Era una audiencia de recusación de los fiscales y se cruzaron la jueza y los defensores

12/08/2021

La jueza Marina Barbagelata escuchó los argumentos para pedir el apartamiento de los fiscales que tienen a su cargo la investigación de los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. Fue una jornada intensa y de fuertes cruces con los defensores. El miércoles 18 dará a conocer su decisión.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Se vivió una tarde volcánica en el palacio de tribunales.

La audiencia había sido convocada para discutir la recusación de los fiscales que intervienen en la causa donde se investigan las contrataciones irregulares en la Legislatura entre 2008 y 2018. Pero venía precedida de una decisión que preludiaba un debate intenso: hay un conflicto de competencia pero no se suspenden los actos procesales, es decir, la causa sigue adelante en la justicia provincial.

Se había llegado a esta tarde para resolver la recusación de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry por haber violado el deber de objetividad que debe regir en cualquier investigación penal. El pedido de apartamiento se extendía también a la fiscal coordinadora Mónica Carmona y al procurador Jorge García.

Pero los defensores pretendían que esta audiencia no se realizara por el conflicto de competencia trabado por el juez federal Daniel Alonso, que reclama investigar el hecho porque considera, o así lo ha dicho, que el dinero sustraído se utilizó para financiar campañas electorales.

–Vamos a insistir en una petición que tiene que ver con la realización misma de esta audiencia… –introdujo el abogado Miguel Cullen, pero no pudo continuar.
–No, doctor –lo interrumpió la jueza Marina Barbagelata–. Esta es una audiencia de recusación y no va a tratar ninguna otra cuestión que no sea la recusación.
–Tenemos que llamar la atención de que estamos frente a un escándalo jurídico… –insistió el defensor, desde su estudio, por videoconferencia.
–Me queda claro, doctor. Está bien que usted haga el descargo de lo que adelantó cuando interpuso el recurso de reposición con apelación en subsidio –a la suspensión de los actos procesales hasta tanto se resuelva el conflicto de competencia–. Este es otro trámite y lo único que voy a escuchar es sobre la recusación –reiteró la jueza.
–Si usted quiere, no lo escuche, su señoría, pero tengo que dejar sentado que voy a participar de la audiencia porque usted no ha dado lugar a la reposición. Pero no puedo dejar de mencionar que se trata de un escándalo jurídico. El 6 de julio, su superior le dijo que no puede dictar ninguna resolución hasta tanto se resuelva la cuestión de la competencia.

Barbagelata volvió a interrumpirlo pero esta vez para un cuarto intermedio y a la vuelta, cinco minutos después, ratificó su decisión:
–Es una audiencia estrictamente de recusación –le reiteró al defensor–. Me ha quedado claro cuál es su posición, pero esta no es una audiencia para tratar ese tema, y si decide seguir hablando sobre ese tema voy a tomar oportunamente las medidas que considere pertinentes en función de que no acata las medidas de este tribunal.

El cierre de ese primer round hace presumir que la cosa no terminó ahí:
–Se me está coartando la posibilidad de expresarme y también el derecho que tienen mis defendidos a ser escuchados –insistió Cullen, aunque sin dar por cerrada la discusión.

Qué dicen los defensores

Disipada la niebla de los primeros instantes –o no tanto–, los abogados defensores de algunos imputados señalaron que la pérdida de objetividad quedó evidenciada en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, donde no aparecen los nombres de diputados, senadores ni autoridades legislativas en la nómina de imputados.

“Esa decisión de sectorizar la investigación, que se concretó al momento de remisión sectorizada a juicio, muestra la pérdida completa de un deber fundamental de objetividad”, sostuvo Cullen.

La Constitución Provincial dice que “el Ministerio Público Fiscal ejerce la acción penal pública y conduce la investigación, con arreglo a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, especialidad, oportunidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica”.

Emilio Fouces agregó que toda investigación “debe ser realizada con sujeción al principio de objetividad y los fiscales deben realizar una pesquisa completa, seria, responsable y tienen la obligación de investigar todos los hechos”. Esa mención a “todos los hechos” remite nuevamente a la decisión de excluir a los legisladores y autoridades legislativas de la causa, aunque el procurador ha dicho que podrían ser acusados en una eventual segunda parte.

Los defensores aseguran que la mención a los “contratos truchos” es una construcción hecha para la opinión pública; aseguran que no se cometió ningún delito, que no existen contratos truchos sino contratos que cumplían con todas la características de habilitaciones legales y tenían una partida presupuestaria específica que había sido votada por la Legislatura en la ley de presupuesto. Pero, siguiendo la hipótesis de la fiscalía, “la misma imputación dice que la sustracción que se habría dado de dineros públicos contó con el aporte de autoridades no identificadas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraída del patrimonio del Estado. Sin embargo, la fiscalía decidió cortar la investigación, cerrarla, diciendo que no han podido determinar quiénes suscribieron los contratos. Si eso no puede comprobarse, entonces por qué se persigue a quienes no firmaron los contratos”, se preguntó Cullen. “Cada contrato lleva el nombre de las personas que lo firman. Pero lo único que hizo el Ministerio Público Fiscal fue sentar en el banquillo de los acusados a personas que no firmaron los contratos, que no aparecen en ninguno de los contratos”, insistió el defensor.

En ese sentido, Iván Vernengo apuntó que “es el Ministerio Público Fiscal quien introduce en su acusación a estas personas que aún no han podido ser identificadas, pero admite que tienen una relevancia mucho mayor que las personas que están imputadas” y agregó que “no han tenido el mismo criterio de imputar a las autoridades legislativas por sus funciones, como han hecho con otros imputados”.

“Dicen que no saben quiénes son las autoridades que firmaban los contratos y hay cinco ex diputados que aseguran haber firmado contratos, aunque pretenden tomarnos el pelo diciendo que lo hicieron porque (el ex director administrativo de la Cámara de Diputados, Sergio) Cardoso se los pidió por favor”, agregó Fouces.

“Si tienen a una persona que ha firmado con su nombre y apellido un contrato ideológicamente falso, cómo es que no han podido identificar quién es”, se preguntó Vernengo.

Cullen le atribuye al procurador García la decisión de hacer ese recorte en la investigación; habló de “presiones” del jefe de los fiscales a los instructores y de una “animosidad directa contra quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados”.

Los defensores, en general, coincidieron en que esa pérdida de objetividad que les atribuyen a los fiscales “inhabilita la posibilidad de realizar el ejercicio de defensa”.

Un ejemplo de ello es que “no se podría convocar como testigos a aquellas personas que están por encima de los acusados (¿los legisladores? ¿las autoridades legislativas?) porque podría caer en la autoincriminación y eso anularía sus testimonios; e incluso si hubiera una segunda parte, se avanzaría con una sentencia y prueba realizada a sus espaldas y sin el derecho a contradecirla”, graficó Cullen.

Por el mismo carril rondaron las críticas de Leopoldo Cappa, José Velázquez y Leonardo Schonfeld, defensores de algunos imputados, que también sostuvieron la recusación de los fiscales Yedro y Aramberry.

Qué dicen los fiscales

Los fiscales no ahorraron críticas para responder a los defensores: hablaron de acusaciones “genéricas e infundadas”, “alegaciones absolutamente contradictorias”, dijeron que se trataba de “un reclamo vacío”, que obedecía a una “maniobra dilatoria” y que sus planteos contienen “falsedades”, entre otras cosas. También pidieron que se rechace el planteo por extemporáneo: “La extemporaneidad demuestra que no estamos siendo recusados por haber quebrantado el deber de objetividad sino por pretender remitir la causa a juicio”, afirmó Aramberry.

Pero la crítica más fuerte provino de la fiscal Carmona: “Estas recusaciones genéricas pretenden poner en juego la independencia del Poder Judicial y el transparente funcionamiento de las instituciones y de la república democrática”, afirmó. Cullen pidió derecho a réplica, pero la jueza se lo negó y reeditó la tensión inicial.

Aramberry dijo que la recusación “es una mera estrategia dilatoria de la causa, dentro del abanico de estrategias dilatorias que suelen introducir los defensores en este tipo de causas donde se investigan delitos contra la administración pública: recusaciones, incompetencias sacadas de la galera, pedidos de juicio político”.

El fiscal dijo que el objetivo de los defensores es evitar que la causa sea elevada a juicio y que busca “poner palos en la rueda” en la investigación.

En la misma línea, Yedro resaltó que “los defensores no están conformes con el pedido de remisión de la causa a juicio ni con la merituación de la evidencia colectada y que sustenta cada una de las acusaciones” y por eso plantean su recusación. “Parecería ser que el principio de objetividad que los defensores entienden violado se da porque la fiscalía no prueba su teoría del caso; por eso hablamos de un principio de objetividad mal entendido”, agregó la fiscal.

Aramberry agregó que los defensores confunden “imparcialidad y objetividad” y aclaró que “los fiscales no son imparciales, el juez es imparcial”.