“Hay muchas pruebas para avanzar con las altas esferas de las cámaras”

21/06/2019

Abogados defensores advierten que si la investigación se parte en dos podría haber impunidad. Las preguntas que se caen de maduro pero nadie contesta. Las preguntas que no se hacen. Una mención al relato de la Procuración.

Federico Malvasio
De la Redacción Página Judicial

 

Es insólito, los defensores de un imputado en la causa de corrupción más escandalosa que tramita en la Justicia entrerriana piden que se investigue. Como si hubiesen sido requeridos por la víctima, que es el Estado. La causa de los contratos truchos en la Legislatura está al borde de su cierre y aún se desconoce cuál fue el destino de los 2.000 millones de pesos que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se desviaron de las cámaras parlamentarias en el período 2008-2018.

Página Judicial habló con Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao, integrante de uno de los estudios contables externos que operaba como parte de la asociación ilícita que están investigando los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

Los abogados no se sorprendieron de las declaraciones del procurador Jorge Amílcar Luciano García sobre el inminente corte en la causa, para luego avanzar con una segunda temporada.

Página Judicial ya había advertido sobre esa posibilidad durante los últimos días del año pasado, cuando en las audiencias se esgrimía que quienes estaban detenidos en la unidad penal eran “los escalones más altos” de la organización, todos ellos administrativos de las cámaras de diputados y senadores.

–¿Es conveniente partir la causa en dos partes?
Vernengo: –Es una falacia pretender cortar la investigación para evitar que se prolongue hasta 2030 por su dimensión, como quiere hacer creer el procurador. Ésta causa tiene menos de un año, es de una complejidad y una gravedad enorme, y la quieren cerrar. Es raro que se diga eso cuando con un homicidio lo llevan a ocho años.

Petenatti: –García no ha dado fundamentos jurídicos para hacer un corte. Lo que queda claro es la injerencia de la política en la agenda de la Procuración y sobre todo en los casos de corrupción. El Ministerio Público Fiscal no tiene determinados criterios que le da la ley procesal en cuanto a la discrecionalidad y esto se lo impide justamente el artículo 5 del Código Procesal Penal cuando refiere a un delito en la administración pública. No hay ningún tipo de criterio de discrecionalidad. Por otra parte, este recorte deja en evidencia la intención de no investigar a las más altas esferas de la política. Esto lo hemos hablado con otros colegas. Todas las personas que actualmente están siendo investigadas, sospechadas o se le hizo designar abogado, si se cierra y quedan afuera de la investigación, no van a poder ser investigadas en esa segunda parte. Se amparan en un principio que es para todos los ciudadanos que es la prohibición de la doble persecución, es decir, no se puede investigar en dos oportunidades a una persona por el mismo hecho.

–En las audiencias, y también en algunos medios de prensa, los investigadores hablaron de una importante recolección de prueba. ¿Es suficiente para llegar a los jefes de la asociación ilícita?
Vernengo: –Hay muchas pruebas para avanzar con las altas esferas de las cámaras legislativas. Hay muchísima documentación que surgió de los allanamientos y demás medidas de prueba, y eso a pesar de que las cámaras han retaceado información, sobre todo la Cámara de Diputados, más que el Senado. Cuando peleábamos por las excarcelaciones y las prisiones preventivas se decía desde la Fiscalía que era por una posible obstrucción en la investigación, ese era el argumento para sostener las prisiones preventivas. ¿Cuánto hace que se pidieron los informes a las cámaras y aún no han respondido como corresponde? ¿No hay obstrucción ahí? Creo que está clarito. No se puede creer lo que se han demorado en brindar la información que, por otro lado, es pública.

–La causa de los contratos truchos se compone de la documentación que se ha recolectado, las normas que rigen en la administración pública para la contratación de personal y las responsabilidades; además de los testimonios de los estafados. ¿Qué faltaría para avanzar en la pesquisa?
Petenatti: –Según la teoría de la Fiscalía, es indispensable que se haya contado con la anuencia de las autoridades políticas de cada cámara, concretamente, los presidentes. Hablo de todos los períodos. Esto no pudo haber ocurrido de otra manera. Ninguna de las autoridades políticas pudo haber ignorado cómo funcionaba el sistema de contrataciones, porque incluso muchos de ellos dejaron su firma.

Vernengo: –Esa idea del procurador de que si alguien se roba una escoba no se puede acusar a un gobernador es un disparate. Según la Fiscalía, es la causa más grande de corrupción en la provincia y de la historia y resulta que la quieren cerrar en un año y sin haber interrogado a ni siquiera un responsable político. ¿Quiénes los hicieron y quiénes decidieron hacer los cuatrocientos o quinientos contratos que andan dando vueltas en el legajo? ¿Se le pudo escapar a los presidentes de los cuerpos legislativos la contratación de 500 personas? Esos contratos no pertenecen a los legisladores sino a las cámaras, es gente que supuestamente se contrataba para el funcionamiento de las cámaras; esos contratos los hace el cuerpo, porque son para prestar servicios ahí, no para el legislador. Un presidente no puede ignorar que se le esté pagando a doscientos tipos para que trabajen en el cuerpo que preside. Es una locura. Nadie puede creer eso.

–Han declarado algunos administrativos, que son los que hacían pero no decidían sobre los contratos. ¿Qué aportaron?
Vernengo: –No se ha interrogado correctamente para saber cómo funcionaba el sistema. Pareciera que no se quiere conocer bien cómo era la cosa por miedo a que caiga algún dirigente político. Esta idea se desprende de las indagatorias que están en el legajo. Resulta que se dice que hay una cantidad de prueba abrumadora, pero todo es para las capas medias de la asociación ilícita y nada sobre los jefes. Es extraño. No veo interés de los fiscales en subir.

Petenatti: –Es muy loco lo que sucede. En todo momento se hace referencia a las autoridades de las cámaras como parte del mecanismo por el cual se cometía el delito, pero dicen que no están identificadas. ¿Cómo que no están identificadas? Es un dato objetivo. Todos sabemos quiénes son y quiénes fueron esas autoridades. Están hasta en el protocolo de la provincia. ¿Hasta cuándo se va a seguir diciendo que es la causa más importante de corrupción cuando hay tres funcionarios imputados por su condición de tales?

–¿Qué funcionarios están imputados?
Petenatti: –(Juan Domingo) Orabona, (Gustavo) Pérez y (Sergio) Cardozo (ex administrativos de las cámaras). Semejante causa, por su complejidad, si se cierra en un año, no es otra cosa que una muestra clara de que no se quiere investigar a la política.

Vernengo: –En todas las entrevistas de las que hemos participado hay una voluntad de no querer investigar hacia arriba. Se nota mucho.

–Si mañana se decidiera elevar la causa a juicio en una primera parte. ¿Qué plantearían en la audiencia de elevación?
Petenatti: –Plantearemos cosas, porque acá no se está abordando el panorama completo. Esto es un proceso penal muy complejo, no es una serie en la que se pueden hacer dos partes. Hay una campaña por parte de la Procuración, a través de algunos medios, de negar un costado de toda la trama. Eso se ve. Pero, insisto, no hay fundamentos jurídicos por los cuáles se pueda partir el proceso cuando la prescripción es larguísima. Y si hablamos de un plazo razonable para investigar, nadie está planteando diez años, pero tampoco menos de uno.

–En los embargos aparecen todos los imputados, entre ellos, su defendido, como propietarios de un número importante de inmuebles, cuentas bancarias y vehículos. ¿Cómo explican eso?
Vernengo: –Hay imputados que tienen muchas cuentas, pero fueron abiertas a lo largo de su vida. En el embargo aparecen algunos imputados con veinte cuentas bancarias, pero en realidad tienen solo dos cuentas activas, por ejemplo, así es en el caso de Bilbao. Con el tema de las propiedades, es interesante sacar una cuenta: según la hipótesis de la Fiscalía, el desfalco fue de 2.000 millones de pesos, pero resulta que cuando uno suma, a valor mercado, todas las propiedades e inmuebles embargados a los imputados, no supera los 200 millones de pesos. ¿Y los otros 1.800 millones que le sacaron al Estado dónde están?