Una carta explosiva y las cavilaciones del procurador

14/06/2022

El desaire del procurador Jorge García ante la invitación del Superior Tribunal de Justicia acrecentó las internas palaciegas que quedaron expuestas de cara a la sociedad en el marco del proceso que terminó con la destitución de su adjunta. En una carta durísima, Susana Medina de Rizzo habla de fiscales agresivos, irrespetuosos, perezosos, con escasa formación y sin perspectiva de género.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El procurador general Jorge Amílcar Luciano García tal vez haya quemado su última carta para un acercamiento que lo lleve a limar algunas asperezas con el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Susana Medina de Rizzo, presidenta del alto cuerpo, sintió como una cuestión personal el desaire de García a su invitación a una reunión en la que se tratarían “preocupantes cuestiones de naturaleza institucional que involucran al Poder Judicial”, tras el affaire que terminó con la destitución de Cecilia Goyeneche. Y se lo hizo saber.

El procurador acuerdista, aquel que tenía una relación inmejorable con Claudia Mizawak y sintonizaba con otros vocales, a excepción de Daniel Carubia –el odio es mutuo entre ellos–, dinamitó el último puente que tenía con el STJ.

Medina de Rizzo dejó las sutilezas de lado y le dijo sin ambages al jefe de los fiscales que consideraba a algunos integrantes de su tropa como agresivos, irrespetuosos, perezosos para la tramitación de las causas, con escasa formación y sin perspectiva de género. No hizo nombres propios, pero el dardo trajo una sugerencia: que “las investigaciones penales preparatorias deben estar a cargo de profesionales dotados de idoneidad, ética, técnico-jurídica y psicofísica”. ¿Era necesario explicitarlo?

En el plano institucional, en el palacio de justicia han tomado nota de la mala imagen del Poder Judicial y que algunas encuestas sitúan en un rechazo del 70 por ciento.

Pero el tono de la carta solo se entiende en un contexto, un contexto que expuso en forma descarnada ante la sociedad una disputa de años entre la Procuración General y la Sala Penal, desde su anterior integración hasta la actual.

La propia Goyeneche denunció penalmente a tres integrantes STJ, pero sus cañones apuntan a los vocales del alto cuerpo, principalmente a Carubia y en menor medida a Mizawak, como quienes orquestaron su destitución; dijo que el objetivo de su desplazamiento era frenar las investigaciones por corrupción y que detrás de todo aparecía también la mano oculta del Gobierno provincial. Más de un centenar de integrantes del Ministerio Público Fiscal le han expresado adhesiones; un fiscal asemejó el proceso contra la procuradora adjunta con un “golpe institucional” y otro llegó a decir que hubo magistrados que cometieron prevaricato.

Semejante aquelarre le da contexto y se cuela en la carta donde Medina de Rizzo le expresa a García “el desagrado y la tristeza” por las “agresiones verbales, la falta de respeto y consideración a nuestra investidura proferidas por algunos fiscales a quienes ni siquiera conozco y que –sin embargo– nos atribuyen conductas impropias, ofensivas y rayanas con el delito” y advierte: “Una cosa es la libertad de expresión que defendemos y garantizamos, y otra es la agresión”. Todavía no habían ocurrido los escraches a los abogados que ejercen tareas como defensores en causas por corrupción ni la pegatina de afiches con los rostros de quienes votaron por la destitución de Goyeneche en el Jurado de Enjuiciamiento.

“Varios de sus dependientes funcionales han puesto en duda frente a la sociedad la confianza en el Poder Judicial al que pertenecen y están obligados a respetar y hacer respetar. Son hombres y mujeres de derecho pero que han optado por las vías de hecho”, le espetó la presidenta del STJ.

De paso, le recuerda al procurador que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal hay más de cincuenta cargos vacantes (casi la mitad de los cargos de procuradores, procuradores adjuntos, fiscales y auxiliares), que han sido cubiertos en forma interina por lo que se ha notificado al Ministerio de Gobierno para que se llame a concurso.

Incluso advirtió que “son pocos” los fiscales que participan de los cursos de capacitación que organiza el Instituto Alberdi, que depende en forma directa del STJ.

Ahora bien, en el plano funcional, la presidenta del STJ le hizo notar al procurador que ha recibido denuncias sobre “la inasistencia de los fiscales de turno a los llamados de la Mesa de Atención Permanente, delegando funciones que son indelegables en empleados”; el cajoneo de causas de corrupción y la declamada intención de “poner a disposición los recursos materiales y humanos necesarios para revertir esta situación”, algo que no siempre ocurre y ha dado pie a quejas públicas de algunos fiscales, sobre todo por la demora del STJ en la designación de peritos.

Del mismo modo se refirió a la tramitación de causas por violencia de género, con críticas a la actuación de los fiscales –y también de defensores–. Cita un caso en el que se archivó una denuncia “por razones de política criminal y economía procesal”, una facultad propia del Ministerio Público Fiscal en el sistema acusatorio, donde el imputado era un funcionario judicial, según el texto de la carta; y otro en el que se acordó una condena de prisión condicional para un hombre que intentó asesinar a su pareja causándole múltiples y graves lesiones.

Diez días después, no se conoce una respuesta del procurador. Tal vez no la haya. García, que ha sido un habilidoso equilibrista del poder, transita sus horas más difíciles y tiene un desafío por delante: recomponer su autoridad ante una tropa que se ha revelado anárquica. Y no es poca cosa.

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