién lo hizo cuatro años después de iniciada la investigación. “¿Por qué no se excusó antes?”, se preguntaron los padres de la niña, en el encuentro con la presidenta del STJ.

Tras la reunión, Medina de Rizzo dijo que “una justicia de puertas abiertas tiene que dar respuestas; y esas respuestas deben ser en el cortísimo plazo, más aún en casos de tanta sensibilidad”.

Esa frase, extraída del más común de los sentidos, tiene como telón de fondo una disputa que parece seguir en escalada en las entrañas del Poder Judicial, precisamente entre aquellos que deben investigar y quienes deben impartir justicia.