El nombre de Urribarri es lo de menos

03/05/2022

El juez Mayer sobreseyó al ex gobernador de una causa que es voluminosa en pruebas. El argumento, sin embargo, fue por los plazos que se tomó la investigación. Lo que se esconde.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La prueba de fuego, a la que se hacía referencia el viernes pasado, se superó. El juez de Garantías Mauricio Mayer sobreseyó a Sergio Urribarri invocando el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que acota los plazos en los que debe realizarse una investigación. Es el caso “Cozzi” en el sobreseimiento de Juan Alfonso Blasón Lorenzatto.

Además del ex gobernador, hubo otros ex funcionarios que corrieron con la misma suerte jurisprudencial: Carlos Haidar y Miguel Ulrich. Lo inquietante es que la investigación no queda en estos nombres, a los que debe sumarse el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrera, sino que inspira una pesquisa con hombres de la política actual. Con reminiscencias, a partir de relaciones amistosas, en el Poder Judicial. Los videos en el que se registran las entrevistas a testigos es pura pólvora.

La causa es, hasta ahora, una bomba sin detonar. De avanzar sin recortes, no como sucedió con la de los contratos truchos en la Legislatura, explotaría. Aquí un panorama publicado la semana pasada ante la audiencia de este martes.

Mayer fue quien puso la firma al fallo que deja al ex mandatario afuera, por ahora. La Procuración General apelará la decisión que finalmente llegará al STJ, donde surgió la arquitectura del precedente al que acudió el juez y la defensa.

El magistrado fundamentó los sobreseimientos tomando los argumentos que habían esgrimido los abogados defensores: que los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y cohecho comenzaron a investigarse en 2007, pero recién una década después se abrió una causa a raíz de una denuncia. Luego Mayer señaló que durante casi dos años el legajo no se movió, es decir que no introdujo prueba. Nombró también otras parálisis.

¿Qué pasará entonces con las demás causas de corrupción en trámite? José Ángel Allende después de escucharse de su propia boca que era un corrupto, con la esperanza de devolver algunos bienes y disfrutar en tranquilidad de los otros, este martes debió sentarse otra vez ante un tribunal tras la caída del juicio abreviado luego de una década de espera. Maximiliano Rusconi no debe entender nada. Leopoldo Lambruschini, que defiende al sindicalista, no debe tener mucho tiempo para explicarle. Está con el jury a Cecilia Goyeneche.

Mayer es un intérprete de la Sala Penal. El 24 de diciembre de 2018 hizo lugar a un habeas corpus presentado por la defensa de Juan Pablo Aguilera cuando éste cumplía prisión preventiva por la causa contratos. En aquel entonces, la Sala Penal derivó el caso sin resolver al juez de Garantías para dejar al cuñado de Urribarri fuera de la unidad penal durante las fiestas.

La Procuración General tiene la obligación de pretender ir a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo con Luis Erro por haber prestado un enchufe municipal para un acto político de campaña en 2009 y afectar, así, el patrimonio estatal de Gualeguay en 10 pesos. En esta última se investiga que entre 2007 y 2014 Cardona Herreros financió actividades privadas de Urribarri y su familia, a cambio de contrataciones por parte del Estado provincial a la empresa Relevamientos Catastrales SA, firma del paraguayo.

El nombre de Urribarri aparece como el más taquillero por estas semanas. Sucede que sobre el ex gobernador pesa una pena de 8 años de prisión con la que deberá convivir en las etapas apelativas por delante y los 70 años no los tiene cerca, como Allende. Los otros nombres que aparecen en la trama audiovisual que Fiscalía tiene como prueba en este legajo son una novedad.

Esto recién empieza.

Acta Urribarri – Cardona Herreros by Página Judicial on Scribd