“Los testigos, como los legisladores y funcionarios, se van a autoincriminar”

07/06/2021

El textual corresponde a un abogado defensor que advierte que el Ministerio Público Fiscal podría violar un tratado internacional sobre casos de corrupción. Insistió con una idea, la de la comisión de un delito electoral; y lanzó una pregunta irónica: “¿Hugo Mena y su familia manejaron la Legislatura durante diez años?”

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El pedido de elevación a juicio de la causa de los “contratos truchos” en el seno de la Legislatura, en el período que va desde 2008 a 2018 en el Senado y desde 2011 a 2018 en Diputados, revive una sensación que se vivió hace unos años, cuando toda esta historia comenzó a contarse.

El 11 de noviembre de 2018, dos meses después de los primero allanamientos, Página Judicial publicó una nota que tituló: “Contratos truchos: las responsabilidades y el recorte”. La misma tuvo como disparador las declaraciones del ex integrante de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ex presidente del bloque del PJ en el Senado Miguel Carlín, al quitarle importancia a la firma de los contratos.

Hoy todo vuelve a eso. Las responsabilidades y el recorte.

El 21 de julio de 2019, este sitio entrevistó a Iván Vernengo, abogado defensor de Alfredo Bilbao, uno de los integrantes de un buffet que administraba los contratos. En esa oportunidad dijo: “Hay muchas pruebas para avanzar con las altas esferas de las cámaras”.

Sin repercusiones en la prensa amiga de la Procuración General, que termina siendo amiga de las autoridades políticas de la Legislatura, las palabras del abogado vuelven a hacer ruido.

Insólito: representantes de imputados pidiendo que se investigue más ante la resistencia de los fiscales. Sobre este punto hay más. El de la resistencia de los fiscales, claro.

José Velázquez representa a Hugo Mena, uno de los principales imputados, en su carácter de “tarjetero”, y ante la consulta de Página Judicial sostuvo que el comportamiento de sus defendidos “es un claro comportamiento estereotipado que tenía por finalidad trabajar para el financiamiento de campañas electorales, para financiar la política de todos los partidos”. El abogado ha insistido en llevar la causa a la justicia federal, por entender que lo que se debe investigar es un delito de fraude electoral. Raymundo Kisser, tras una experiencia personal, se sumó a esa posibilidad. En una columna publicada recientemente, el ex senador reveló haberse reunido en su momento con los fiscales y escuchar de boca de ellos que la plata se la “habían fumado en política”. La semana pasada el fiscal federal Carlos García Escalada rechazó la posibilidad de que se investigue en esa jurisdicción.

Sin embargo, Velázquez está seguro que los más de mil millones de pesos extraídos ilegalmente de la Legislatura es un modus operandi de la política. “Según la acusación, está claro que no se quiere transparentar una modalidad, como no se quiere hablar de financiamiento de campañas políticas, es más fácil, entonces, crear la idea de que un grupo de bandidos, sumamente astutos, durante diez años engañaron a las autoridades de la Legislatura. De esto se trata la acusación del Ministerio Público Fiscal. Carece de toda objetividad y es incongruente”, opinó.

Y agregó: “Estamos ante un caso en el que legisladores firmaban contratos, autentificaban la firma del contratado y tenían el deber de controlar la prestación; ahora, por arte de magia, tenemos que creer que fueron engañados durante diez años. Pregunto: ¿Quién disponía de los recursos de la Legislatura? ¿Mena? ¿O me van a decir que Mena y su familia manejaron la Legislatura durante diez años?”.

Para Velázquez, “esta falta de objetividad de la acusación es el resultado de las arbitrariedades y direccionamientos de la investigación: períodos descartados, testigos y posibles imputados excluidos, prejuicios que se convierten en dogmas, testigos asistidos por abogados defensores mientras al resto de las defensas no se les notificaba de esas audiencias y otras cuestiones que ya se han advertido”.

Contratos II, un invento

Según el abogado, “se requiere que los autores que disponían de recursos de la Legislatura ejerzan su derecho de defensa, que expliquen sus decisiones. Mena no puede alegar defensas que solo los autores pueden hacer. Si acá se sienta en el banquillo a los autores, se demostraría claramente que se trata de un financiamiento de campañas electorales, por eso es que han inventado una causa Contratos II que nunca va existir”, aseguró.

Y agregó: “Otro punto que me preocupa es la posibilidad de que varios imputados acuerden abreviados en esta etapa del proceso. De esta forma se entendería la urgencia de remitir la causa a juicio, porque allí se formaliza la pena y, bajo esa amenaza de un pedido de pena irracional, el Ministerio Público Fiscal pueda presionar para acordar abreviados de tres años condicional y luego utilizar esos acuerdos para demostrar la existencia de una banda que engañó a las autoridades de la Legislatura durante diez años. Desde ya adelanto que si alguien acuerda un juicio abreviado, lo impugnaré”.

Para Velázquez, “la falta de objetividad de la acusación traerá muchos problemas en el debate, porque el 90 por ciento de los testigos, es decir, legisladores, funcionarios públicos, personas que prestaban su nombre o que hacían lo mismo que Mena, al momento de atestiguar se van a autoincriminar. Y aquí vale destacar que el Ministerio Público no puede aplicar el principio de oportunidad para las causas de corrupción porque se lo prohíbe la Ley Número 26.097 que aprobó un tratado firmado ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es un callejón sin salida y la única manera de sortear esta situación es con una acusación objetiva y congruente”.