La rosca en Plaza Mansilla

13/08/2021

Los pedidos de jury contra los jefes de la Procuración General motivaron un comunicado de la entidad que los representa. El devenir en otros casos deja en evidencia coincidencias inquietantes. Preguntas para responder.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

En un comunicado de prensa que cuesta entender, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos expresó su preocupación por lo que acontece en estos tiempos en el Poder Judicial.

La necesidad de emitir un texto surgió al calor de la escandalosa audiencia que se llevó adelante este miércoles en el marco de la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Se volvió a poner en escena un hecho insólito: que abogados defensores de imputados muy comprometidos pidan que se investigue más. La estrategia de reclamar que se profundice la pesquisa esconde lo peor del problema, que es la necesidad de sostener el corte que hizo el Ministerio Público Fiscal para salvar al sistema que integra. Ir para arriba implica apuntar a los principales culpables. Los firmantes de los contratos. Los destinatarios de la porción más grande de la torta que le costó al Estado 1.111.871.715 pesos a lo largo de una década.

Este miércoles los defensores dijeron lo siguiente cuando recusaron a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry: “Se decidió cortar la investigación, cerrarla, diciendo que no han podido determinar quiénes suscribieron los contratos. Si eso no puede comprobarse, entonces por qué se persigue a quienes no firmaron los contratos. Cada contrato lleva el nombre de las personas que lo firman. Pero lo único que hizo el Ministerio Público Fiscal fue sentar en el banquillo de los acusados a personas que no firmaron los contratos, que no aparecen en ninguno de los contratos”.

Para la asociación de magistrados y el Ministerio Público Fiscal, los defensores no tienen otro fin que entorpecer la causa. Y a renglón seguido aseguran que está en peligro la “independencia judicial”. Esta última apreciación vuelve a surgir cuando dos de sus representados quedaron en el medio: Cecilia Goyeneche, sobre quien recae dos pedidos de jury; y uno sobre su álter ego, Jorge Amilcar Luciano García.

La entidad dice en su comunicado de tres párrafos lo siguiente: “La puesta en marcha de procedimientos de recusaciones y enjuiciamientos de los mismos miembros de la magistratura y representantes de los ministerios públicos no puede tener nunca el objetivo de obstaculizar el ejercicio de las elementales funciones que la Constitución Provincial asignó al Poder Judicial”.

¿Recusar a un fiscal o presentar una denuncia por entender que hubo mal desempeño de un magistrado es obstaculizar el ejercicio de la Justicia? ¿Se ha expresado malestar, como ahora, por una recusación en otros casos? ¿No es un derecho legítimo de un abogado recusar a un juez o fiscal? ¿Cuál sería el agravio?

En la Asociación –según supo Página Judicial– las presentaciones contra el procurador Jorge García y su adjunta Goyeneche hacen prender las luces de sospecha, ya que lo que se les imputa a los jefes del Ministerio Público Fiscal son hechos que tienen más de un año y por lo tanto traerlos ahora no es otra cosa que una maniobra para observar con atención.

¿Cuánto tiempo corrió entre los hechos que se le imputaron  al ex vocal Carlos Chiara Díaz y la presentación de un juicio político en su contra? ¿Y en el caso de Emilio Castrillón? En ambos procesos pasó más de año, pero sin embargo no fue motivo de sospecha para el gremio de los magistrados.

El interés de correr a los vocales radicó más en el Poder Ejecutivo que en sectores internos nucleados en las cooperativas judiciales con apoyo mediático como se cree. Estos sólo colaboran. No más que eso. ¿O se cree posible destituir a dos integrantes del organismo judicial de última instancia a espaldas o sin la opinión del Gobernador?

En Casa Gris se ha manejado con maestría la estrategia de instalar la idea de que las cosas en Entre Ríos se resuelven a través de los canales institucionales. Esto sería la Comisión de Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento. Es verdad. Pero estas cosas no las resuelve el azar.

La asociación de magistrados ha sido, en todos estos procesos, un canal de comunicación que expresó algo que en la Casa Gris escuchan con gusto. ¿Coincidencias?  La entidad hizo silencio ante los procesos que tuvo en el centro de la escena a los vocales y saltaron cuando los cañones apuntaron contra el Ministerio Público Fiscal, organismo que posee el monopolio de la persecución penal y la aplicación de la política criminal.

Si al caso José Ángel Allende se lo mira desde esa perspectiva, se encontrará con que fiscales acordaron un juicio abreviado muy beneficioso para el ex diputado luego de dar un paso al costado tras haber estado sentado durante veinte años en una banca en la Legislatura bajo el paraguas oficialista. En el medio, estuvo casi una década denunciado en sede judicial, pero llegó a la audiencia para homologar su auspicioso acuerdo sin un procesamiento. ¿El acuerdo fue sólo entre los fiscales y la defensa del mandamás de UPCN? En línea con la asociación de magistrados, pongamos todo bajo sospecha.

En Plaza Mansilla, que no tiene árboles, se pretende tapar el sol con las manos. Se complica.