Fotos de campaña, desprolijidades y un recreo de Berthet

21/10/2021

La audiencia giró, otra vez, por despejar dudas sobre la contratación directa de publicidad a medios de comunicación y cartelería. Fue en esta última donde aparecieron las repeticiones de imágenes. El relato de un ex legislador que operó de recreo.  

De la Redacción de Página Judicial  

 

La jornada de este jueves en el juicio oral y público que se lleva adelante contra el ex gobernador Sergio Urribarri y compañía tuvo como testigos a funcionarios del área de Comunicación del Gobierno provincial. La idea, según ellos, fue precisar cómo era el mecanismo de contratación de publicidad con los medios de comunicación y las campañas en la vía pública.

Mariela Teruel se explayó sobre el modo en que se hacen las contrataciones y las certificaciones de las publicidades o campañas publicitarias. A la responsable del área de Comunicación se le mostraron órdenes de publicidad que tenían una fecha anterior a las propuestas presentadas por las empresas Publicidad Bustamante, Montañana Publicidad y TEP SRL. La testigo refirió a un posible “error de tipeo” ante el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

La fiscalía preguntó sobre la posibilidad de contratar empresas que no estuvieran incluidas en el Registro Integrado de Medios, que se creó en 2009, ya que según su hipótesis TEP SRL, cuyo nombre de fantasía es Formato Urbano, se inscribió recién en 2010, pero fue beneficiada el año anterior. “Se puede haber contratado alguno pre-inscrito. Les dimos un tiempo a todos para que se inscribieran. Pero si la contratación fue en 2009, no debería haber contrataciones sin que estuvieran en el registro. Porque les dimos un tiempo de plazo, como máximo un año, no puedo decirte cuanto”, contestó.

La funcionaria fue convocada por varios de los legajos que confluyen en la causa que se conoce como “sueño entrerriano”, en la que el ex gobernador Urribarri está acusado de haber desviado fondos públicos para financiar su campaña presidencial.

Teruel dio detalles de los procedimientos de contratación y narró que “hasta que se creó el área legal (en el Ministerio de Cultura y Comunicación que conducía el imputado Pedro Báez), las contrataciones se definían por la vía de excepción sin justificación inicial. Hasta determinado monto solo requería la firma de quien era Director de Comunicaciones o el Ministro”.

La fiscal Patricia Yedro insistió en saber cómo se justificaba la contratación de publicidad. La testigo dio cuenta de la imposibilidad de fijar un criterio y dejarlo escrito. Alegó, incluso, que hubo intentos pero al momento de “llegar a todos los puntos de la provincia es imposible”. Puso como ejemplo las dificultades que implica otorgar una publicidad a un canal de Paraná y a una radio barrial de otra ciudad, adonde también tiene que llegar la información gubernamental.

Las famosas fotos

Las fotos, como elemento de certificación, aparecen en la causa como fundamental. El Ministerio Público Fiscal hizo hincapié en la repetición de fotos, que eran presentadas en diferentes campañas. Teruel ratificó que de certificar se encargaba Gustavo Tamay, designado para tal labor en 2009. Debía ir a los lugares en los que se había autorizado la cartelería adjudicada en Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay y las rutas 11, 12 y 14.

“Cuando había una orden de publicidad, se la entregábamos a él para que se constituya en el lugar y certifique que la publicidad estaba colocada”, narró Teruel.

Tamay debía certificar con una foto la existencia del cartel y la ubicación. Fue el momento en que la Fiscalía le exhibió expedientes a nombre de Montañana, Bustamante y Formato Urbano en donde aparecían fotos. La testigo reconoció que las imágenes utilizadas en distintos casos y que correspondía a firmas diferentes, eran las mismas. “Las fotos son iguales y los expedientes son de distintas empresas, son las mismas imágenes”, afirmó. De ahí surge el nombre de la causa “de la vaca”, a la que se hizo referencia durante los últimos años por la repetición de la imagen del vacuno en diferentes carteles.

Teruel, de todas maneras, no se hizo cargo de esa cuestión, aunque admitió que el procedimiento era “desprolijo”.

Báez ha explicado en la fiscalía, durante la instrucción penal preparatoria, que las fotos eran algo meramente ilustrativo, ya que hasta el momento (o hasta su llegada al Ministerio) eran las empresas las que presentaban las imágenes con la certificación.

La testigo ratificó que las empresas presentaban fotos que valían como certificación, pero luego se habilitó el pago a partir de la certificación “in situ” que realizaba Tamay.

Teruel también dijo no conocer a Jorge Corcho Rodríguez, propietario de Nelly Entertainment, una empresa que realizó cuatro spots para publicitar a Paraná como sede de la Cumbre del Mercosur, que se realizó en 2014. Juró por sus hijos que no conocía al ex de Susana Giménez, que resolvió su situación en este caso con un juicio abreviado.

Recreo y algo más

Luego de la kilométrica declaración de la funcionaria, fue el turno del ex legislador Hugo Berthet. Hizo una desopilante introducción, en la que repasó las internas del PJ de los últimos quince años, y complicó enfocar aquel dislate con la causa. “Lo hice diputado a (Hernán) Vitulo o al chico (José María) Kramer, que lo saqué de Ramírez, y se fue con (Adán) Bahl y Urribarri”. Y así fue contando anécdotas mientras la fiscal Yedro trataba de llevarlo a los legajos que se están analizando en estos días.

Repasó encuentros con Jorge Busti y opiniones que aportaba Augusto Alasino para definir acciones del partido tras la derrota del justicialismo en 1999. Saludó la iniciativa de Juan Domingo Zacarías de recaudar a través del pago del 10 por ciento del salario de cada afiliado. De lo más pintoresco por la galería de personajes que trajo a colación y que en algunos casos mencionó con el sobrenombre. Eso sí, de la causa nada.

Sobre la figura del imputado Juan Pablo Aguilera, el cuatro veces legislador (como diputado y senador), dijo haberlo conocido en el Senado, donde se desempeña (y tiene planta permanente). Recordó que el cuñado de Urribarri tuvo en el PJ un “rol protagónico en la campaña, según los compañeros, quizás por méritos propios o quizás por su cercanía con el gobernador”.

El final quedó para Maricel Brusco, secretaría de Comunicación, quien sostuvo que “el mecanismo de contratación directa (de publicidad) es el mismo que en todos los gobiernos, por lo menos desde que me acuerdo”.

La testigo hizo referencia a la Ley Número 5.140, que rige desde hace décadas para regular la contratación de publicidad. Esa normativa “terminó con cualquier mecanismo que no sea la contratación directa a los medios de comunicación. En el tiempo hubo decretos, registro de medios y una serie de cuestiones que fueron mejorando todos los marcos regulatorios”, sostuvo.

Brusco aseguró que “no se le da una pauta a cualquiera que viene diciendo que tiene un medio. Hay contadores auditores y diferentes organismos de control y jurídicos que participan de la elaboración de un decreto”, contó.

La procuradora adjunta Cecilia Goyeneche le consultó si recordaba una campaña de 3 millones dólares, a lo que respondió negativamente.

Volvió a ser consultada sobre el criterio para el otorgamiento de publicidad y admitió que era muy difícil porque se debe determinar radio, interés, periodista, ejemplificó. “Es muy difícil decir por qué el Gobierno pautaría con este y no con este. Eso no está resuelto, ni siquiera, en otras provincias. Es muy complejo comparar un medio con otro, por eso lo que se ha hecho es ir mejorando las auditorias y procedimientos”, apuntó.

Marcos Rodríguez Allende se interesó en saber si Brusco conocía a Aguilera. La funcionaria respondió que sí, pero negó que alguna vez le hubiera pedido por alguna contratación, ante una nueva pregunta del defensor.

El juicio continuará el lunes, con las declaraciones de Pablo Dimier, directo de asuntos jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación; Natalia Gallo y Virginia Lisnovsky, ambas empleadas del Ministerio.