JURY
Un proyecto de Juntos por el Cambio le da la razón al STJ
05/04/2022
Así se desprende de una iniciativa presentada hace unos días por legisladores de Juntos por el Cambio para despejar dudas sobre el Jurado de Enjuiciamiento. Pagliotto trabaja en una nueva presentación. La aclaración del autor.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Para el procurador general Jorge García el mejor escenario es el de la política. Posiblemente porque en ese ámbito, el jefe de los fiscales tiene elementos para sentarse alrededor de una mesa para negociar. Su segunda, la suspendida Cecilia Goyeneche, lo reveló a través de sus voceros cuando dijo lo que todos sabemos: que tiene información para seguir investigando las altas esferas de la política en la causa contratos. Sucede que no lo hizo, solo lo utilizó en una entrevista en La Nación cuando su situación comenzó a complicarse.
En el marco de las denuncias que impulsaron Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra la cabeza del Ministerio Público Fiscal, García logró por segunda vez que su caso sea tratado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y no en el Jurado de Enjuiciamiento, donde sí recayó el de Goyeneche.
El diputado del PRO Esteban Vitor, que suele interesarse por reglamentaciones en el seno del Poder Judicial, presentó la semana pasada un proyecto de ley que coincide con los denunciantes Pagliotto y Mulet sobre quién debe juzgar al procurador.
Dice el artículo 1º del texto ingresado en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 30 de marzo pasado: “Los magistrados y funcionarios judiciales a que se refieren los artículos 194 y 201 de la Constitución Provincial, como así también, el Procurador General y el Defensor General del Ministerio Público de la provincia, sólo podrán ser removidos de sus cargos por decisión del Jurado de Enjuiciamiento en la forma prevista en la Sección VIII de la Constitución Provincial y en la presente ley”.
Cuando los abogados lo denunciaron ante ese instituto, el expediente fue derivado al ámbito de la Legislatura. En rigor la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Lo que reclama la iniciativa de Vitor, que acompañan con sus firmas otros pares de bloque de Juntos por el Cambio, es una especie de declaración de certeza. Es dejar sentado en una ley una interpretación ante las dudas que dejó la carta magna reformada en 2008 y que tuvieron que resolverse judicialmente.
Dice el mito que la redacción engorrosa se hizo precisamente para cubrir al procurador. Creer o reventar.
Convalidación
Lo más interesante del proyecto de Vitor es que convalida lo que se está haciendo en el jury a Goyeneche.
En el artículo primero, el diputado pretende despejar dudas que implantaron los convencionales constituyentes: quién acusa cuando el denunciado es un fiscal. Dice el texto al que tuvo acceso Página Judicial: “Ante el Jurado actuará como fiscal el Procurador General y, en su defecto, sus subrogantes legales, el que será notificado de la recepción de las actuaciones respectivas”. Hasta ahí ningún cambio. La primera modificación implica que “el denunciante podrá constituirse como acusador, debiendo para ello actuar con representación legal de un abogado con matrícula vigente en la provincia, ostentando dentro del proceso, las facultades y deberes que se le confieren en esta ley”. Pagliotto y Mulet se la perdieron. El proyecto ni siquiera exige que el abogado acusador tenga acuerdo del Senado, como sí lo tienen los conjueces. En este caso Gastón Justet.
Segundo cambio: “En el caso de que el denunciado fuere un miembro del Ministerio Público Fiscal actuará como fiscal ante el Jurado un abogado con matrícula vigente en la provincia, que además cumplimentare con los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y que se encontrarse inscripto en el registro que a tales fines llevará el Colegio de la Abogacía quien, previa desinsaculación, designará al profesional que actuará como fiscal y a su suplente. El denunciado tendrá derecho a designar a su abogado defensor dentro de los diez primeros días del traslado de la acusación, de no hacerlo se le designará como defensor de oficio al Defensor General de la Provincia”. Fue lo que determinó el jury y motivó la denuncia, sin suerte, de Goyeneche. Se le acaba de denegar el recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
El colectivo que la defiende sin miramientos debería reformular la estrategia comunicacional y sumar a Vitor a la lista de anti republicanos.
Mientras el jury se desarrolla y el proyecto de ley toma estado parlamentario, Pagliotto y Mulet trabajan en un pedido de juicio político a García. A diferencia de la petición que fue rechazada el año pasado, ésta contará con una denuncia penal.
Luego de la publicación de esta nota, el autor del proyecto Esteban Vitor se puso en comunicación con este sitio para aclarar que “para nada se apoya lo resuelto por el STJ” en el caso de Goyeneche, sino que lo que se pretende es que “haya una ley en la que haya derechos y obligaciones para las partes”.
“En modo alguno, esta iniciativa intenta convalidar el grosero apartamiento de la ley que el Jurado de Enjuiciamiento ha configurado en el marco del proceso al remover al Ministerio Público Fiscal de su rol acusador expresamente previsto por la ley, delegando dicha función en conjueces que han sido seleccionados con otras finalidades institucionales”, dijo. No obstante, sostuvo que “resulta abrumadoramente obvio y parece necesario aclarar que la propuesta hecha en nuestro proyecto sobre el rol de la acusación cuando el denunciado fuere un miembro del Ministerio Público Fiscal, solo podrá tener lugar en la medida de que fuera sancionado y promulgado como ley este actual proyecto, es decir, ocasión en la que entonces regirá hacia el futuro”.
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