Allende fue denunciado por lavado de activos

01/12/2021

Un denunciador serial de esos que pululan por los tribunales hizo una presentación en Comodoro Py para que se investigue al ex diputado provincial y sindicalista de UPCN por lavado de activos de origen ilícito. Lo que plantea es que el enriquecimiento ilícito por el que enfrenta un proceso en la provincia sería el delito precedente y que debería ampliarse la imputación. El caso aún no llegó a la justicia provincial porque quedó envuelto en un conflicto de competencia.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Una nueva denuncia contra José Allende sacudió los tribunales. El ex diputado provincial y millonario sindicalista de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que tiene causas irresueltas por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y amenazas varias, enfrenta ahora una acusación por lavado de activos.

La denuncia fue promovida por un hilarante abogado porteño en los tribunales de Comodoro Py y derivada a la Justicia Federal de Paraná, donde se inició un proceso para dirimir la competencia.

Es probable que la mañana del 4 de agosto el abogado Santiago Dupuy de Lome estuviera en su departamento porteño del barrio de Recoleta, con el celular en la mano, recorriendo los portales de noticias, en un día como cualquier otro, cuando se topó con un título que hablaba del sindicalista entrerriano que se esperaba que fuera condenado por un delito de enriquecimiento ilícito y debería devolver parte de lo que había robado. Tal vez en ese mismo instante haya comenzado a redactar un borrador que unos días después presentó en Comodoro Py, citando informes periodísticos y pidiendo que se investigara a Allende ya no por enriquecimiento ilícito sino por lavado de activos.

Santiago Dupuy de Lome se presenta como abogado, aunque su nombre no aparece en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es uno de esos denunciadores seriales que pululan por los pasillos de tribunales. Ha presentado más de cien denuncias que apuntan básicamente contra funcionarios kirchneristas, pero la mayoría de ellas han terminado en la falta de mérito o el sobreseimiento.

Su insumo suele ser una nota publicada en algún diario, un informe televisivo o, simplemente, en una versión que dice haberle llegado a sus oídos. Las denuncias suelen terminar en archivo, aunque Dupuy de Lome tiene sus cinco minutos de fama.

Esta vez no aportó ningún dato adicional el inefable abogado. Apenas una hipótesis: que había un sindicalista que obtuvo fondos de manera ilícita mientras se desempeñó como diputado y los convirtió en bienes, dándoles de ese modo una apariencia lícita; y ese crecimiento patrimonial sería un delito precedente del lavado de activos.

Recapitulando

La justicia provincial investiga a Allende por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Según la acusación, entre 1999 y 2016, mientras era diputado provincial adquirió bienes inmuebles, embarcaciones, autos antiguos, hizo inversiones en plazo fijo y en sociedades comerciales por 4.983.146,14 pesos, una cifra que no pudo justificar con sus ingresos ni ahorros. También se interesó en forma directa e intervino en los trámites administrativos para el otorgamiento de subsidios no reintegrables por 1.358.617,98 pesos en favor de la Fundación Esperanza, entidad que integró junto con su pareja y una de sus hijas.

La acusación se extiende a la ex esposa de Allende, Diana Traverso; a su actual pareja, Adriana Guadalupe Satler; y a sus hijos, María Cristina, Julio y Victoria Allende, a quienes habría utilizado como testaferros.

Allende intentó en dos oportunidades un acuerdo de juicio abreviado donde asumía su responsabilidad y buscaba exculpar a sus familiares. Pero no tuvo éxito. Ahora la causa debería seguir su curso y podría sumar la acusación por lavado de activos.

El lavado de activos es el proceso por el cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita, por caso, el dinero obtenido mediante actos de corrupción. Siguiendo este concepto, constituye un mecanismo mediante el cual una persona que ha cometido un delito busca disimular el dinero conseguido de una actividad ilícita intentando dar a esos fondos una apariencia de haber sido obtenido legalmente.

Según la acusación, Allende es dueño de un departamento en calle Mitre valuado en 297.192 dólares, dos departamentos en calle Cervantes valuados en 212.492,54 dólares; un departamento en la torre Le Parc, en Puerto Madero, valuado en 536.000 dólares; una casa en calle Laprida valuada en 378.289 dólares; la fastuosa mansión del Parque Urquiza valuada en 726.922 dólares; una casa quinta en Sauce Montrull valuada en 368.162 dólares; terrenos en el Distrito Quebracho, en el departamento Paraná, valuados en 1.041.639 dólares; el Haras El Machazo, en Nogoyá, valuado en 559.682,15 dólares; y hasta una isla frente a la costanera paranaense, la Isla Puente, con cabañas y muelle, valuada en 172.674,36 dólares. También es dueño de la radio La Voz Entre Ríos en Nogoyá, posee una colección de autos antiguos y dos embarcaciones tipo crucero, registradas a nombre de Allende y Satler, por un valor de 104.500 dólares.

El detalle estima el patrimonio de Allende en la escalofriante suma de 4.397.553,05 dólares y el acuerdo fallido de juicio abreviado suponía una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el decomiso (no devolución) de la casa de calle Laprida y la mansión en el Parque Urquiza y el pago de una multa de 3 millones de pesos.

Una investigación en disputa

Ahora bien, el escrito del denunciador serial recayó en el Juzgado Federal de Paraná a cargo de Daniel Edgardo Alonso. Pero los defensores del ex diputado Allende plantearon que la denuncia por lavado de activos debería acumularse con aquella que investiga el enriquecimiento ilícito.

Los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, representantes del ex legislador, plantearon una excepción de incompetencia de la justicia federal bajo el argumento de que si bien la ley de lavado de activos de origen delictivo es susceptible de ser aplicada tanto en el ámbito provincial como federal, según las personas caigan en sus respectivas jurisdicciones, en el caso de Allende, está siendo investigado en los tribunales provinciales por los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública mientras se desempeñó como diputado provincial, de modo que el supuesto delito precedente lo ha sido en el ámbito provincial.

El mismo criterio expresó el fiscal federal Leandro Ardoy y agregó que no se advierte una afectación de algún interés del Estado Nacional ni de sus instituciones, y como tampoco una defraudación a las arcas nacionales.

Alonso, en principio, admite que “la maniobra sospechada no habría puesto en peligro la seguridad del Estado Nacional, ni su patrimonio o sus instituciones”, como dijo el fiscal Ardoy, “por lo que resultaría competente para entender en las actuaciones la justicia ordinaria de la localidad de Paraná”.

Pero después plantea que a partir de recomendaciones efectuadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional para la prevención y combate del lavado de dinero de origen ilícito, se modificó la ley y se estableció que ese delito afecta el orden económico y financiero de un país, “por lo que se modifica la competencia para entender en el mismo, ya que se trata de un delito genuinamente federal”.

Por eso, el juez aseguró que “el lavado de activos constituye una amenaza contra el orden formal económico-financiero, que atenta contra su estabilidad y seguridad, generando economías paralelas, especulación financiera y posiciones ilegales de poder en el mercado, resultando en consecuencia competente este Juzgado Federal”. En otro tramo de su fallo dice además que “dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no solo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos”.

El fallo abrió una disputa de competencia que ahora está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones; mientras tanto, Allende cuenta las horas, con un ojo puesto en el fantasma de la prescripción y el otro en lo que hará la justicia provincial, que debe reactivar la causa tras los fallidos intentos de juicio abreviado.