Todavía no se definió quién será el fiscal en el jury a García y Goyeneche

11/08/2021

El Jurado de Enjuiciamiento corrió vista al procurador y a la procuradora adjunta de las denuncias presentadas en su contra y está corriendo el plazo para que ambos efectúen el descargo correspondiente. El tribunal, mientras tanto, analiza distintas variantes para resolver el gran problema que tiene el procedimiento: quién oficiará como fiscal.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Jurado de Enjuiciamiento dio sus primeros pasos en el análisis de las denuncias contra el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, y su adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche. En ambos casos, las acusaciones giran en torno a su actuación en la causa de los contratos truchos de la Legislatura.

Hace unos días, Goyeneche presentó su descargo respecto de la denuncia por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo, promovida por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo.

Las causales de la acusación giran en torno a la relación comercial con el imputado Pedro Opromolla, del estudio Integral Asesoría, que realizaba la gestión impositiva de los falsos contratistas y, posiblemente, también era reclutador de prestanombres en el esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y 2018.

Durante la investigación surgió el dato que el contador investigado (Opromolla) y la coordinadora de la investigación (Goyeneche) compartían la propiedad de un inmueble. La procuradora adjunta lo negó. Pero luego se supo que ambos compartían una segunda propiedad, cuando los fiscales a cargo de la investigación dispusieron un embargo sobre los bienes de Opromolla y entre los inmiebles embargados había uno que tenía como copropietaria a Goyeneche. Recién entonces la procuradora adjunta dio un paso al costado de la causa. Debe mencionarse que aquella relación tenía otra que la precedía: Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de Goyeneche y también contador, había integrado el estudio contable investigado en la causa donde se investiga una asociación ilícita que desvió 1.111.871.715 pesos durante una década.

En su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, la procuradora adjunta insistió en los argumentos que ya había dado públicamente: negó que hubiera tenido una relación comercial con Opromolla y dijo que el contrato para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición de una parte indivisa de un inmueble, no afectaron su deber de objetividad en la coordinación de la investigación.

En cuanto a la segunda denuncia, presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra García y Goyeneche, ambos tienen plazo hasta el viernes 14 de agosto para hacer sus descargos. Hace unos días, en un acto institucional, el procurador dijo lo que pensaba de la denuncia y de sus denunciantes: “Nos bancamos las denuncias difamatorias porque esas denuncias no están dirigidas contra nosotros, los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Para nosotros es un elogio que personas de laya moral muy baja nos denuncien”. Sentada a su derecha estaba la procuradora adjunta.

En el mientras tanto

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Miazawak; el senador provincial Armando Gay (PJ); el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ); y los abogados Luis María Campos y Sonia Rondoni.

La primera decisión importante que tomó Carbonell como presidente del Jurado de Enjuiciamiento fue rechazar por inadmisible la recusación planteada por Reggiardo contra el diputado Zavallo. ¿Por qué? El derecho de recusar lo tienen las partes y el denunciante no lo es. Pagliotto y Mulet, por su parte, hicieron notar ciertas “especiales circunstancias relativas a dos integrantes del tribunal”, Zavallo y Mizawak. No fue estrictamente una recusación sino que plantearon que Zavallo integró la Cámara de Diputados en el período que está bajo investigación en la causa de los contratos truchos y en el caso de Mizawak señalaron que ellos impugnaron su postulación para el STJ, luego promovieron un juicio político en su contra y fueron querellantes en una causa que involucró a familiares de la magistrada. Eso podría llegar a comprometer la sensación de objetividad e independencia de ambos como juzgadores, advirtieron los denunciantes. Como se dijo, no se le dio entidad de recusación, pero quedó abierta la posibilidad de que ambos analicen si corresponde que se excusen.

El tribunal analizará ambas denuncias en un mismo proceso. Luego de recibir el descargo del procurador y la procuradora adjunta, Carbonell convocará al resto de los integrantes del jury y se abrirá un período de treinta días hábiles para analizar si corresponde formar causa o desestimar la denuncia.

El procedimiento establece que si se admite la denuncia el jury deberá designar un instructor y correrle vista. He ahí tal vez el principal problema y que todavía no ha sido resuelto: quién interviene como fiscal si el procurador, que es el encargado de hacerlo según la ley, es el acusado. No puede ser otro fiscal, por ese verticalismo que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. ¿Entonces quién?

La ley es tan defectuosa que ni siquiera dice taxativamente que la conducta del procurador debe ser examinada por el Jurado de Enjuiciamiento –así se estableció en 2019 a raíz de una denuncia promovida por el mismo abogado Reggiardo– y mucho menos prevé quién oficiaría como fiscal instructor en ese caso. Existe un vacío legal que deberá llenar el tribunal mediante la interpretación de leyes. Por ejemplo, se prevé la elaboración de listas de conjueces y fiscales y defensores ad-hoc. Una posibilidad es establecer un mecanismo parecido que esté integrado por funcionarios judiciales o abogados matriculados. Pero hasta el momento es un escenario incierto.