Bordet no prorrogará la emergencia pero quiere debatir la ley de enganche

16/06/2021

El gobernador anunció este miércoles que no prorrogará la ley de emergencia solidaria, pero aseguró que está dispuesto a debatir las inequidades que afloran en los salarios de la administración pública. La ley de enganche, otra vez en el centro del debate.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El gobernador Gustavo Bordet anunció este miércoles que no prorrogará la ley de emergencia solidaria más allá del 30 de junio, a pesar de que tenía la potestad para hacerlo por otros seis meses. Sin embargo, esto que fue celebrado en los tribunales, choca con la decisión de discutir las inequidades que genera la ley de enganche.

“He decidido no prorrogar la emergencia financiera y administrativa de la provincia, habida cuenta del ordenamiento de las cuentas públicas y que los objetivos se han logrado”, anunció el mandatario en un mensaje grabado que se emitió en horas del mediodía.

Sin embargo, a renglón seguido, agregó que “la aplicación de esta ley abre varios interrogantes para el futuro de la provincia, que sin dudas serán fruto de un debate en la Legislatura para poner condiciones de equidad que esta ley ha desnudado”.

Hacia el interior de los tribunales, la decisión tiene un impacto directo con el restablecimiento de la ley de enganche, que establece una paridad entre los aumentos de empleados, funcionarios y magistrados de la provincia con aquellos que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso, desde la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) adelantaron que en las próximas horas se reunirá el plenario de secretarios generales de la entidad para poner fin a las medidas de fuerza que venía realizando.

Pero el gobernador volvió a poner el ojo en el Poder Judicial. Expuso tres conceptos que podrían marcar el devenir del debate político: “intangibilidad”, “enganche” y “equidad”.

“No es lo mismo el aporte que hace a la Caja de Jubilaciones alguien que gana más de 200 mil pesos, que el que hace quien gana el sueldo mínimo de 40 mil pesos. No es equitativo y esas cosas hay que corregirlas” adelantó el gobernador Bordet.

En la actualidad, cualquier empleado público, independientemente de lo que diga su recibo de sueldo, aporta el 16 por ciento a la Caja de Jubilaciones. La ley de emergencia solidaria incrementaba el aporte al 18 por ciento para los salarios desde 75.001 pesos; 20 por ciento desde 100.001 pesos; y 22 por ciento desde 200.001 pesos en adelante.

“También he oído hablar de la intangibilidad de los magistrados y empleados del Poder Judicial, haciendo alusión a un enganche con la Corte Suprema. Sin embargo, los contribuyentes entrerrianos pagan sus impuestos de manera tangible, contante y sonante, y son quienes contribuyen a sostener el sistema de justicia. Quienes perciben sueldos de sistemas nacionales, como de la Corte Suprema, se jubilan por sistemas provinciales con el 82 por ciento móvil, cuando no ocurre lo mismo con el sistema nacional. ¿No debería haber un fondo compensador que establezca estas diferencias y ponga equidad para que quien más gana, aporte más; y quien menos gana, aporte menos? Estas son las cuestiones que debemos debatir en el futuro”, agregó el mandatario.

La intangibilidad es una garantía constitucional que asegura que los salarios de los magistrados no podrán ser disminuidos, para asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces.

Los magistrados entrerrianos se han aferrado a ese concepto cada vez que se habla de sus salarios o cuando se menciona la posibilidad de revisar la ley de enganche. Ello a pesar de que la Corte Suprema ha dicho que la garantía de intangibilidad no resulta afectada cuando hay ingresos diferentes en las distintas provincias o entre jueces provinciales y nacionales, ya que las provincias tienen derecho a fijar los ingresos de sus magistrados.

Entre Ríos es una de las provincias que tiene ley de enganche, como resultado de un acuerdo de Sergio Urribarri con el Superior Tribunal de Justicia (STJ), y además de lo ya dicho estableció que la bonificación por antigüedad se compute por cada año de servicio, sean servicios prestados dentro o fuera del Poder Judicial, desde la fecha de matriculación en el Colegio de la Abogacía. También se fijó una asignación de carácter remunerativo a los vocales del alto cuerpo, al Procurador y al Defensor General por funciones de representación y gobierno del Poder Judicial, consistente en un 15 por ciento aplicable sobre la asignación de la categoría, intangibilidad y antigüedad de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos cargos. Así, en marzo de 2021, un vocal del STJ se llevó a su casa 873.672 pesos, mientras la gran mayoría de los médicos que presta servicio en los hospitales públicos gana menos de 50 mil pesos, según lo consignó el periodista Sebastián Martínez en un informe que se publicó en la revista X-Más.

En una entrevista con Página Política, en octubre de 2020, con la ley de emergencia solidaria vigente, Bordet afirmó que “no hay razonabilidad cuando la Corte Suprema da aumentos completamente desproporcionados respecto de los de la administración central”. Antes se lo había dicho al presidente Alberto Fernández y también lo planteó en un mensaje ante la asamblea legislativa. “Se podría avanzar en encontrar un mix, poniendo topes para que no haya desfasajes”, esbozó en aquel reportaje.

Ahora volvió a poner el tema sobre la mesa, para disgusto de la asociación de magistrados, que ya había puesto reparos a la ley emergencia solidaria, aunque finalmente terminó aceptándola a regañadientes. Este anuncio promete un nuevo round en esa pelea.

La única certeza, por el momento, es que no habrá más emergencia, pero la ley de enganche vuelve a estar en el centro de la discusión pública y en el country encienden las alarmas. El futuro es una incógnita.