Prueba de fuego

29/04/2022

Dos sucesos de magnitud, en los que se cruzan actores de la política y de la justicia, ocurrirán la semana que viene. Urribarri, Cardona Herreros, García y Goyeneche, los nombres en pugna. El devenir de una causa y el impacto a futuro.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La próxima semana ocurrirán dos sucesos inquietantes en los tribunales de Paraná.

El lunes comenzará el proceso en el que Cecilia Goyeneche se presentará ante el Juzgado de Enjuiciamiento, donde fue denunciada por presunto mal desempeño y haber tenido una conducta incompatible con las funciones a su cargo.

Al otro día se conocerá el destino de una de las causas judiciales más delicadas que tiene pendiente la política. En rigor, el Partido Justicialista. Se trata de una investigación por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y cohecho. En la punta del iceberg se visualiza a Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Pero el legajo está en evaluación. Los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento por entender que se extendieron los plazos. La causa se inició el 17 de octubre de 2017 y las indagatorias se produjeron casi cuatro años después. El tiempo no sería nada si se compara esta causa con otras. Por caso, la causa por enriquecimiento ilícito de José Ángel Allende o aquella en la que se condenó al ex vicegobernador Héctor Alanis después de haber esperado quince años en el banquillo.

Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) puso sobre la mesa un fallo en el que sobreseyó a un imputado por la extensión de la tramitación del proceso. Esto que se intenta utilizar como jurisprudencia y ya se ha convertido en polémica porque contradice aparentemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es parte de la reforma al Código Procesal Penal que impulsa el Gobierno. Apunta, en este punto, a establecer “tiempos perentorios” en los procesos, como manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reforma también incluye la creación de la Fiscalía Anticorrupción. En estas conversaciones en torno al sistema penal han participado todos los actores: abogados del fuero, el procurador general, el defensor general y la Sala Penal del STJ. ¿No sería necesario, en todo esto, convocar a la prensa?

Goyeneche tiene en su poder prueba suficiente para desestabilizar al peronismo. Es precisamente en la causa que está pendiente de definición. Una serie de videos involucran a referentes históricos del partido que en 2023 cumplirá veinte años en el poder en la provincia. Las imágenes seguramente están en manos de actores de la comunicación. Los testimonios incluso van más allá de la figura del ex gobernador recientemente condenado y el empresario que hizo negocios con el Estado provincial. Nombres conocidos para el común aparecen en los dispositivos fílmicos capturados en las oficinas del empresario de nacionalidad paraguaya en el marco de allanamientos realizados hace varios años.

Si se decidiera elevar esa causa a juicio es probable que se recurra a un recorte, como sucedió con la investigación de los contratos truchos, donde solo fueron imputados personal administrativo y agentes externos, pese a que el desfalco se produjo en un ámbito meramente político: la Legislatura.

Cuando la causa contratos truchos daba sus primeros pasos, trascendió en la prensa que todos los vicegobernadores y todos los presidentes de la Cámara de Diputados durante el período investigado serían imputados. Enseguida el propio procurador general Jorge García desmintió la especie que se había filtrado desde las entrañas del Ministerio Público Fiscal. La causa se elevó a juicio sin responsables políticos, incluso desoyendo resoluciones y testimonios que no dejaban margen de dudas.

García aparece otra vez como el hombre de la gobernabilidad. ¿Qué hará con el legajo que por estas horas se estudia si termina en juicio o no?

Goyeneche es la otra pata de este asunto. Es ella quien aparece en los videos indagando a testigos y escuchando música para sus oídos. De allí, posiblemente, se haya inspirado para amenazar a la dirigencia política desde el diario La Nación cuando se le abrió causa en el jury. Sucede que una fiscal no debe amenazar, sino investigar, y si tiene pruebas suficientes, acusar. ¿Qué hará o qué hizo con esa información?

Una apostilla: el acusador en el juy a Goyeneche es Gastón Justet, el mismo que denunció al ex intendente de Gualeguay Luis Erro por utilizar el enchufe de una oficina municipal para un acto político. La procuradora adjunta lo tuvo imputado durante una década por el delito de peculado y, lógicamente, fue sobreseído. Pero la fiscal llevó el caso en queja hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la causa contratos truchos la procuradora adjunta, ahora suspendida en su cargo, tuvo la posibilidad de acceder a un disco rígido que contenía un cúmulo de pruebas similares a las que aparecen en el legajo de Urribarri-Cardona Herreros. No las aceptó. De haberlo hecho, la lista de imputados hubiese sido más abultada. Y escandalosa, como lo fue el recorte. Recorte que se justifica con la promesa de que habría una segunda parte. Goyeneche parecía en ese momento que también actuaba como un fusible de esa gobernabilidad que conduce García y que la semana que viene se vuelve a poner a prueba.