El paro de AJER reaviva las tensiones hacia el interior de tribunales

26/08/2021

La ley de enganche está vigente pero el gobernador otorgó aumentos por decreto para la administración pública e incluyó al Poder Judicial. El único actor que levantó la voz fue el gremio de los trabajadores, pero el malestar reina entre magistrados y funcionarios. Parece haber una especie de tregua. La pregunta es hasta cuándo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Alto acatamiento tuvo el paro de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) que prácticamente paralizó la actividad en los tribunales provinciales y dejó en evidencia, una vez más la tensa relación entre magistrados y empleados.

Los trabajadores judiciales vienen reclamando desde hace algunas semanas la restitución y aplicación integral de la ley de enganche, que establece una paridad entre los aumentos de magistrados, funcionarios y empleados judiciales de la provincia con aquellos que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este miércoles se realizó la segunda jornada de paro sin asistencia a los despachos tribunalicios ni teletrabajo dispuesta por el plenario de AJER. Según los datos aportados desde el gremio, la medida de fuerza tuvo una adhesión del 90 por ciento, “lo que refleja el descontento de los trabajadores”, aseguró el secretario general, Mario Brnuzak.

La medida se fuerza se notó en una merma en la cantidad de audiencias que se desarrollaron en los tribunales respecto de los días anteriores y, aunque nadie levantó la voz, se percibe un evidente malestar entre magistrados y funcionarios.

El conflicto lleva unos cuantos meses. Mientras estuvo vigente la ley de emergencia solidaria, el enganche quedó suspendido y no se aplicaron los aumentos dispuestos por la Corte Suprema sino que los trabajadores judiciales recibieron incrementos salariales en las mismas proporciones que el resto de los agentes de la administración pública. Se esperaba que una vez finalizada la emergencia se volviera al esquema de aumentos automáticos, pero eso no sucedió y los trabajadores recibieron un incremento del 8 por ciento a través de un decreto del Poder Ejecutivo. “Entendemos que esto implica una derogación de facto de la ley de enganche”, se quejó Brnusak.

En diálogo con el programa En el dos mil también (FM Litoral), Brnuzak explicó que el reclamo se sostiene en dos puntos: “Durante el tiempo que duró la emergencia, el Gobierno se comprometió a que al finalizar la emergencia se iba a recuperar la ley de actualización de salarios y tendríamos una equiparación con aquellos aumentos que hubiera otorgado la Corte Suprema restando los porcentajes que efectivamente había otorgado la provincia. Eso no sucedió. Pero lo más grave es que el 15 de julio, ya con vigencia plena de la ley de enganche, el Gobierno otorgó un aumento del 8 por ciento que no sabemos a qué debe imputarse, si es por la deuda que quedó del período de la emergencia o si será imputado para futuros aumentos que otorgue la Corte Suprema”, reseñó.

El único actor en responder ha sido el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de un comunicado en el que expresó su rechazo a las medidas de fuerza “e insta a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para revertir esta situación” (sic).

El otro aspecto que señala el Colegio de la Abogacía va en sintonía con las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet al momento de anunciar el cese de la ley de emergencia solidaria, donde habló de la intangibilidad del salario de los jueces, de la ley de enganche y de las inequidades que existen en los salarios que paga el Estado.

“Hoy, la situación social, económica y, sobre todo sanitaria aún no ha sido superada, por lo que es contraproducente para el conjunto solicitar beneficios exclusivos para algunos sectores de la sociedad en desmedro de otros; y menos aún impedir el funcionamiento de servicio de justicia con un paro con quite de colaboración. Reconocemos la problemática de los trabajadores estatales, pero bien sabemos que el Poder Judicial cuenta con mejores salarios que otros sectores”, se quejaron ahora desde el Colegio de la Abogacía.

En el Poder Ejecutivo hay silencio. Tampoco la conducción del Poder Judicial dice nada. Ni la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el gremio de los jueces. Parece haber una especie de tregua. La pregunta es hasta cuándo. Hasta cuándo podrá contener el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el malestar que hay por debajo suyo.

Cuando anunció el fin de la emergencia, el gobernador pareció más decidido a reclamar fondos para sostener el sistema previsional que a eliminar la ley de enganche; sin embargo después otorgó un aumento por decreto que hizo extensivo a los habitantes del country. Se ve que no ha resuelto su dilema y solo el tiempo dirá cómo sigue esta película.