Volvieron a rechazar el abreviado de Allende

05/08/2021

El juez Elvio Garzón rechazó el juicio abreviado por considerar que había una errónea calificación legal escogida en la causa por violencia de género contra la ministra Sonia Velázquez. El ex diputado está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares, negociaciones incompatibles con la función pública y amenazas. El caso será apelado ante la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El juez Elvio Garzón volvió a rechazar el acuerdo de juicio abreviado que proponía la condena del ex diputado provincial y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende.

El magistrado expresó sus discrepancias con la calificación legal escogida en la causa promovida por la ministra Sonia Velázquez “en un evidente contexto de violencia de género”. El hecho estaba encuadrado como amenazas simples, pero luego de analizar las pruebas y testimonios recogidos en la investigación, pero Garzón consideró que deberían encuadrarse como coacciones agravadas, cuya pena es más elevada. El mínimo de la pena, solo para este caso, es de cinco años de prisión, dejó expresado el juez.

El acuerdo al que se había llegado implicaba una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional para Allende; el decomiso de su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares y otra ubicada en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares; y el pago de una multa de 3 millones de pesos. Todo eso por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; un enriquecimiento patrimonial no justificado de 1.069.841,19 dólares a valores históricos –calculado en pesos sería de 4.983.146,14–, por haber hostigado durante mucho tiempo a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por las amenazas a un comunicador. También se imponía a Allende realizar algún tipo de curso sobre violencia de género y libertad de expresión.

Garzón consideró que “el encuadre legal bajo la figura legal de amenazas (en un contexto de violencia de género) seleccionada por el Ministerio Público Fiscal (para el caso de Sonia Velázquez) resulta erróneo dado que no se dan los aspectos objetivos y subjetivos que esa figura exige”. De hecho, la causa había sido rotulada inicialmente como coacciones agravadas y esa calificación fue modificada para el juicio abreviado, lo que a criterio del juez constituye una “aberración jurídica”.

La diferencia está dada en que las amenazas estarían dadas por expresiones que revelan la intención de causar un mal y ejercer de ese modo algún tipo de presión a otro; mientras que las coacciones, en este caso, tenían como objetivo utilizar la violencia para impedir que la ministra que haga algo y obligarla a hacer algo que no quiere.

Machito Allende

El apodo de Allende es Machito. En realidad, le dicen así porque Macho era su padre, el abogado Pablo Alejandro Allende, recordado como apoderado del denominado Partido para la Democracia Social del represor Emilio Eduardo Massera; pero es tan grande su ego que tiene haras que se llama El Machazo.

Lejos de ser un complejo o una carga, con los años, el ex diputado provincial y dirigente sindical se encargó de reproducir cada uno de los estereotipos que suponen llevar ese apodo, y el episodio que protagonizó con la ministra Sonia Velázquez es apenas el botón de muestra de una conducta habitual.

El 5 de abril de 2018, alrededor de las ocho de la noche, Allende irrumpió en el despacho de Sonia Velázquez de manera violenta, con la cara transformada y lanzando gestos de ira para exigirle la remoción de la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante:
–Lo de Diamante no da para más, quiero que eches a la directora. Te ordeno que eches a la directora –le gritaba.
–No lo voy a hacer, no tengo motivos y nadie me lo va a exigir –intentaba razonar la ministra ante un desaforado Allende.
–Te lo ordeno; vos sabés quién soy… no me atendés el teléfono… yo fui presidente de la Cámara de Diputados –insistía cada vez más fuera de sí.

La tensión entre ambos había escalado a partir del nombramiento de Velázquez al frente del Ministerio de Salud, en reemplazo de Ariel De la Rosa, un alfil de Allende, tras un escándalo desatado en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante que derivó en la detención de delegados gremiales de UPCN, que luego serían condenados.

Esa noche, en el despacho ministerial en Casa de Gobierno, Allende, que estaba acompañado por la secretaria gremial del sindicato, también le advirtió a la ministra que no desplazara a quien entonces ocupaba la Coordinación de Salud del Departamento Nogoyá, otra funcionaria allegada a UPCN:
–Si la llegas a tocar, te prendemos fuego en Nogoyá –le gritó entre agresiones verbales, amenazas e insultos de toda índole.

Según dijo la ministra, las situaciones de hostigamiento y denigraciones en público y en privado continuaron en los meses siguientes y explotaron el 24 de octubre, en un acto convocado por el gobernador Gustavo Bordet en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio. Allende volvió a increpar a Velázquez, esta vez en presencia de las ministras Rosario Romero y Laura Stratta:
–No mires para otro lado… che, salúdame… te estoy hablando.

Velázquez no respondía y Allende insistía:
–¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo?
–No tengo nada que arreglar con vos –dijo por fin la funcionaria y provocó la ira de Allende.
–¿Por qué no te vas un poco a la mierda? –le gritó antes de que Rosario Romero lo apartara.

El juez afirmó que “Allende intentó quebrar la voluntad de Velázquez mediante actos de hostigamiento” y advirtió que el tratamiento del caso carece de una perspectiva de género. “Luce patente que tal como está descripta la conducta de Allende, nos encontramos frente al delito de coacciones y no de amenazas simples, ya que claramente se imputa amenazas para obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad”, insistió.