JUSTICIA Y POLÍTICA

Goyeneche pidió a la justicia que deje sin efecto la apertura del jury en su contra

21/01/2022

La procuradora adjunta interpuso una acción de amparo en la que solicitó que se deje sin efecto la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que dispuso abrir un proceso en su contra y suspenderla en el cargo. El amparo se advierte como un acto de defensa, pero es también una declaración política de alto impacto. Critica a los medios, a los denunciantes, a la política y a la justicia.

Goyeneche pidió a la justicia que deje sin efecto la apertura del jury en su contra

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La feria judicial va consumiendo sus días en tensión. Las disputas palaciegas que durante años se sucedieron en una suerte de guerra fría explotaron a partir de la apertura de un jury a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

Para la mayor parte de los entrerrianos, el palacio de tribunales es un entramado de poder desconocido. También lo es este último capítulo de la pelea palaciega.

Goyeneche asegura que detrás del proceso abierto en su contra hay una comunidad de intereses mediáticos, políticos y judiciales para horadar las investigaciones que viene llevando adelante el Ministerio Público Fiscal. Habla de las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos; y específicamente respecto de los contratos truchos en la Legislatura dice que hubo una campaña de desprestigio en su contra con el objetivo primario de entorpecer esa causa y, a largo plazo, con la pretensión de “interferir en la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal, ante el avance de las investigaciones y juicios por graves delitos de corrupción (…) y al mismo tiempo infundir temor a jueces y fiscales, con la obvia consecuencia de producirse, en los hechos, resultados favorables a los acusados”.

En esos términos lo planteó la procuradora adjunta en la acción de amparo que interpuso el 29 de diciembre contra el Superior Gobierno de Entre Ríos para que se deje sin efecto la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que dispuso la apertura de un proceso en su contra y la suspensión en su cargo por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo.

Goyeneche denunció la “ilegalidad que implica un grave quebrantamiento de las normas reglamentarias que determinan el modo en que deben integrarse los tribunales de la causa”, por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador; “la prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales”, en virtud de la convocatoria de un conjuez para que ejerza el rol de acusador; y la afectación a la garantía de ser juzgada por un juez imparcial, aludiendo específicamente a Claudia Mizawak, Daniel Carubia, Martín Carbonell, Sonia Rondoni y Armando Gay, a quienes también ha recusado.

El amparo debe entenderse entonces como un acto de defensa. Pero es también una declaración política de alto impacto: “El juicio al que se me está sometiendo es, lisa y llanamente, ilegal”, aseguró Goyeneche.

El hilo conductor de la crítica de la procuradora adjunta es al apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador natural. Dice que “es de una grosera y manifiesta ilegalidad por ausencia de legitimación del Jurado de Enjuiciamiento para disponer ese desplazamiento” y que la decisión se sostiene “en la búsqueda de un objetivo concreto: que el órgano de ‘acusación’ elegido especialmente para el caso se desempeñe de acuerdo con el criterio de los jurados que la seleccionan”.

Del mismo modo, considera una “arbitrariedad” que se haya dispuesto su suspensión mientras dure el proceso: “La suspensión injustificada no es sino la expresión más acabada del motivo que orienta la formación de causa, consistente en una represalia por las investigaciones de corrupción en las que se ha avanzado, y con la evidente intención de interferir en ellas”, en virtud del apartamiento del juicio que se sigue actualmente contra el ex gobernador Sergio Urribarri por desvío de fondos públicos para promocionar su fallida candidatura presidencial en el año 2015.

Los claroscuros del amparo

Las causales de la acusación contra Goyeneche giran en torno a la relación comercial con el imputado Pedro Opromolla, del estudio Integral Asesoría, que realizaba la gestión impositiva de los falsos contratistas y, posiblemente, también era reclutador de prestanombres en el esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y 2018.

Durante la investigación surgió el dato que el contador investigado (Opromolla) y la coordinadora de la investigación (Goyeneche) compartían la propiedad de un inmueble. La procuradora adjunta lo negó. Pero luego se supo que ambos compartían una segunda propiedad, cuando los fiscales a cargo de la investigación dispusieron un embargo sobre los bienes de Opromolla y entre los inmuebles embargados había uno que tenía como copropietaria a Goyeneche. Recién entonces la procuradora adjunta dio un paso al costado de la causa. Debe mencionarse que aquella relación tenía otra que la precedía: Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de Goyeneche y también contador, había integrado el estudio contable investigado en la causa donde se investiga una asociación ilícita que desvió 1.111.871.715 pesos durante una década.

Pero Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, los denunciantes, no solo apuntan a esa relación entre Goyeneche y Opromolla, sino que se metieron en lo que fue el devenir de la causa y la manera en que –según ellos– la procuradora adjunta actuó para salvar a su socio y el trato diferencial que tuvo respecto de otros imputados.

Por ese motivo había sido recusada, aunque los defensores lo hicieron ante la jueza de garantías y no ante el procurador, como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora Goyeneche sostiene que los denunciantes “han optado por convertir el planteo de recusación erróneamente articulado en motivo de juicio político”.

Otro dato que no pasa inadvertido en el escrito presentado por Goyeneche es que afirma, bajo declaración jurada, no haber iniciado otra vía de reclamo. En rigor, dos días después presentó una denuncia penal contra los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que votaron por la apertura de causa y el apartamiento del Ministerio Público Fiscal del proceso, como reveló Página Judicial, los mismos a los que recusó y acusa de falta de imparcialidad, pero ahora por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El amparo ha tenido un derrotero tan intrincado como el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento. La presentación recayó inicialmente en la jueza María Andrea Pereyra, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial. La magistrada se excusó invocando un artículo de la Ley de Procedimientos Constitucionales que establece taxativamente que los magistrados deberán apartarse en los procesos de amparo cuando tengan que resolver “acciones interpuestas por otros magistrados o funcionarios pertenecientes al Poder Judicial”. Pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó esa resolución y dejó el asunto en manos de los jueces de feria.

Como se dijo, Goyeneche demandó al Superior Gobierno de Entre Ríos y el juez José Antonio Reviriego libró “mandamiento en la persona del señor gobernador de la provincia de Entre Ríos”. Pero el gobernador no interviene en el Jurado de Enjuiciamiento y tampoco el Poder Ejecutivo tiene representación en el organismo.

Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento es un órgano jurisdiccional pero no tiene entidad para intervenir en un proceso penal. Entonces, quien contestará la demanda será la Fiscalía de Estado, que ya se dio por notificada y deberá responder, pero ya no ante Reviriego sino ante Elena Albornoz, que lo sucede en el turno de feria.

El amparo de Cecilia Goyeneche by Página Judicial on Scribd